La Audiencia de Valencia aboca a juicio el accidente de metro de 2006

La Audiencia Provincial de Valencia, concretamente la Sección Segunda, ordena en un auto hecho público este lunes que se reabra y continúe la investigación del accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006 donde 43 personas perdieron la vida y otras 47 resultaron heridas. La resolución, rubricada por cinco magistrados de la Audiencia provincial, aboca prácticamente a la juez instructora, que archivó el caso por segunda vez en 2017, a abrir juicio oral por uno de los siniestros ferroviarios más graves de España. La Asociación de Víctimas de Metro de Valencia 3 de Julio (AVM-3J) se ha mostrado satisfecha con el auto.

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La causa ha sido archivada en dos ocasiones por el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia pero, en esta ocasión, la Audiencia provincial ha decidido que se tome declaración a los investigados —la entonces gerente del metro valenciano y varios directivos más—, algo que la instructora no había hecho hasta ahora, y se celebre juicio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su cuenta de Twiter. Las víctimas del metro han conseguido reabrir el caso pero hasta ahora nadie se ha sentado en el banquillo por el siniestro mortal. El accidente se saldó sin responsabilidades penales ni políticas.

El Gobierno valenciano y su entonces presidente, Francisco Camps, se emplearon a fondo para enterrar rápidamente la tragedia en 2006. Los familiares de las víctimas y los supervivientes del siniestro emprendieron una lucha que ha durado nueve años con el propósito de que el accidente de metro más grave de España no cayera en el olvido.

El auto de la Audiencia cita ahora varias razones para ordenar que la investigación del caso continúe su curso en contra de la decisión de la juez de sobreseerlo por segunda vez en 2017. Se menciona la posible omisión de la normativa de seguridad por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la insuficiente formación del maquinista que conducía la unidad que descarriló, la ausencia de balizas que limitasen la velocidad en la curva donde se produjo el accidente o la supuesta inacción por parte de la empresa tras haberse producido descarrilamientos anteriores al del 3 de julio de 2006. “En el momento procesal en que se encuentran las actuaciones únicamente cabe sostener que existe más de un indicio de la criminalidad respecto de las personas consideradas como investigadas”, concluyen en el auto.

El juzgado concluyó en el primer sobreseimiento de la investigación, en 2007, que la tragedia se debió a un exceso de velocidad —cuando volcó el convoy iba al doble de la permitida— y no se imputó penalmente al conductor del metro siniestrado porque había fallecido en el accidente.

En el ámbito político, la rápida investigación que las Cortes Valencianas —con mayoría absoluta del PP— emprendieron solo un mes después del suceso concluyó que la velocidad fue la única causa y los empleados de FGV que defendieron esta tesis como único origen recibieron mejoras laborales. Cuando el PP abandonó el Gobierno valenciano en 2015, el nuevo Parlamento repitió la comisión de investigación, esta vez sin cortapisas como sucedió la vez anterior. El dictamen de esa segunda comisión fue inequívoco: el descarrilamiento del convoy de pasajeros era “previsible y evitable” y apuntó a 13 responsables.

Durante casi una década, la Asociación de Víctimas de Metro de Valencia 3 de julio (Avm-3j) se concentró el día 3 de cada mes hasta que consiguieron que sus reivindicaciones —”Queremos saber la verdad de lo que sucedió. Queremos justicia” pedían— fueran atendidas por las instituciones de gobierno valencianas y por los tribunales. Los afectados exigieron que se investigasen otras posibles causas del suceso, tales como el estado del material móvil o de la vía.

La investigación del accidente se ha convertido con el paso del tiempo en una auténtica peripecia. Se archivó por primera vez en 2007, una decisión que confirmó la Audiencia de Valencia en 2008. En enero de 2014, a la vista de nuevas evidencias, la Sección Segunda de la Audiencia ordenó la reapertura del caso, que volvió a sobreseerse en 2017 porque, según la juez, no había responsables penales. La Audiencia no acepta el último archivo de la juez y ordena que complete la investigación.