La fiscalía y la Junta investigan una supuesta agresión sexual a un niño de nueve años en un colegio de Jaén

La Fiscalía de Menores y la Junta de Andalucía investigan una supuesta agresión sexual a un niño de nueve años en un colegio de un pequeño pueblo de la comarca de la Sierra de Cazorla (Jaén). La víctima fue atendida en urgencias del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, donde la exploración pediátrica determinó una violación perpetrada el pasado viernes. La Consejería de Educación expulsó este jueves a cuatro estudiantes del mismo centro educativo, de entre 12 y 14 años, por su presunta implicación en los hechos.

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Tras realizar la exploración al niño de nueve años, el centro hospitalario activó un protocolo contra agresiones sexuales para analizar el caso, que ya investigan la Fiscalía de Menores y la Junta de Andalucía. Según la cadena SER, que adelantó la noticia, no era la primera vez que el menor sufría este tipo de agresiones, aunque esta ocasión ha sido la más grave.

La consejera de Educación, Sonia Gaya, admitió que, de acuerdo con el testimonio recabado de la familia del menor, se trataría de una agresión sexual con penetración perpetrada dentro del colegio, durante el recreo. “Es un hecho grave, gravísimo”, subrayó la consejera, quien apeló a la cautela para garantizar la protección del menor “como derecho fundamental”. Sobre si esta no era la primera agresión que sufría el pequeño, Gaya puntualizó que “el director del centro no tenía conocimiento de ningún tipo” de abusos.

La información de la SER sitúa meses atrás el inicio de estos supuestos abusos cometidos por un grupo de escolares y sostiene que las presiones y amenazas de los autores impidieron que el niño denunciara lo que le ocurría en el colegio o en su entorno. La víctima no acude al centro educativo (en el que estudian 148 alumnos de entre tres y 14 años) desde el pasado lunes como medida preventiva, y su familia pide que se respete su intimidad.

Educación expulsó a cuatro estudiantes de 1º y 2º de enseñanza secundaria de dicho centro por su presunta implicación en la agresión. La consejería justificó la decisión como medida cautelar mientras se aclaran unos hechos en los que ya trabajan conjuntamente la fiscalía y la Guardia Civil. Este cuerpo recibió el informe del centro hospitalario e inició inmediatamente la investigación en colaboración con los servicios sociales. “La Guardia Civil está realizando los informes oportunos y trasladará la información que recabe a la Fiscalía de Menores”, detalló el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

La Delegación de Educación en Jaén mostró su “absoluto rechazo y estupor” por el caso y señaló que ha abierto una investigación a través de la Inspección de Educación “tan pronto tuvo conocimiento de los hechos”. “Un solo caso requiere toda la atención y acción de la administración educativa”, indicó en un comunicado. “Si se detecta o con los informes se llega a la conclusión de que ha habido algún tipo de negligencia, tendremos que actuar con todos los recursos que tenemos en la mano”, dijo la consejera. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reconoció sentirse “horrorizada y conmocionada” por los hechos.

La Oficina del Defensor del Menor en Andalucía, que dirige el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, abrió además una queja de oficio. Para el Defensor, cobran especial importancia aspectos como las medidas de vigilancia que se estaban realizando cuando se produjeron los hechos, la aplicación del protocolo de acoso escolar o las intervenciones que desde el ámbito educativo se vayan a realizar tanto con la víctima como con los presuntos agresores. Una actuación que, en todo caso, se hará en paralelo a la de fiscalía. “Haremos ese seguimiento, porque con los menores de 14 años el fiscal no puede actuar”, subrayó Maeztu.

Por su parte, la ONG de protección a la infancia Save The Children criticó, tras conocer la denuncia, los fallos del sistema de prevención y detección de casos de violencia infantil. “Es totalmente inadmisible que un niño de nueve años esté siendo violado y no existan mecanismos que permitan prevenir y detectar estos abusos ni en el entorno escolar ni en el familiar. El Estado está fallando a estos niños, dejándoles desprotegidos ante agresiones que pueden provocarles daños físicos y psicológicos irreparables”, señaló el director general de la entidad, Andrés Conde.