ERC apela al diálogo con el Gobierno sin comprometerse a acatar la legalidad

La enmienda del Grupo Socialista incidía en la necesidad de elegir “cuanto antes” un presidente de la Generalitat “que pueda legalmente ejercer sus funciones y sea capaz de formar un gobierno estable que, con respeto al marco constitucional y la legalidad y conforme al Estatut d’Autonomia” desarrollara sus competencias para “restablecer urgentemente el Autogobierno y la normalidad institucional”, trabajando para “resolver los problemas y necesidades de todos los catalanes” atendiendo "al desarrollo económico y social de Cataluña”.

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Asimismo, consideraba necesario que, “conforme a los principios de legalidad y lealtad institucional”, ese nuevo Gobierno catalán participara "plenamente en los órganos multilaterales de cooperación con el Estado y el resto de las comunidades e impulsando el funcionamiento de los órganos bilaterales previstos en el Estatut”.

En una defensa de la moción por el diálogo que rayaba el ataque, y ya consciente de que la iniciativa se iba a estrellar, Tardà habló de “violencia” del Gobierno y “abuso de poder”. “Nunca se atrevió el Imperio Británico a aplicar el delito de rebelión a Gandhi, que también luchaba sin violencia por la independencia de la India. De hecho, por su crueldad solo puede compararse a la justicia de la Sudáfrica del apartheid”, atizó en relación a líderes independentistas presos. El diputado acusó al Gobierno es estar instalado en una “espiral represiva y autoritaria” y de preparar “la causa general contra el independentismo”. “Sin diálogo bilateral, en definitiva, solo les quedará intensificar la estrategia represiva”, clamó.

Antes del pleno, en un tono más sereno, Tardà justificó la necesidad de establecer un diálogo bilateral “para alcanzar una resolución democrática” a “una demanda de una parte de la sociedad catalana”, que, admitió, “no está a la vuelta de la esquina pero que se deberá conseguir”. “Aunque el contexto sea difícil, nosotros siempre nos mantendremos firmes en una reivindicación cívica, pacífica y democrática y, además, seremos los campeones de la demanda de diálogo”, defendió.

Tardà insistió en defender la candidatura de Carles Puigdemont “como presidente legítimo” al mismo tiempo que considera que “es imprescindible conformar un gobierno cuanto antes mejor”. Es lo que definió como “cuadrar el círculo”: “Es difícil, pero lo intentaremos”. “Siempre hemos dicho que Puigdemont es el presidente legítimo de Cataluña y que hoy Cataluña necesita un gobierno que gobierne ante el asedio que sufrimos por parte de la Administración española”, confrontó.

La iniciativa fue rechazada por 248 votos contra 90 y una abstención. El PP reprochó a ERC que basara su propuesta de diálogo en la “mala fe” tras incumplir la base del consenso y el diálogo con un “golpe de Estado a la ley y a la democracia”. "Usted no quiere diálogo, quiere que le den la razón en el incumplimiento de la ley”, le recriminó Alicia Sánchez Camacho. En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, rechazó de plano la iniciativa: “Se les ve el plumero”, zanjó.

La interpelación fue apoyada por Unidos Podemos, PDeCAT, PNV, Compromís y Bildu. En su  defensa, el PNV sostuvo que “es hora de que se imponga la lógica del diálogo. Es la única solución para un problema político”, diagnosticó Aitor Esteban, quien afirmó no entender que “al presidente Puigdemont no se le pueda elegir”. T

El pasado 29 de noviembre, a preguntas de En Comú Podem, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya alejó cualquier posibilidad de abrir vías de negociación bilaterales y a un mismo nivel con el Govern resultante de las elecciones del próximo 21 de diciembre. "La legalidad", afirmó entonces, será la única cosa “en común” sobre lo que negociar con el nuevo Ejecutivo catalán.

Decretos ley

En el pleno, el Gobierno, con el apoyo del PSOE, consiguió convalidar del decreto ley que incluye la subida a tres años del salario mínimo interprofesional, que acordó con la patronal y los sindicatos en el marco del diálogo social. El decreto ley, además de la subida del 4% del salario miínimo, supone también la actualización de los ingresos obtenidos a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para 1.830 municipios. La Cámara también convalidó el decreto ley que adapta el derecho español a la legislación Europea en materia de mercados financieros, que ha sido defendido por el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El pleno aprobó, asismismo, la creación de una comisión de investigación relativa al accidente del vuelo JK5022 de Spanair ocurrido en agosto de 2008.