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Prisión permanente revisable

Política penal a golpe de visceralidad

Expertos criminalistas advierten contra el "populismo punitivo" que encierra la prisión permanente revisable

Juan Carlos Quer y Juan José Cortés, este sábado, en Santiago de Compostela
Juan Carlos Quer y Juan José Cortés, este sábado, en Santiago de Compostela EFE

El 7 de julio pasado, España volvió a 1870. Por primera vez en siglo y medio, un reo, el pontevedrés David Oubel, que asesinó a sus dos hijas, de 4 y 9 años, con una motosierra, era condenado a prisión permanente revisable. Esta pena, que se aplica desde 2015 a los autores de asesinatos especialmente execrables, es, según los expertos penalistas, un castigo análogo a la cadena perpetua, que se introdujo por última vez en el Código Penal durante el reinado de Amadeo de Saboya y que fue abolida en 1928, en plena dictadura de Primo de Rivera.

Este tipo de medidas no sirven para reducir la criminalidad de especial brutalidad, y su implantación solo obedece al "populismo punitivo" que "ha llevado al PP a acudir al sistema penal como propaganda electoral", según Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira i Virgili. El Congreso debate una iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable, que considera "vengativa" y contraria al objetivo de reinserción que establece el artículo 25 de la Constitución.

La moción ha coincidido con el hallazgo en Galicia del cadáver de la joven Diana Quer, desaparecida en verano, y la detención de su supuesto asesino, José Enrique Abuín, El Chicle. El padre de la víctima, Juan Carlos Quer, ha conseguido más de 1,5 millones de firmas en Internet contra la derogación, y los partidos de centro derecha, subidos a esa ola de solidaridad, compiten en la exhibición de sus posiciones más duras. Mientras Javier Arenas, del PP, calificaba de "conquista social" la prisión permanente revisable, Ciudadanos, que inicialmente se había abstenido en la proposición del PNV, anunció el miércoles una iniciativa para endurecer el acceso a beneficios penitenciarios de los condenados. "Quien la hace la paga", manifestó en Twitter su líder, Albert Rivera.

España goza de los índices de delincuencia más bajos de Europa Occidental. En 2016, último año del que hay estadísticas, se cometieron menos de 300 homicidios, una tasa de 0,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra "óptima" en términos de política criminal, según José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. Al mismo tiempo, el país tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas, con periodos de estancia media en prisión que duplican o triplican a los de otras democracias del continente.

Pese a que el Código Penal contaba ya con penas que implicaban el cumplimiento efectivo de hasta 40 años de cárcel –aproximadamente la mitad de la esperanza de vida de un hombre en España–, el Gobierno, usando su mayoría absoluta, endureció hace tres años los castigos hasta el extremo. Mariano Rajoy satisfacía la demanda de los familiares de víctimas de crímenes que conmovieron a la sociedad, como la adolescente sevillana Marta del Castillo, la niña Mari Luz de Huelva, o los niños Ruth y José Bretón, asesinados por su padre. Con la prisión permanente revisable, los asesinos de menores de 16 años y personas vulnerables, los violadores que maten a su víctima o los asesinos terroristas deberán cumplir de 25 años a 35 años de cárcel íntegros y, tras este periodo, el tribunal valorará la conveniencia de devolverles la libertad.

"La cadena perpetua se crea 150 años después de su desaparición y cuando España tiene las tasas de criminalidad más bajas de su historia. Vivimos una época en la que políticos tratan de sacar rédito electoral de decisiones político-criminales rigurosas, esto por repetido no deja de ser cierto", constata Díez Ripollés. El catedrático malagueño considera que con periodos tan largos de prisión sin esperanza de recobrar la libertad "se elimina toda motivación de resocialización" para el reo, que de lograr la libertad tras la revisión de su caso, puede "salir psicológicamente destrozado".

La reforma que implantó la prisión permanente revisable está recurrida ante el Tribunal Constitucional. Según el catedrático Quintero, la ley "se formuló de manera contraria a las directrices del Tribunal Europeo de Derechos Humanos" que establece que no se puede dejar a los reclusos sin esperanza de recobrar la libertad. "Si la primera revisión de la situación es tan tardía, casi no hay esperanza" para el reo. En países como Finlandia o Suecia, que cuentan con pena de prisión permanente, la primera revisión se lleva a cabo a los 12 o a los 18 años.

"El derecho penal no está para satisfacer los deseos de las víctimas de venganza o castigo, sino para garantizar un orden social pacífico", recuerda Díez Ripollés. "Las víctimas acuden al lugar equivocado, han padecido delitos muy graves con un trauma emocional importantísimo, han sufrido mucho y la sociedad debe atenderlas con cuidado, pero no a través del derecho penal", afirma el catedrático malagueño, que advierte de la deriva que busca extender la actual prisión permanente revisable a otros delitos de gran alarma social para los que ahora no se contempla, como las agresiones sexuales.

"Intimida la certeza, no la duración de la prisión"

Los expertos penalistas consideran que la prisión tiene un efecto intimidatorio importante que lleva que las personas eviten cometer un delito aunque se sientan tentados a hacerlo. Sin embargo, lo que persuade más a los potenciales delincuentes, y por tanto sirve para bajar las tasas de criminalidad, no es tanto la duración de una posible pena, como la certeza del castigo, la alta probabilidad de ser descubierto y condenado. “En España, en el 98% de los homicidios se captura al culpable; en México y en Honduras, solo en el 2%. La certeza de la pena por el alto nivel de esclarecimiento de los delitos es lo importante, lo que intimida es saber que si la haces la pagas. La dureza no digo que no tenga importancia, pero no es el dato fundamental”, afirma José Luis Díez Ripollés.

El catedrático malagueño apunta incluso que “una decisión general de rebajar las penas no tendría por qué tener efectos negativos” en las tasas de delincuencia. “Asegurado un nivel mínimo de pena, la gente no deja de delinquir porque la pena ya existente pase a ser más grave, en delitos violentos o de terrorismo puedes amenazar con penas más duras pero los van a cometer igual, no pasaría nada si rebajáramos la pena siempre que fuese proporcional al delito, la disuasión sería probablemente similar”, señala.

Su colega Gonzalo Quintero constata que la pequeña delincuencia sí es sensible al endurecimiento de las penas, como se ha demostrado en delitos como pequeño tráfico de drogas o delitos contra la seguridad vial.