La fiscalía pide la absolución del PP en el caso de los ordenadores de Bárcenas

La Fiscalía de Madrid ha solicitado este lunes la absolución del PP como persona jurídica por la destrucción de los discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, que estaban almacenados en la sede nacional, en la calle Génova 13 de Madrid, durante la investigación de la caja b de la formación conservadora. El ministerio público considera que “no se ha acreditado” que el borrado y formateado de los discos duros “haya causado daño grave” ni a Bárcenas, que denunció el caso y luego retiró la acusación, ni a la investigación judicial sobre la financiación ilegal del PP que inició en 2013 el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Por ello, la fiscalía reclama la absolución del partido, de su actual tesorera, Carmen Navarro, del abogado Alberto Durán y del antiguo responsable de informática de la formación José Manuel Moreno Alarcón.

El caso de la destrucción de los discos duros se investigaba en los juzgados ordinarios de Madrid, con sede en la Plaza de Castilla. La única acusación en esta causa es la que llevan a cabo, como acusación popular, Izquierda Unida, las asociaciones de abogados Adade y ALA y el Observatori DESC. La Fiscalía de Madrid, dirigida por José Javier Polo, nunca ha visto delito en el borrado de los discos duros, cuyo contenido, según el juez Ruz, pudo haber servido para la investigación del llamado caso Bárcenas, la pieza separada del caso Gürtel sobre la financiación ilegal del PP nacional.

En su escrito, la fiscalía madrileña considera que tras la instrucción desarrollada por la juez Rosa Freire, “no ha quedado acreditado” ni cuál era la información que contenían los ordenadores de Bárcenas, ni que la información contenida en el pen drive que este aportó a la causa procediera de esas computadoras, ni que la información fuera relevante para la investigación del caso Gürtel. Por ello, sostiene, “procede dictar sentencia absolutoria” respecto a los acusados, tanto personas físicas como jurídicas, que están acusados de daños informáticos y encubrimiento.

La fiscalía recuerda que Bárcenas desistió de ejercer la acción penal por este hecho, lo que conlleva la pérdida de su condición de acusación particular. Por ello, según la llamada doctrina Botín, afirma el ministerio público, las acusaciones populares “carecen de legitimación para pedir la apertura de juicio oral por un delito de daños informáticos, en el que no concurre interés general que proteger”.