¿Será 2018 el año de la disolución de ETA?
Conocedores del proceso de debate entre los reclusos pronostican que el final de la banda llegará en verano
Casi con certeza puede asegurarse que ETA se disolverá en 2018, justo 50 años después de iniciar su carrera de atentados mortales, siete años después del cese definitivo del terrorismo y 59 años después de su nacimiento. Lo ha vaticinado el lehendakari Iñigo Urkullu y lo confirman portavoces del Foro Social, vinculados a los facilitadores internacionales del abogado sudafricano, Brian Currin, conocedores de la opinión de los restos de ETA y de Sare, plataforma de apoyo a los presos etarras, informada de la situación de las cárceles.
Hace un año, David Pla, portavoz del aparato político de ETA, encarcelado en Francia, anunciaba que tras el desarme de ETA, materializado el pasado abril, la banda iba a abrir un debate, en las cárceles y en el exterior, sobre su disolución. Desde el verano están siendo consultados los 302 etarras encarcelados, que representan a la mayoría de ETA; los restos de la banda, unas pocas decenas que se encuentran fuera de España, en la clandestinidad, y algunos exreclusos etarras que jugaron un papel relevante en el pasado.
"El proceso de debate está muy avanzado en ETA, según nos informan los facilitadores internacionales. Recientemente, estos mantuvieron una ronda de contactos con los Gobiernos vasco y navarro y los partidos y fuerzas sociales de Euskadi donde confirmaron lo avanzado del proceso", señala Agus Hernán, portavoz del Foro Social. Hernán se atreve a poner fecha y la fija para finales de este curso político, en el mes de julio.
Joseba Azkarraga, promotor de Sare y conocedor de la situación de los presos etarras, confirma la opinión del Foro Social y sitúa, también, en el verano la disolución de ETA. "Los presos han mantenido un debate profundo y una amplia mayoría apoya la disolución. Creo que la situación está madura". Diversas fuentes señalan que, actualmente, son menos del 10% los presos que se oponen a la disolución. Sus partidarios han necesitado tiempo para vencer las resistencias ya que cerca de la mitad de los reclusos de ETA —los juzgados tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de Aznar— tienen condenas muy altas y un horizonte penal nada esperanzador.
Azkarraga reconoce que el proceso de debate es muy lento. Pero más que a las resistencias lo atribuye a la dispersión de los reclusos. "Están repartidos en 74 cárceles y en esas condiciones es complicada la comunicación. Y lo es más aún si se tiene en cuenta que el 50% de los presos están alejados 1.100 kilómetros de Euskadi y otro 45%, 600".
Un factor decisivo en el proceso de disolución de la banda terrorista es la posición de la izquierda abertzale. "La izquierda abertzale necesita la disolución de ETA porque le genera una hipoteca, le ata al pasado. Además, tiene asumido que la disolución es necesaria para que todos los presos mejoren su situación en las cárceles y para quitarse la presión procedente de los demás partidos y de los medios de comunicación vascos", señalan fuentes del Gobierno vasco.
En cuanto a la modalidad de disolución de ETA, el Foro Social adelanta que la fórmula puede consistir en la "desmovilización", siguiendo los estándares de la ONU. Naciones Unidas aplicó en Namibia, en 1989, por vez primera, la fórmula DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) y ha inspirado, posteriormente, el proceso final de las FARC en Colombia.
El Gobierno vasco ha advertido al Foro Social y a la izquierda abertzale que el proceso final de ETA no es comparable a los de Namibia o las FARC, que estuvieron precedidos de la negociación de unos ejércitos paralelos con sus Gobiernos respectivos mientras que ETA, cuando el cese definitivo del terrorismo, en 2011, sólo contaba con unas pocas decenas de militantes y no negoció nada con el Gobierno. El Ejecutivo vasco ha insistido en que la denominación de la fórmula de disolución elegida por ETA le trae sin cuidado. "La clave radica en que la fórmula sea clara y no deje ninguna duda de la desaparición de ETA", señala Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco.
El Ejecutivo vasco cree necesaria "la contundencia en la disolución de ETA" para que el Gobierno central se implique en la reinserción de los presos de la banda dentro de la legalidad, acercándolos a las cárceles del País Vasco, adaptando la política penitenciaria a una situación de normalidad y terminando con la excepcionalidad, propia de la etapa terrorista superada", señala Fernández. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, lo reiteró el jueves pasado en Vitoria: "La disolución de ETA debe ser clara y rotunda, sin eufemismos. ETA tiene que tener un final inequívoco".
A su vez, el Foro Social, a través de Agus Hernán, asegura que los presos del grupo terrorista están dando pasos en la asunción de la legalidad penitenciaria y la reinserción individual, que el 73,4% del colectivo anunció en agosto. "Algunos presos están pidiendo destinos de trabajo en las cárceles que las autoridades están concediendo mayoritariamente. También están pidiendo cambios de primer a segundo grado, que se están rechazando con el argumento de que los solicitantes son miembros de una banda no disuelta", señala Hernán.
El Gobierno vasco insiste en que si ETA se disuelve facilitará el cambio de la política penitenciaria por parte del Gobierno central, dentro de los parámetros que marca la ley (rechazo del terrorismo por parte de los presos etarras, reconocimiento del daño causado a las víctimas, etc.). "Esto era así hasta octubre en que tras agudizarse la crisis catalana se suspendieron las conversaciones con el Gobierno del PP. No tiene por qué haber cambiado de posición", señala Jonan Fernández.
El terrorismo no preocupa, pero sí sus consecuencias
Tras la declaración del cese definitivo de ETA hace más de seis años y la desaparición de su amenaza, el terrorismo etarra no ha hecho más perder puestos en la lista de las preocupaciones ciudadanas, según coinciden todos los sondeos. Y con la despreocupación, el olvido del pasado, como de modo alarmante reflejan las encuestas realizadas entre jóvenes universitarios vascos.No obstante, las mismas encuestas que señalan que el terrorismo etarra ya no es preocupación ciudadana valoran la importancia de sus consecuencias, como la situación de las víctimas y la reinserción de los presos, elementos clave para la futura convivencia en Euskadi. De hecho, junto con la salida de la crisis económica, es la prioridad del Gobierno vasco.
Un reciente trabajo del Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco señala que un 83% reclama el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y de quienes lucharon contra él. Otro 69% exige a los terroristas que reconozcan su error. Pero un 74% reclama, tras el final del terrorismo, el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas y otro 61% pide a las instituciones que favorezcan la reinserción individual de los presos.
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