2018, un país en el banquillo

No hace falta ser un genio del análisis para vislumbrar que 2018, como los años anteriores, estará marcado por la inestabilidad política y social en Cataluña. En el año que comienza la actualidad catalana –monopolizadora de la española– se repartirá entre dos grandes focos: Barcelona, con las instituciones autonómicas; y Madrid, con el Tribunal Supremo, donde se investiga y se prevé juzgar en los próximos meses por rebelión a los líderes del proceso que desembocó en la declaración de independencia del pasado 27 de octubre. La derivada judicial del procés eclipsará inevitablemente, al menos de forma parcial, a los casos de corrupción, que han marcado la agenda de los tribunales durante la última década. Sin embargo, estos casos tienen la suficiente fuerza para imponerse y depararán más de un sobresalto en los partidos y en las redacciones.

El Tribunal Supremo se ha dado a sí mismo diez meses para dictar sentencia a los políticos, funcionarios y líderes sociales que promovieron la vía unilateral a la independencia de Cataluña, con absoluto desprecio a la Constitución y las leyes. Este plazo parece optimista si se tiene en cuenta que el juez instructor, Pablo Llarena, prácticamente acaba de iniciar la investigación por rebelión, sedición y malversación de fondos contra el anterior Govern liderado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, la antigua mesa del Parlament y los líderes de los partidos y entidades independentistas. La causa, además, tiene visos de ampliarse con la investigación sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre y la actuación pasiva de los Mossos d’Esquadra dirigidos por el ex comisario mayor Josep Lluís Trapero.

De forma paralela, y aunque no es poder judicial, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos planteados por Podemos y por el Parlament por la forma en que el Gobierno ha aplicado el artículo 155 de la Constitución tras la declaración de independencia, y que supuso la destitución –y posterior fuga- de Puigdemont y otros cuatro exconsellers y la disolución de la Cámara autonómica. La intervención de la autonomía por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy durará hasta que el Parlament salido de las urnas del pasado 21 de diciembre elija a un nuevo presidente de la Generalitat. En caso de que los partidos independentistas, que conservan la mayoría absoluta, hagan interpretaciones o reformas imaginativas del Reglamento de la Cámara autonómica para que los políticos huidos o en prisión y que han sido elegidos diputados puedan votar o Puigdemont ser nombrado presidente desde Bélgica, los partidos probablemente recurrirán al Constitucional.

En los próximos días, los tribunales emitirán sentencias que aunque no tienen que ver con el proceso soberanista, sí afectan a dirigentes históricos del nacionalismo catalán por asuntos de corrupción. La Audiencia Nacional emitirá su decisión sobre el caso Pretoria, en el que el secretario de Presidencia de la Generalitat con Jordi Pujol, y Macià Alavedra, exconsejero de Economía, reconocieron que ocultaron al fisco 15 y 3,24 millones de euros respectivamente procedentes de comisiones ilegales por favores urbanísticos durante sus mandatos. Además, a principios de enero se espera que se haga público el fallo sobre el caso Palau sobre el desvío de mordidas a Convergència por adjudicaciones de obras públicas a través del Palau de la Música de Cataluña, presidido por Félix Millet.

Al margen de Cataluña, el Supremo será protagonista por una sentencia que será examinada con lupa: la del caso Nóos, prevista para el primer trimestre. El pasado julio, la fiscalía pidió elevar a 10 años de prisión la pena de seis años y medio que la Audiencia de Baleares impuso a Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, por la trama de desvío de fondos públicos de las administraciones balear y valenciana a sus sociedades. Una sentencia condenatoria con una pena superior a los dos años de cárcel implicaría el ingreso en prisión del cuñado del rey Felipe VI.

El alto tribunal también hará pública otra sentencia de calado político: el del recurso del caso de las tarjetas black de Caja Madrid, en la que 65 exconsejeros y exdirectivos de la entidad, encabezados por Rodrigo Rato y Miguel Blesa, que se suicidó el pasado 19 de julio, fueron condenados a penas de hasta seis años de prisión. El pasado noviembre, el Supremo declaró al fallecido Blesa responsable civil del desfalco de 9,3 millones durante su mandato y ordenó la venta de los bienes que tenía embargados.

El otro gran protagonista de este juicio, Rato, recibirá la sentencia mientras se le sigue investigando en los juzgados ordinarios de Madrid por supuestos delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Además, en 2018 se conocerá previsiblemente la fecha del juicio del caso Bankia, por la falsedad en las cuentas anuales de la entidad sucesora de Caja Madrid para su salida a bolsa en julio de 2011.

Entre las causas de corrupción, la Audiencia Nacional notificará en 2018 la sentencia sobre la trama central del caso Gürtel, que terminó de juzgarse el pasado noviembre. La Sala de lo Penal tiene en sus manos, además del futuro de los líderes de la trama, como Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, el Bigotes, todos ellos en prisión, decidir sobre si el Partido Popular se financiaba con una caja b y sobre los supuestos manejos del extesorero Luis Bárcenas para enriquecerse con fondos que empresarios entregaban bajo cuerda a la formación conservadora.

En enero, la misma Audiencia Nacional comenzará a juzgar la trama de financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana, una de las múltiples ramas del caso Gürtel. En el banquillo se sentarán 20 acusados, entre ellos Ricardo Costa, ex secretario general del partido en esa región y Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat valenciana con Francisco Camps. Los empresarios que dieron donativos opacos para las campañas del partido en aquella época admitieron en bloque la acusación del fiscal a cambio de una rebaja en la condena por delitos electorales y de falsedad documental. La vista oral se desarrollará hasta el mes de abril.

El partido presidido por Mariano Rajoy previsiblemente se sentará este año como persona jurídica en el banquillo de los acusados en un juzgado penal de Madrid por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas durante la investigación de la caja b en la Audiencia Nacional, un juicio en el que la fiscalía ha decidido no ejercer la acusación.

También en el mes de enero, el lunes 9, se reanudará la vista oral del caso de los ERE con la fase de cuestiones previas. Este mes previsiblemente comenzará el interrogatorio de los acusados por el supuesto fraude en las ayudas de la consejería andaluza de Empleo, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán o la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.