La Audiencia Nacional niega información al Congreso sobre la caja b del PP

La Audiencia Nacional ha negado al Congreso de los Diputados el acceso a informes del sumario del caso Bárcenas, sobre la caja b del PP, para que sea utilizada en la comisión parlamentaria sobre la financiación de la formación conservadora. La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia decidió el pasado 22 de noviembre, por mayoría, no entregar a la Cámara Baja diversos documentos –en especial informes policiales y de Hacienda- que esta solicitó. Según el tribunal, los documentos tienen carácter reservado hasta la apertura de juicio oral- algo que todavía no se ha producido- y si se cedieran estos informes, la “presunción de inocencia” de los acusados “podría verse comprometida” por una “investigación paralela no sujeta a las garantías del proceso penal”.

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La resolución cuenta con un voto particular del magistrado progresista José Ricardo de Prada. Este discrepa de la opinión de los otros cuatro miembros de la Sección Segunda: “No existe ninguna razón por la que lo que es accesible a las partes y, legítimamente, por vía de estas, al público en general, quede fuera del acceso de una Comisión de Investigación Parlamentaria”.

El sector mayoritario, en su auto, distingue entre los conceptos de “publicidad” de los procesos judiciales y la difusión de estos. Según ellos, “al socaire de la publicidad no cabe “predicar el acceso indiscriminado a los documentos y actuaciones judiciales que puedan poner en riesgo los derechos que asisten a los sujetos del proceso”.

De Prada rebate también este argumento. Según él, la distinción entre publicidad y difusión "además de carecer de cualquier apoyo jurídico, no es en absoluto aplicable a este caso". El magistrado discrepante considera que remitir los documentos solicitados por la Comisión "no implica ni tiene que implicar la difusión o divulgación indiscriminada de esta".

El juez De Prada considera que sus compañeros de tribunal hacen "un mero cuestionamiento general de la labor de las comisiones de investigación parlamentaria" cuando estas coinciden con asuntos judicializados. "El objeto de una investigación parlamentaria no es en ningún caso determinar responsabiildades penales sino políticas, sobre asuntos de interés general para la ciudadanía, como es un posible caso de corrupción", recuerda el magistrado discrepante. "Las conclusiones a las que se llegue, sean cuales sean, dejan perfectamente incólume el derecho a la presunción de inocencia, no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales", añade.

En el caso de la caja b, recuerda De Prada, "la investigación parlamentaria no se refiere a personas, sino que es relativa a un partido político", que, además no es acusado en el proceso penal de la Audiencia Nacional.

El Juzgado Central de lo Penal, en el mismo sentido, también ha negado al Parlamento el acceso a los informes policiales de la rama valenciana de la Gürtel. Estas resoluciones cuentan con el aval de la Fiscalía.