La Audiencia decreta libertad provisional para el único encarcelado tras la ola de incendios en Galicia

El primero de los dos únicos detenidos tras la oleada de incendios que devastaron Galicia a mediados de octubre abandonará previsiblemente este martes la prisión de Pereiro de Aguiar (Ourense) donde ingresó hace más de un mes por un presunto delito de imprudencia grave, al haber quemado una hectárea de monte arbolado, a escasos metros de varias viviendas y una granja, cuando asaba un chorizo en una barbacoa.

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En contestación al recurso contra el auto de prisión que emitió el juzgado de Xinzo de Limia, la Audiencia de Ourense ha ordenado la puesta en libertad de Miguel Ángel M.N., de 55 años, una vez que deposite la fianza de 2.500 euros que fijó el tribunal, según confirmaron este martes fuentes de su entorno familiar. Además tendrá que comparecer cada quince días en el juzgado.

La juez instructora había decretado su ingreso provisional sin fianza el pasado 19 de octubre al imputarle un presunto delito de incendio forestal de especial gravedad y considerar que el hombre, que tiene antecedentes por quema de rastrojos, puso en riesgo a los habitantes de la zona, potenciando la propagación del fuego desde una finca limítrofe entre el Ayuntamiento de Xinzo de Limia y el de Os Blancos.

La familia de Miguel Ángel, trabajador de los juzgados de Vigo y vinculado a movimientos ecologistas que le apoyaron públicamente, ha denunciado que “lo trataron como si fuese un terrorista” y que “ha sido víctima de la presión política y policial que se vivió aquellos días”.

“Lo importante no es que estuviera asando un chorizo, sino haber metido en la cárcel a una persona, casi cuarenta días, sin saber muy bien porqué y sin posibilidades de defenderse”, ha afirmado un portavoz de la familia. “Ahora habrá un juicio y entonces tendrá derecho a una defensa y dar su versión, porque hasta ahora no lo ha tenido”, ha añadido.

Los hechos ocurrieron el domingo 15 de octubre, a la una de la tarde, en plena vorágine de incendios en esta provincia, cuando el detenido prendió fuego a una finca familiar situada a escasos trescientos metros de varias viviendas y muy próxima a una granja, según el atestado policial. Para sofocar el fuego provocado por el detenido fue necesaria la intervención de dos brigadas y sendos camiones motobomba. Según el auto de la juez, la actuación de Miguel Ángel está tipificada en el Código Penal con penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses”, además de los gastos generados por la intervención de las brigadas contra incendios.

Además de un delito de incendio forestal, la magistrada también podría imputarle otro de resistencia a la autoridad después de que el detenido forcejeara con los agentes cuando estos le arrestaron tres días después en Vigo, donde reside, y pasase la noche en el cuartel de la Guardia Civil de Ourense.

Si la investigación del Seprona constata que el incendio provocado por el detenido puso en riesgo la vida o integridad física de lo habitantes más próximos, unos diez aproximadamente, la pena contemplada podría ser incluso mayor, al producirse en un momento en que las condiciones climatológicas y del terreno potenciaron la posibilidad de propagación a otras zonas. Además del movimiento ecologista, la junta de personal de la Administración de Justicia también se había solidarizado con el detenido y exigió que no fuese considerado “un chivo expiatorio” por la pésima política contra incendios de la Xunta.

Su arresto coincidió con la macroinvestigación abierta para determinar el origen de los fuegos y confirmar las sospechas de que pudo haber existido una acción planificada de grupos organizados de incendiarios, sobre todo en la provincia de Pontevedra. De ahí que la Fiscalía del Tribunal Superior de Galicia abriera un día antes una investigación de oficio para intentar despejar esta hipótesis.