ETA. Falta su disolución

Seis años después del cese definitivo de ETA, la banda terrorista tiene aún pendiente su disolución. Desarmada unilateralmente el pasado abril, acompañada de un montaje escénico en el sur de Francia, abrió el debate interno sobre su disolución inmediatamente después con la expectativa de culminarlo antes de finalizar este año. Sin embargo, las dificultades de comunicación entre los restos de ETA —los que están fuera de España y los encarcelados— así como la preparación de su escenografía han aplazado al primer trimestre del año esa resolución.

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ETA ha barajado tres opciones: proseguir como organización sociopolítica desarmada; su disolución paulatina sin comunicarlo públicamente y la disolución comunicada. Prácticamente desde un principio descartó proseguir como organización sociopolítica. En ese descarte ha desempeñado un papel clave la izquierda abertzale que ha hecho valer su opinión frente a ETA, a diferencia de lo que sucedía en el pasado. A la izquierda abertzale no le interesa la continuidad de ETA como organización sociopolítica porque cada vez que opina remueve un pasado que quiere olvidar, además de suscitar otros problemas peliagudos como quién ejercería de portavoz o cuáles serían los estatutos de la antigua banda terrorista.

El auge independentista en Cataluña en los últimos cinco años, en el que la izquierda abertzale se mira, agudiza aún más el problema que le plantea la presencia de ETA. Su líder, Arnaldo Otegi, lo reconocía hace unos días: "El actual proceso soberanista catalán no hubiera sido posible en un contexto en el que ETA hubiera seguido empleando las armas en el País Vasco". Y ETA, en su último comunicado, el mes pasado, admitía: "Somos conscientes de que en el ciclo político que viene nuestra organización no será un agente principal".

El debate interno se ha centrado, por tanto, entre la disolución paulatina y la comunicada. Finalmente, se está imponiendo la "desmovilización", siguiendo una fórmula internacional, avalada por Naciones Unidas: Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). Según la izquierda abertzale, tras el desarme se producirá la desmovilización, que es una "disolución de facto". La ONU aplicó esta fórmula, por vez primera, en Namibia en 1989, y en tiempos recientes ha inspirado el proceso final de las FARC en Colombia.

ETA es proclive a inspirarse en fórmulas internacionales que no le han funcionado, señalan fuentes del Gobierno vasco. Tanto su cese definitivo como su desarme no fueron fruto de una negociación con el Gobierno central apoyada por una mediación internacional, como sí lo fueron en el caso del IRA o de las FARC, que establecieron con sus Gobiernos las condiciones de su final: la situación de las víctimas, de los presos y la convivencia.

ETA, tras perder mucho tiempo a la espera de escenificar un final concertado con el Gobierno sin encontrar respuesta, tuvo que concluir con el terrorismo y desarmarse unilateralmente porque, a diferencia de las FARC o el IRA, terminó muy debilitada. El jefe de Información de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Martín Alonso, señaló hace seis años, cuando ETA declaró su cese, que tenía mil militantes el año 2000 —tras la tregua de 1998-99— y se habían reducido a pocas decenas en su final, en octubre de 2011.

El Gobierno vasco teme que la fórmula de la "desmovilización" que ETA plantea no la asuma el Ejecutivo del PP. A la izquierda abertzale le ha trasladado que la disolución de ETA debe ser "clara" y en estos términos: "Unilateral" —sin contrapartidas—, "eficaz" —que no ofrezca dudas— y "definitiva", es decir, de carácter irreversible. Solo así conseguirán que "el Gobierno central la asuma".

ETA, según fuentes de la izquierda abertzale, pretende mantener el término "desmovilización", aunque no satisfaga al Gobierno central, porque es escéptica sobre que el Ejecutivo asuma su disolución sea cual sea la fórmula que adopte. La declaración de desmovilización de ETA será "unilateral, como lo fue el desarme, y tratará de tener acompañamiento internacional", añaden estas fuentes.

Sin embargo, al Ejecutivo vasco le parece "clave" que el Gobierno, que tiene la competencia en política penitenciaria, asuma la disolución de ETA, porque ha impuesto esa condición para avanzar en la reintegración social de sus 300 presos y para ello la banda tiene que facilitarlo. "Si el Gobierno central no asume la disolución de ETA no habrá acercamientos de presos a las cárceles vascas ni se flexibilizará la política penitenciaria de sus presos. Esta situación obstaculiza la convivencia al haber transcurrido seis años del cese definitivo. ETA tendrá que hacer un esfuerzo de claridad", señalan fuentes del Gobierno vasco.