La Fiesta Nacional se convierte en un clamor por la Constitución

A la espera de que la Generalitat emita su respuesta al ultimátum del Gobierno, que vence el próximo lunes, los actos del Día de la Fiesta Nacional se convirtieron ayer en un cauce de respaldo al Rey y al marco de orden y convivencia que instauró la Constitución de 1978. Miles de ciudadanos —muchos más que otros años, gracias a un recorrido que fue ampliado—asistieron al desfile de las Fuerzas Armadas. Líderes políticos, expresidentes y exministros, representantes de altas instituciones del Estado, empresarios y otros representantes sociales se conjuraron para estar presentes en la tradicional recepción del Palacio Real, que juntó a casi 1.500 invitados. Faltaron los principales dirigentes de Podemos y los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos.

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Los invitados a la recepción en el Palacio Real llegaron cargados de preguntas y sin respuestas. Sobrevolaba en los distintos salones una mezcla de alivio, inquietud, pesimismo y la convicción de que este año era necesario cancelar cualquier otro compromiso y acudir al acto para mostrar su respaldo a Felipe VI y al orden constitucional que simboliza. Alivio porque, por primera vez desde que la crisis catalana aceleró su gravedad, tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, “la iniciativa la lleva este lado”, como expresó un exministro de los Gobiernos de Felipe González. Inquietud, porque nadie era capaz de vaticinar si finalmente se aplicaría el artículo 155, con qué objetivo concreto se aplicaría o qué reacción podría desatar en el independentismo catalán. No estaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy para dar respuestas. Abandonó la recepción junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, después de saludar a los Reyes. Ambos se desplazaron a la base aérea de Los Llanos, en Albacete, donde falleció en accidente un piloto de un caza que había participado en el desfile militar. Otros miembros del Gobierno explicaban, en los corrillos con los periodistas, que el 155 no era inevitable. Si el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondiera el próximo lunes al requerimiento que se le ha enviado con una clara afirmación de que no declaró la independencia el pasado martes, indicaban, se volvería a un escenario previo. Concretamente, a la situación anterior a los días 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlament aprobó las leyes del referéndum y de transitoriedad inmediatamente suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Solo el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, evitaba margen alguno a la duda. Dio por hecho que “sí ha habido declaración de independencia” y que ya se había activado, en la práctica, el artículo 155 de la Constitución. Rivera abogó de nuevo, como la solución más apropiada, por unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña.

26 ministros de los Gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero —ambos presentes en las celebraciones— se habían conjurado para no faltar a la cita. Alfonso Guerra, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rosa Conde, Carlos Solchaga, Trinidad Jiménez, o Miguel Ángel Moratinos, Virgilio Zapatero o Fernando Ledesma, entre otros. La estrella, sin embargo, era Josep Borrell, que recibió felicitaciones y agradecimientos por sus palabras contra el independentismo en la manifestación convocada por Societat Civil Catalana el pasado domingo, en Barcelona.

El expresidente González se mostró partidario de la activación del artículo 155 para “recuperar la Constitución, el Estatut y los derechos de todos los españoles, empezando por los catalanes”. Rodríguez Zapatero, por su parte, calificó de “inteligente” la reacción política al último movimiento del president de la Generalitat y mostró su confianza en que no sea necesaria la intervención de la comunidad autónoma. Pero advirtió de que este es un conflicto que va a durar tiempo y habrá que acostumbrase a vivir con él.

El PSOE, en la solución

Varios de los exministros socialistas celebraban, a pesar de sus muchas dudas ante el futuro inmediato, que el PSOE haya sido parte fundamental del principio de una posible solución, al conocerse el pacto cerrado entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para apoyarse en la posible aplicación del 155, pero también en acordar una futura reforma constitucional. Un acuerdo que “traslada mucha tranquilidad y estabilidad a la ciudadanía”, explicaba el propio Sánchez durante la recepción. El líder socialista insistió en señalar que solo Puigdemont tiene en sus manos evitar que la comunidad autónoma sea intervenida, si el lunes da una respuesta clara al requerimiento del Gobierno. Y si finalmente se recondujera la situación, sugirió Sánchez, la consecuencia inmediata debería ser unas elecciones autonómicas anticipadas que convocara la propia Generalitat.

El Rey dedicó tiempo a atender a los numerosos invitados, y recibió de muchos de ellos su felicitación por el discurso que dirigió a los españoles en la noche del 4 de octubre. Fuentes de la Casa del Rey se han esforzado en los días posteriores en explicar que el tono duro de esas palabras obedecía a que no había otra alternativa: era obligación del jefe del Estado llamar a los poderes legítimos a restaurar el orden constitucional en Cataluña. Cualquier señal de arbitrio o moderación no se hubiera entendido, han explicado.