El crimen de Cala Cortina: cuando los policías se convierten en homicidas

Cinco agentes de la Policía Nacional de Cartagena han sido condenados este viernes a cuatro años de prisión cada uno de ellos y otros cuatro de inhabilitación tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular. Reconocen que llevaron a un hombre contra su voluntad a una cala apartada del municipio y que no hicieron nada para evitar su muerte en una serie de acontecimientos que bien podrían componer el guion de un thriller.

Los hechos se remontan al 11 de marzo de 2014, cuando Diego Pérez llamó en dos ocasiones a la Policía Nacional para denunciar que unos vecinos, a los que había robado una bicicleta, le estaban amenazando de muerte. Residente en un barrio marginal de Cartagena (Las Seiscientas), con problemas de esquizofrenia y drogodependencia y habitual en el mundo del menudeo, Pérez era conocido por vecinos y agentes, pero nadie supo de su paradero hasta quince días después de esos avisos, cuando su cadáver apareció flotando en Cala Cortina, una playa a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Cartagena.

La investigación se centró en un primer momento en los vecinos que supuestamente amenazaban a Pérez, pero un testigo protegido dio un vuelco al caso: había visto llegar hasta su vivienda tres coches de policía, bajarse a los agentes, propinar un golpe a Diego y obligarle a montar en uno de los vehículos para llevárselo del lugar.

Seis cámaras de tráfico grabaron el recorrido de los coches patrulla hasta la playa. La policía portuaria también vio a los agentes, incluso les preguntó por su presencia en la zona a tan altas horas de la madrugada (en torno a las 5:00), recibiendo respuestas evasivas.

Seis agentes fueron detenidos el 6 de octubre de 2014 acusados de homicidio y detención ilegal por sus propios compañeros del cuerpo, aunque para entonces ya sabían que estaban siendo investigados y que había micrófonos en sus coches patrulla: un sindicato policial descubrió los micrófonos y lo denunció unos meses antes. Tal vez por ese motivo, sus versiones ante el juez fueron idénticas: sí acudieron al domicilio de Pérez. Sí lo trasladaron a Cala Cortina saltándose todos los protocolos oficiales y en una negligente actuación policial de la que no habían informado previamente para no ser expedientados.

Pero no, no se llevaron al hombre contra su voluntad, sino que subió al coche policial por iniciativa propia. Nunca lo golpearon, ni siquiera lo tocaron. Él mismo se hirió al salir corriendo del coche, ya en la playa, y luego le perdieron de vista. Debió de ahogarse en el mar.

La autopsia del cadáver, sin embargo, apuntaba en otra dirección: Pérez falleció fuera del agua tras recibir numerosos golpes en la cabeza. Presentaba múltiples fracturas en las vértebras cervicales. El 8 de octubre, se decretó el ingreso en prisión de los seis agentes, donde cinco de ellos permanecieron hasta diciembre de 2015, cuando el juez estimó que el riesgo de destrucción de pruebas ya era mínimo. El sexto no llegó a salir de la cárcel: falleció durante su arresto a consecuencia de una pancreatitis en octubre de ese mismo año.

El inicio del juicio oral contra los cinco funcionarios estaba previsto para este 4 de octubre, sin embargo, el instructor ha adelantado a este viernes la vista tras el acuerdo alcanzado por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa. Los agentes han aceptado respectivas penas de cuatro años de prisión, dos años por un delito de detención ilegal y otros dos por homicidio imprudente. Las penas impuestas incluyen también dos años de inhabilitación absoluta por el primero de los delitos, y otros dos de inhabilitación especial por el segundo. Además, tendrán que indemnizar de manera conjunta y solidaria a la hija de la víctima con 200.000 euros, y con 50.000 euros a cada uno de sus cinco hermanos.

El acuerdo se basa en el reconocimiento de los agentes de que se llevaron a Pérez a la playa en contra de su voluntad, pero no lo mataron, sino que no adoptaron las medidas necesarias para evitar su fallecimiento, que se habría producido de manera accidental.

Antes de alcanzar este acuerdo, la Fiscalía solicitaba 20 años de prisión para cada uno de los agentes por homicidio y detención ilegal, mientras que la acusación particular elevaba a 24 años la petición de condena, en ese caso por asesinato y detención ilegal.