Interior envía a Barcelona el único camión antidisturbios de la policía

El único camión con cañón para lanzar chorros de agua a presión que tiene la Policía ya está en Barcelona. En concreto, en la Zona Franca del puerto, donde el Ministerio del Interior ha concentrado el grueso de los efectivos antidisturbios y aparcado los vehículos policiales junto a los célebres barcos cruceros donde duermen los agentes. Así lo han confirmado a EL PAÍS fuentes del Ministerio del Interior que, sin embargo, aseguran que su traslado desde Madrid es una “decisión técnica” y que su utilización para hacer frente a altercados no se contempla “en ninguno de escenarios previstos”.

De tener que entrar en acción, sería la primera vez desde su adquisición, hace casi tres años, que este vehículo, conocido entre los propios agentes como camión-botijo, se emplea. Hasta ahora sólo se había utilizado de “forma preventiva” en grandes concentraciones de personas, como la última final de la Copa del Rey, celebrada en Madrid el pasado mes de mayo. Hasta ahora, nunca ha lanzado un chorro de agua. Interior gastó cerca de 350.000 en su adquisición en 2014.

La polémica sobre el camión-botijo arrancó en diciembre de 2013. Pese a que las propias cifras del Gobierno detallaban entonces que solo en el 0,1% de ellas se requirió la intervención de los antidisturbios; Interior anunció la licitación para comprar el vehículo. Esta decisión se difundía poco después de dar a conocer la primera versión de la criticada Ley de Seguridad Ciudadana. El ministerio, encabezado entonces por Jorge Fernández Díaz, justificó la compra en el pliego de condiciones del concurso por la conveniencia de dotar a las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos popularmente como antidisturbios) de "medios materiales que, debido a la actual dinámica social y en caso de tener que restablecer el orden público, se pueda realizar de la forma menos lesiva posible". El documento calificaba este tipo de vehículos como "ideal para acometer el control de masas". El concurso preveía un gasto de hasta 500.000 euros, pero finalmente se adjudicó en mayo de 2014 por 348.480 euros, IVA incluido.

De su fabricación se encargó una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la española Quatripole Ingeniería SL, especializada en la fabricación de material de Defensa, y Beit Alpha Teconologies Ltd, una compañía israelí que en su página web presume de fabricar este tipo de ingenios para cuerpos policiales de una treintena de países. Entre las características del "camión transformado y carrozado" destaca su capacidad para almacenar 7.000 litros y lanzarla a través de un cañón a una presión de entre 10 y 16 bares, más que suficiente para derribar a la persona sobre la que impacte. El vehículo tiene también un segundo depósito de entre 30 y 60 litros para añadir "colorantes" con los que teñir el agua y así manchar la ropa de aquellos manifestantes más violentos para 'marcarlos' y proceder posteriormente a su arresto.

El 12 de diciembre de ese año, el vehículo fue entregado a la Dirección General de la Policía que, ese mismo día, dio de alta su seguro. Cinco días más tarde, el camión llegaba a la Jefatura de la Unidad de Intervención Policía (UIP, los conocidos como antidisturbios) listo para ser utilizado. Tras las pruebas y el adiestramiento de los agentes para su uso, el camión estuvo a punto de ser utilizado pocos meses después de su adquisición. En concreto, el 21 de marzo de 2015, coincidiendo con la convocatoria de las llamadas Marchas de la Dignidad que iban a confluir ese día en Madrid. Aquella jornada se llenó su depósito de agua y se alertó a un subgrupo de las UIP para que estuviera listo para escoltarlo ante la posibilidad de que fuera necesario utilizarlo. Sin embargo, aunque se produjeron incidentes (hubo 17 detenidos), no fue finalmente movilizado. El principal motivo fue que los altercados se registraron en calles estrechas del centro de la capital donde, según destacan fuentes policiales, "el camión-botijo es un estorbo".

Pese a ello, el camión aterrizó en Interior con el beneplácito del actual Director Adjunto Operativo (DAO) de la policía, Florentino Villabona, entonces comisario general de Seguridad Ciudadana y, por tanto, máximo responsable de los antidisturbios. "Un vehículo de este tipo es necesario. No es un capricho nuestro", aseguró en aquel momento a EL PAÍS. "Se usará fundamentalmente contra las barricadas. Sobre todo, contra las barricadas incendiadas, a las que es arriesgado que lleguen los bomberos. De esta forma, podremos desmontarlas en poco tiempo". Más allá de la teoría, nunca se ha usado hasta ahora en la práctica.

Según recogía una pregunta parlamentaria presentada recientemente por el grupo socialista, el camión "durmió la mayor parte de su vida arrumbado en Valencia” y ni siquiera se usó en Galicia cuando se le movilizó para estar listo para actuar durante la llamada guerra de la leche. Tampoco intervino el pasado mes de febrero, cuando se decidió reforzar la seguridad en los alrededores del puerto de Algeciras con ocasión del conflicto de estibadores. La última ocasión de la que se tiene conocimiento de que fuera desplazado fue, recientemente, a la frontera de Ceuta. Interior reconoció que lo había llevado a la ciudad autónoma para probar si podía usarlo allí en la contención de avalanchas de inmigrantes en la frontera con Marruecos, pero concluyo que no era "apropiado debido a la geografía del terreno". Eso sí, en su respuesta, el Gobierno admitió que el coste de dicho traslado fue de 4.199,72 euros.