Lo que la banda debe decir con claridad

En febrero, pocas semanas antes del desarme de ETA, David Pla, último jefe de su rama política, anunciaba, desde la cárcel en Francia, la apertura de un debate interno sobre el futuro de la banda terrorista. Ayer, tras medio año de silencio y olvido, en el que asuntos de mucho mayor calado han acaparado la actualidad, como el conflicto secesionista catalán, un comunicado de ETA recordaba la existencia del debate. El comunicado no aclara su fecha de culminación, aunque parece que será en el primer trimestre de 2018.

Tampoco aclara en qué términos se producirá la disolución de ETA, reclamada unánimemente por todo el espectro político. Lo que se conoce extraoficialmente es que lo que queda de ETA —unas decenas de miembros en Francia y la inmensa mayoría en la cárcel— pretende seguir como referente de disolución el modelo de las FARC, basado, a su vez, en el método de resolución de conflictos conocido como DDR (desarme, desmovilización y reintegración), avalado por la ONU.

Esto es que una vez culminado el desarme en abril, ETA debate ahora su segunda fase, su “desmovilización”. Por lo que se conoce, la mayoría se inclinaría por una fórmula tan genérica como declarar la sigla ETA “inactiva”. También, como sucedió con el desarme, ETA utiliza unos referentes inadecuados como las FARC y el IRA. En ambos casos, su proceso final estuvo pactado con sus Gobiernos respectivos, tras una negociación bilateral, en la que los términos del desarme y disolución quedaron claros.

Sin embargo, el proceso final de ETA, tras la ruptura de las conversaciones con el Gobierno de Zapatero, en junio de 2007, fue unilateral y al no existir negociación con el Ejecutivo los términos de la disolución no están definidos y al no estarlos se le exige a ETA claridad.

Asimismo, en la negociación bilateral del IRA y las FARC con sus gobiernos, se abordó la cuestión de las víctimas y los presos y quienes aceptaron el proceso —la inmensa mayoría— quedaron en libertad. En el caso de ETA, al ser un proceso no negociado, los presos —algo más de 300— permanecen en la cárcel. Tienen que cumplir su condena, aunque pueden aliviar su situación con un acercamiento a las cárceles vascas y acortar su estancia si se acogen a la legalidad penitenciaria. Pero el Gobierno del PP, que tiene las llaves de las cárceles, ha puesto como condición previa su disolución. Por eso, a ETA, más que pretender un absurdo final épico —con referencias a la ONU, las FARC o el IRA—, le valdría mejor no dejar sombra de duda y decir con claridad que se ha disuelto. Será lo mejor para todos y para sus presos.