El debate territorialAnálisis
i

La nada en el peor momento

La propuesta para modernizar el Estado autonómico puede ser tan bienintencionada e inane como contraproducente

Solo el Partido Socialista se ha tomado en serio en los últimos años la necesidad urgente de dar una respuesta al problema territorial de España. En 2013, con el impulso de Alfredo Pérez Rubalcaba y el respaldo de todos los líderes territoriales del partido, se firmó la Declaración de Granada. Era un texto medido en sus palabras que analizaba las lagunas del Estado de las Autonomías que puso en pie la Constitución de 1978, generoso en el reparto de competencias, centralista en la gestión de los recursos, vago en la distribución de responsabilidades e incapaz de instaurar un principio fundamental para que el invento funcionara: la lealtad interterritorial y de las comunidades con el Gobierno central. Se apostó por avanzar hacia un Estado Federal con mejor diseño, a través de una reforma constitucional, y se sobrentendió que —para evitar errores pasados— era necesario embarcar en esa aventura a los dos principales partidos de España, el PP y el PSOE.

La nueva dirección de Pedro Sánchez asumió la Declaración de Granada, y quiso ampliar sus ambiciones con un nuevo texto, consensuado esta vez entre la Ejecutiva Federal del partido y su socio catalán, el PSC: la Declaración de Barcelona. Era un modo de premiar el apoyo, nunca explícito pero evidente, de los socialistas de esa comunidad a la candidatura de Sánchez. Se comenzó a hablar abiertamente de la “realidad nacional” de Cataluña y de la “plurinacionalidad” de España, y se atendieron algunas de las demandas sostenidas en el tiempo por la Generalitat, especialmente la mejora de su financiación. El consenso logrado en Granada se perdió en Barcelona. Como ha contado EL PAÍS, hay casi tantas versiones de lo que es una nación como líderes territoriales tiene el partido. “Todas las naciones son España”, dijo ayer Sánchez en una frase de laboratorio que difícilmente servirá para zanjar la discusión. En cualquier caso, es de justicia reconocer que —aunque algunos dentro del PSOE la vean como un retroceso—la declaración de Barcelona es una propuesta articulada en medio de las declaraciones de brocha gorda.

En política, como en general en casi todo, tan importante como el acierto en las propuestas es el momento en que se formulan. A menos de un mes de que la Generalitat y las fuerzas independentistas lancen —si finalmente ocurre— el mayor desafío al orden constitucional español de las últimas décadas, proponer una comisión parlamentaria de estudio para “el diálogo, la evaluación y la modernización del Estado autonómico” puede ser tan bienintencionado e inane como contraproducente. En primer lugar, porque los independentistas ya no están interesados en el “autonomismo”; en segundo, porque parece sugerir que el problema urgente es otro; en tercero, porque difícilmente se sumarán a la propuesta antes del 1 de octubre el PP o Ciudadanos, y se debilitará una necesaria imagen de unidad en el peor momento posible.

Archivado En:

Te puede interesar

Lo más visto en...

Top 50