Juana Rivas dice por carta que sus hijos peligran por “errores judiciales”

“Estoy huida, pero no siento que esté haciendo nada fuera de la ley”. Juana Rivas, la granadina escondida con sus hijos desde el 26 de julio, considera en una carta difundida ayer por su entorno que se han producido “errores judiciales” que han puesto a sus hijos “en peligro”. La denuncia por malos tratos que presentó contra su expareja en 2016 acaba de ser traducida para ser remitida a Italia, el país que reclama que los niños vuelvan con su padre, con respaldo de sentencia firme también en España.

Dos tribunales españoles —el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial de Granada— han sentenciado que Rivas debe devolver a sus hijos a su padre, el italiano Francesco Arcuri, condenado por maltrato en 2009. Los jueces se amparan en el convenio de La Haya, de 1980, sobre sustracción internacional de menores. Los abogados de Rivas han pedido amparo al Tribunal Constitucional, del que esperan un pronunciamiento en los próximos días. Distintos colectivos convocaron concentraciones frente a sedes judiciales de 16 ciudades con el lema “los hijos de Juana en peligro”.

En mayo de 2016, Rivas viajó con sus hijos, que hoy tienen 11 y 3 años, del municipio italiano de Carloforte, donde residían todos con Arcuri, a España. Dijo que iba de vacaciones a ver a su familia en Maracena (Granada) pero ya no volvió. Por estos hechos, y por no devolverlos el 26 de julio, está siendo investigada por la vía penal por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y otro de retención ilícita de menores.

El padre de los niños, que denunció la sustracción internacional de sus hijos y aguarda estos días en Granada para llevárselos, sostiene que su expareja se marchó “por capricho” y niega que le haya pegado “jamás” a ella o que haya maltratado a sus hijos. Rivas y su entorno intentan demostrar que huyó hace más de un año porque durante los tres años que convivieron en Carloforte fue “insultada, vejada y agredida” por su expareja, según la denuncia que presentó en la Guardia Civil en julio de 2016. Arcuri fue condenado en 2009 por “lesiones en el ámbito familiar” a tres meses de prisión y a una orden de alejamiento de ella de un año y tres meses. Es una condena cumplida y cancelada desde 2011.

Pero Rivas volvió a denunciarle en julio de 2016, dos meses después de llegar a España. La titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer 2 de Granada le respondió entonces que la denuncia relataba hechos ocurridos fuera de su jurisdicción y que debían ser denunciados en Italia. En marzo de 2017, la Fiscalía General del Estado respondió a una queja de la responsable del centro de la Mujer de Maracena, Paqui Granados, para que la denuncia se enviara traducida a Italia. Y el juzgado pidió el 15 de marzo, con carácter “urgente”, su traducción a una empresa de Las Rozas (Madrid). Volvió a requerirlo en julio. Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el texto ya traducido se remitió este 8 de agosto al Ministerio de Justicia español para que lo traslade a su homólogo italiano. En Italia, según las mismas fuentes, es la fiscalía la encargada de instruir o no diligencias por estos hechos.

Trámites burocráticos

Los asesores de Juana Rivas han reiterado que es un error judicial que no se tradujera ni se remitiera antes esta denuncia. “He reclamado con varios oficios que se tradujera antes, pero la explicación que se me ha dado es que no depende del juzgado, sino de la empresa traductora”, explica María Castillo, abogada de oficio de Rivas. Una portavoz del TSJA confirma esa versión y señala que cinco meses son un plazo “normal” para este tipo de trámites burocráticos. “Si la denuncia hubiese llegado antes a Italia, las diligencias ya estarían encaminadas”, añade Castillo.

La carta tilda de “chapuza” el trabajo de la psicóloga de familia que atendió a los menores porque “no estaba preparada para trabajar con niños que han sufrido maltrato”. El informe de esta psicóloga, que tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial consideran válido, señalaba una “vinculación afectiva y segura del menor con ambos progenitores”. El Ayuntamiento de Maracena, que incluyó al mayor en un programa de atención psicológica a hijos de víctimas, emitió otro informe en el que señala que “manifiesta que no quiere ir con su padre y que ha narrado episodios de malos tratos”.