El PP presenta la moción de censura que le permitirá recuperar la Alcaldía de Marbella
Los populares desbancarán al socialista José Bernal gracias al apoyo del partido Opción Sampedreña
Marbella cambiará de color político el próximo 29 de agosto. Un pleno extraordinario debatirá y votará ese día la moción de censura presentada este lunes por el PP junto al partido local Opción Sampedreña (OSP), una operación política que permitirá a los populares recuperar la Alcaldía de la ciudad y desbancar al alcalde socialista, José Bernal, que gobierna un tripartito sostenido por la marca local de Podemos (Costa del Sol Sí Puede). El PP tiene 13 concejales y el apoyo de los dos ediles del grupo de independientes permitirá al previsible nuevo gobierno municipal gestionar el municipio con mayoría absoluta.
La candidata a alcaldesa es la senadora popular Ángeles Muñoz, que ya tuvo el bastón de mando de Marbella tras ganar los comicios de 2007 y 2011. El PP se quedó a un concejal de la mayoría absoluta en las elecciones de 2015 y, frente a esta opción, se conformó un tripartito (PSOE, IU y OSP) que rige el municipio con el apoyo de Costa del Sol Sí Puede. Hasta ahora. “Se ha hecho con absoluta legitimidad y, también, con el convencimiento y la responsabilidad que da tomar una decisión de este tipo”, ha dicho Muñoz, en rueda de prensa, poco después de registrar la moción de censura en el Ayuntamiento. Ha justificado este paso en la necesidad de dar “estabilidad” al municipio hasta 2019.
La posibilidad de que Marbella viviera otra moción de censura en agosto, como pasó en 2003 cuando Julián Muñoz fue desalojado de la Alcaldía, saltó por sorpresa el viernes pasado por la noche, cuando los dos concejales de OSP, Manuel Osorio y Rafael Piña, anunciaron que abandonaban el tripartito y que se ofrecían al PP para impulsar un cambio político en la ciudad. La acción se ha materializado en poco más de 48 horas. Los populares han cortejado a los independientes de San Pedro desde los comicios de 2015 y hace pocas semanas volvieron a tender la mano a este grupo para intentar impulsar una moción de censura en Marbella (140.744 habitantes).
El anuncio de OSP fue inesperado porque el pasado 1 de agosto, sus dos concejales confirmaron su intención de seguir formando parte del tripartito que lidera el PSOE. El cambio de opinión en tan pocos días, según su versión, se debió a un par de decisiones contrarias a sus intereses de la marca local de Podemos, a quienes consideran “un lastre” para gobernar el municipio.
OSP es un grupo que pretende más autonomía para el núcleo de San Pedro Alcántara, el más poblado de Marbella. Precisamente, el acuerdo alcanzado con el PP incluye un reglamento de distritos, para avanzar en la descentralización de competencias, y la concesión a San Pedro de 18 millones de euros en el Presupuesto de 2018, aproximadamente un 30% de las partidas de las futuras cuentas. Esto, para el grupo de independientes, justifica la moción de censura. “Es un plato que nos comemos que no nos gusta, pero que no nos ha quedado más remedio que comernos”, ha subrayado Osorio sobre su alianza con los populares.
Archivado el caso por supuesta falsedad en la tramitación del PGOU
Ángeles Muñoz, senadora y previsible futura alcaldesa de Marbella, afrontará su nuevo cargo sin el frente judicial que tenía abierto. El Juzgado de Instrucción 3 de esta ciudad ha acordado el sobreseimiento provisional del caso abierto en septiembre de 2016 por una supuesta falsedad documental en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010. Estas diligencias se abrieron tras una denuncia de la fiscalía contra Muñoz, que no ha sido investigada en el proceso por su condición de aforada, y el vicesecretario municipal, Javier Alberto de las Cuevas.
El auto del juzgado ha sido notificado este lunes y tiene fecha del 9 de agosto. La actuación del ministerio público se produjo tras la denuncia de una plataforma ciudadana por presuntas irregularidades en la alteración de los límites entre los municipios colindantes de Marbella y Benahavís, zona en la que Muñoz tiene su vivienda. El colectivo alertó de que supuestamente se habían producido cambios en el PGOU entre los actos de exposición pública y su aprobación provisional, el 29 de julio de 2009, que fue el último paso en el Ayuntamiento antes de que la Junta diera luz verde al documento urbanístico. Ese plan, que entró en vigor en mayo de 2010, fue anulado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2015.
“Se pone de manifiesto de manera clara y rotunda que no hubo ninguna intención, ni mala ni buena” por parte del gobierno local de que el escrito que contenía las modificaciones introducidas a última hora “pasaran desapercibidas”, pues ese documento “ni fue presentado por dicho equipo de gobierno, ni fue redactado por este, ni fue quien introdujo los cambios mencionados”. Es la contundente conclusión a la que ha llegado el instructor, Gonzalo Dívar, tras meses de investigación. Esas modificaciones en 22 planos del PGOU fueron introducidas por el equipo redactor del plan en virtud de un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Las “instrucciones” para actuar de esta manera las dio la Junta, concluye el juez.
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