¿Quién paga al socorrista?
No existe una legislación unificada que establezca unos parámetros mínimos para los Ayuntamientos
Los Ayuntamientos tienen la competencia potestativa para decidir en qué puntos de su término municipal tiene que haber socorristas. Ellos corren con el gasto y exigen la formación que consideran oportuna. Pero algunos Consistorios alegan que no tienen capacidad suficiente y reclaman una mayor colaboración entre las Administraciones públicas, especialmente en un verano como el actual en el que se ha disparado el número de ahogados por la mayor afluencia de bañistas.
En el pantano de San Juan (Madrid), dos personas fallecieron a finales del mes de julio por ahogamiento en menos de seis días. Pese a tener una afluencia de 3.000 visitantes durante los fines de semana, según la Administración local y la Comunidad, no cuenta con socorristas. El competente en este caso es San Martín de Valdeiglesias (8.500 habitantes). "Los Ayuntamientos pequeños, con pocos recursos, difícilmente pueden asumir el coste de mantener a los socorristas", manifiesta José Luis García, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Al no contar con socorristas, es difícil controlar a los bañistas que acceden a zonas peligrosas, a quienes tienen actitudes temerarias o incluso a los que se sumergen habiendo consumido mucho alcohol.
Estos dos fallecidos en el pantano de San Juan figuran en la lista de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), que ha contabilizado 305 muertes por esta causa de enero a julio este año a través de noticias recopiladas en los medios. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son de 2015 porque, según el organismo, recopilarlos es un procedimiento "engorroso". En primer lugar y tras un proceso judicial, el juez competente tiene que certificar que la defunción se produjo por inmersión, no por infarto u otras causas. Los juzgados dan traslado del expediente al Registro Civil y son las comunidades autónomas las que tienen que comunicar la INE los números de su territorio. El organismo estatal hará "todo lo posible" para tener la cifra de 2016 a final de este año.
Sin regulación estatal
Además de lamentar el retraso en los datos, la RFESS pide informes más exhaustivos y una legislación unificada. "Nos llama mucho la atención que sean los Ayuntamientos los que deciden si poner o no socorristas en sus playas cuando España es un país que recibe a millones de turistas", se queja Ana Domínguez, portavoz de la federación. No existe una regulación estatal que establezca unos mínimos de formación para los socorristas ni tampoco qué sanciones aplicar cuando los bañistas cometen imprudencias, una de las principales causas de los ahogamientos. "Lo que no puede ser es que en una playa de un municipio tengan unas normas y, dos metros más allá, haya otras", añade Antonio Reina, abogado especialista en la Ley de Costas, quien asegura que muchos socorristas cobran apenas 800 euros.
La localidad de Níjar, en Almería, es uno de los términos municipales con mayor extensión de litoral. Más de 60 kilómetros en los que las corrientes de resaca suponen un gran riesgo para los bañistas. "No tenemos suficiente presupuesto para poner un socorrista en cada playa", asegura Alexis Pineda, concejal de Turismo (IU). El Ayuntamiento ha tomado la decisión de rotar a los socorristas entre las playas no urbanas y por ahora este verano no se ha producido ningún fallecimiento por esta causa —en 2015 murieron seis personas—. También han aprobado una moción para elevar al Congreso una propuesta de Plan Nacional contra Ahogamientos que defina una estrategia común contra estos accidentes y permita financiar equipos, materiales, formación y planes de empleo en materia de salvamento y socorrismo.
Además, solicitarán que el gasto en socorrismo quede fuera de la estabilidad presupuestaria de los Ayuntamientos y pedirán que la Administración central dote a los municipios de partidas extraordinarias en verano para ayudar a sufragar estos costes.
Incidentes en pantanos
Los pantanos representan un problema, según los expertos: los bañistas se adentran en las zonas que no están autorizadas para el baño, donde no hay ninguna vigilancia. Los ahogamientos se producen porque se intenta cruzar a nado el embalse y las corrientes de agua fría provocan fallos orgánicos. Entre enero y julio, siete personas han fallecido por ahogamiento en pantanos o embalses, según los datos de la REFSS, la mitad de los registrados durante el mismo período del año pasado. San Martín de Valdeiglesias acumula dos defunciones, mientras que en el resto de localizaciones se registró un ahogamiento por municipio. Para prevenir futuros incidentes, el Ayuntamiento ha anunciado este lunes que pretende delimitar las zonas de baño para separar bañistas de las embarcaciones.
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