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Desaparecen papeles ligados a la caja b del PP de Madrid

La Comunidad reconoce que "no han localizado" los archivos de la sociedad pública Campus de la Justicia

Los terrenos de la denominada Ciudad de la Justicia, en Madrid.
Los terrenos de la denominada Ciudad de la Justicia, en Madrid.

"No han sido localizados ninguno de los contratos". El agujero documental en la Comunidad de Madrid destapado por el caso Púnica crece con una nueva desaparición de documentos claves, en este caso de los archivos de la sociedad pública Campus de la Justicia, el millonario fiasco inversor de los Ejecutivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. La Comunidad reconoce ante el Juzgado 6 de Instrucción que la documentación sobre adjudicaciones de contratos no está custodiada.

La Consejería de Presidencia y Justicia ha remitido al Juzgado Central de Instrucción 6 dos escritos en los que reconoce que la documentación sobre las adjudicaciones de varios contratos de publicidad a las empresas Over Marketing y Comunicación SL, Traci Comunicación SL, Abanico de Comunicación y Marketing SL y Link América SL, todas ellas ligadas al empresario argentino Daniel Mercado, imputado por la supuesta financiación irregular del PP madrileño, "no se encuentran custodiados" en sus archivos. La Comunidad de Madrid solo ha sido capaz de encontrar "diversas facturas" y "determinados asientos contables" referidos a estas mercantiles y que certifican que se les pagaron decenas de miles de euros. Recientemente, el Gobierno regional admitió otras dos pérdidas de documentos relacionados con la trama de corrupción presuntamente encabezada por Francisco Granados.

La búsqueda de estos contratos se remonta al pasado 6 de marzo. Ese día, el entonces juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, envió a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede de la empresa pública Campus de la Justicia, entonces ya en liquidación, con un mandamiento para requerir la entrega de manera "inmediata" de "los contratos públicos que ese organismo ha adjudicado" a las cuatro empresas de Daniel Mercado. En dicho mandamiento se destacaba, que la información reclamada debía incluir "el objeto del contrato, el órgano contratante, fecha de licitación y de formalización del contrato, empresa adjudicataria, presupuesto base de licitación, importe de adjudicación, procedimiento y forma de adjudicación". En aquellas fechas, la pieza separada de la causa para la que se recababa la documentación, la referida a la supuesta financiación irregular del PP de Madrid y varias de sus campañas electorales, estaba aún bajo secreto de sumario y así se lo advertía el magistrado para que el destinatario no revelase la existencia de dichas pesquisas.

El dedo de Granados

Entre la abundante documentación remitida a la Audiencia Nacional por organismos y empresas públicas de la Comunidad de Madrid para investigar la supuesta caja b del PP madrileño dentro del caso Púnica figura una carta enviada el 8 de marzo por el secretario general de Arpegio, Francisco Esquivias -actualmente imputado en la causa- en la que éste admite que uno de los contratos adjudicados por esta sociedad a Over Marketing en 2005 se produjo por "decisión de la Consejería de Presidencia", que entonces encabezaba Granados. Según dicho documento, el 14 de marzo de aquel año, el departamento del hoy señalado como presunto cabecilla de la trama comunicó a Arpegio su intención de celebrar cuatro días más tarde un acto en Leganés para presentar el llamado Parque Forestal del Sur. "Tanto la designación de la empresa adjudicataria, Over Marketing, como el presupuesto de los trabajos de este evento, 31.559,43 euros más IVA, fueron decisión de la Consejería de Presidencia y comunicado a Arpegio con escasa antelación", detalla el escrito. En total, esta empresa cobró por este y otros tres contratos cerca de 725.000 euros, más IVA.

La respuesta de la Comunidad de Madrid tardó ocho días. El 14 de marzo, un asesor del viceconsejero de Presidencia y Justicia remitía a la Audiencia Nacional un escrito en el que, tras detallar que la sociedad Campus de la Justicia había sido "liquidada y extinguida" en 2015 y que el Ejecutivo regional había pasado a custodiar su archivo documental, admitía que no había podido localizar "ninguno de los contratos públicos" con estas cuatro mercantiles. También que se habían encontrado "diversas facturas en las que se acredita la relación existente" de las mismas con el Campus de la Justicia. Trece días después de dicho escrito, la UCO remitía a la Comunidad de Madrid un oficio en el que le reclamaba "copia certificada" de dichos albaranes y asientos contables, "así como cualquier otro documento".

Diario de apuntes

El 30 de marzo, la Comunidad de Madrid remitía un nuevo escrito con dichos documentos, pero también con la advertencia de que eran todos los que "han sido posible localizar en dicho archivo, sin que ello implique que pudieran existir otros". Junto al mismo, once facturas, diversos documentos bancarios relacionados con el pago de las mismas y dos memorias técnicas de sendos actos protocolarios relacionados con el Campus de la Justicia, así como una decena de páginas del "diario de apuntes" de la contabilidad en los que aparecían once apuntes contables que recogen el pago a las empresas de Daniel Mercado de 166.895,18 euros. Las facturas que justifican dichos abonos incluían como concepto la realización de un vídeo del proyecto del Campus de la Justicia, la presentación de las maquetas para el proyecto diseñado por el arquitecto Norman Foster para uno de los edificios nunca construidos, la organización de una rueda de prensa, entre otros encargos.

Con esta, ya son tres las desapariciones de documentos vinculados a adjudicaciones bajo sospecha en el caso Púnica. El pasado 13 de junio la empresa pública del suelo de Madrid, Arpegio, admitía a la Audiencia Nacional que "varias carpetas" que debían contener contratos investigados aparecían vacías, como adelantó EL PAÍS el pasado 11 de julio. El pasado 9 de marzo, el ejecutivo regional también reconocía que dos contenedores con toda la documentación referida a un contrato de publicidad del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) por 2 millones de euros se encontraba en paradero desconocido.