Un 21% de los acusados de yihadismo desde 2016 fueron absueltos

El último detenido por yihadismo, el número 707 del siniestro contador que puso en marcha el Ministerio del Interior tras el 11 de marzo de 2004 en España, fue apresado en Madrid el pasado 1 de junio porque sobre él pesaba una orden internacional de detención de Marruecos. Lo relató el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en Twitter.

El arrestado es un viejo conocido de los servicios de Información españoles, que en su día no lograron reunir pruebas suficientes contra él como para convencer al Tribunal Supremo de su supuesta vinculación con los atentados del 11-M. Pese a ello, pasó cuatro años y medio en prisión hasta que fue absuelto. Se llama Abdelilah El Fadual El Akil, es vecino de Parla (Madrid), tiene 47 años, y es nacido en Tetuán (Marruecos). El pasado martes volvió a ser puesto en libertad tras su arresto. Así lo ordenó el juez José De la Mata en contra de la opinión de la fiscalía.

“En primer lugar los hechos por los que se solicita la extradición [participación en un supuesto tráfico de drogas en 2002 con personas vinculadas al 11-M] se remontan a 15 años de antigüedad”, señala el juez en su auto. Y, aparte de apuntar “la ambigüedad e indefinición del hecho consignado”, el magistrado recuerda que ya fue juzgado en España en 2008 y que hoy “existe una situación de arraigo personal, familiar, laboral y social del reclamado en España, donde convive hace años con su esposa y dos hijos con un trabajo estable”. Por todo ello, “y en aplicación de un criterio de proporcionalidad”, De la Mata desestima las medidas cautelares más gravosas como podría ser la pérdida de su derecho de libertad.

25 operaciones este año

En lo que va de año, van 25 operaciones antiyihadistas en España, más de una por semana de media. Altos mandos de la lucha antiterrorista reconocen que “se optó por las detenciones preventivas”: Aquí no se espera, intervenimos a la mínima evidencia porque no queremos que nos pase lo de Londres o lo de París”, explican. Pero eso, admiten, conlleva que “a veces las pruebas son débiles” y alertan sobre un cambio de tendencia en las decisiones judiciales: “Muy probablemente se va a dejar en libertad a mucha gente, se nos va a complicar el patio”. Por eso, y aún a sabiendas de que “no es políticamente correcto”, plantean “la expulsión por motivos de seguridad nacional” (art. 57.7 de la Ley de Extranjería) como alternativa para algunos sospechosos que logren eludir la cárcel.

“Sólo hay tres opciones: detener, expulsar o aguantar asumiendo el riesgo, porque los llamados centros de desradicalización ya han fracasado en Francia”.

Desde los organismos judiciales, saturados por asuntos de yihadismo —desde la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional se pedían esta semana cuatro fiscales de refuerzo—, se señala que es ahora cuando están llegando a sede judicial los casos que deben juzgarse de acuerdo con las modificaciones de 2015 —dirigidas a combatir específicamente el terrorismo yihadista— en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal.

“Esos cambios han servido para adelantar la barrera punitiva y tipifican como delictivas actividades que puedan ser preludio de una acción violenta, como por ejemplo el autoadoctrinamiento, pero nos encontramos ahora con que aún no hay jurisprudencia suficiente para establecer con claridad qué es y qué no autoadoctrinamiento, nos falta un cuerpo jurisprudencial”, explica Dolores Delgado, portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y con experiencia en temas de terrorismo yihadista desde 2007. “Son asuntos muy complejos, hay que lograr mostrar que hay una finalidad de cometer uno de los delitos reconocidos casi siempre mediante pruebas indiciarias: fotos, material informático, conversaciones grabadas...”.

Entre los abogados defensores de presuntos yihadistas es bastante unánime la idea de que “la mayor parte de los detenidos caen por actividad o manifestaciones en Internet. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han encontrado ahí un filón de operaciones de éxito que ofrecerle a los políticos de turno para tranquilizar a la ciudadanía”. Y afirman: “La mayor parte de las veces van a prisión preventiva, les caen entre 8 y 12 años, en la cárcel tienen calificación de FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), con regimen de semiaislamiento, así que si no estaban radicalizados las posibilidades de que lo logren y acumulen odio en prisión son muy altas”, coinciden dos letrados.

Los últimos datos de Instituciones Penitenciarias hablan de 254 reclusos vinculados al terrorismo yihadista: 140 son condenados o preventivos; 33 no condenados por terrorismo pero radicalizados y con especial seguimiento; 81 son personas susceptibles de ser radicalizadas y en seguimiento pero no condenados por terrorismo.

El Akil fue condenado a nueve años por supuesta colaboración con la célula terrorista del 11-M y, tras cuatro años y medio de prisión y un recurso de casación mediante, fue absuelto por el Supremo por falta de pruebas. El martes, de nuevo, fue el juez De la Mata quien le dejaba en libertad, pero algunos de sus vecinos ya han mostrado su rechazo en los foros de Parla.