Colombia incauta 262.000 euros al ‘número dos’ del caso Lezo

Edmundo Rodríguez Sobrino, exconsejero del diario La Razón y supuesto testaferro del expresidente madrileño Ignacio González en el caso Lezo, guardaba en Barranquilla (Colombia) al menos de 262.000 euros en metálico, cantidad que ha sido incautada por la fiscalía de ese país sudamericano. La noticia se ha conocido el mismo día en que la Audiencia Nacional ha denegado su puesta en libertad por la trama de corrupción al entender que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Rodríguez Sobrino permanece en prisión incondicional desde el pasado 21 de abril, al igual que Ignacio González.

Según informó la Fiscalía colombiana en su cuenta de Twitter, Rodríguez Sobrino, presidente de la sociedad colombiana Inassa, filial del Canal de Isabel II, guardaba en una caja fuerte de un apartamento de Barranquilla 262.000 euros. La vivienda llevaba desocupada dos meses. La entrada en la vivienda se produjo el pasado miércoles, tres semanas después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se reuniera en Madrid con su homólogo colombiano, Néstor Humberto Martínez.

En esa reunión se acordó investigar de forma conjunta el desvío de fondos derivado de la compra, por parte del Canal de Isabel II, de la mercantil brasileña Emissao. En el registro del apartamento de Barranquilla, además de los fondos en billetes de 100 euros, los agentes de la Policía colombiana y de la Guardia Civil española hallaron también documentos relacionados con esta operación mercantil, que costó 31 millones de dólares (27,6 millones de euros), 25 millones más de su valor real. El importe de la compra se colocó en cuentas bancarias de Suiza y Brasil.

Este jueves, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado poner en libertad a Rodríguez Sobrino, que, entre otras razones para su excarcelación, alegó que tiene que cuidar de su madre, de 92 años, y que su hija dará a luz en pocos meses. El tribunal considera que persisten los riesgos de alteración de pruebas y de reiteración delictiva que apreció el juez instructor del caso Lezo, Eloy Velasco.

El auto sitúa a Rodríguez Sobrino en la “dirección de una operativa defraudadora de los intereses de la Administración de Madrid”, y recuerda que tanto él como su hija Patricia, también imputada, cuentan con un “extenso patrimonio” dentro y fuera de España, “adquirido supuestamente con los beneficios de aquellos anómalos negocios”.