Los riesgos de la plurinacionalidad ambigua

“Una reforma constitucional federal, manteniendo que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, debe perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado apuntado en el artículo 2 de la Constitución”. Esa propuesta de Pedro Sánchez, recogida en una enmienda de su equipo a la ponencia política que se votará en el Congreso del PSOE, ha provocado un intenso debate entre políticos y expertos. ¿Es posible ese cambio jurídicamente? ¿Qué consecuencias tendría en un país devorado por las tensiones territoriales? ¿Resolvería el encaje de Cataluña? ¿Qué naciones componen la España plurinacional? ¿Y qué derechos y deberes encierra esa palabra?

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“Este debate tiene riesgos”, advierte Alberto López Besaguren, catedrático de derecho constitucional de la Universidad del País Vasco. “Introducir eso así en la Constitución, sin una clarificación previa, es caer en la trampa política del nacionalismo y dejar instrumentos en manos de partidos que pretenden destruir el sistema político”, argumenta López, que especifica que no cree que esa sea la intención de Sánchez. “La nación, en los términos establecidos en el Consejo de Europa, es un sentimiento personal vinculado a unas características culturales e históricas que no tienen más recorrido en el ámbito político que el derecho a una autonomía política dentro de la organización del Estado”, sigue. “Los nacionalistas tratan de que se acepte el término nación con ese contenido para luego hacer ver que el contenido que hay que darle es el de la soberanía”.

Ningún país del entorno de España recoge en sus constituciones el concepto de plurinacionalidad, que sí aparece en las de Bolivia o Etiopía. Sin embargo, el término estuvo muy presente en los debates constitucionales de 1978.

"Es evidente que España es una realidad plurinacional", dijo, por ejemplo, Miquel Roca, entonces representante de la Minoría Catalana. "Si el sistema político foral no impidió la integración en la Corona, tampoco el principio de las nacionalidades se opone a la convivencia plurinacional en una unidad superior", añadió Xavier Arzallus, del PNV, que especificó, como Roca, que su objetivo no era la independencia.

Entonces, como ahora, el problema fue definir los derechos y deberes que implica el término.

"Si plurinacionalidad significa varias naciones, en el sentido jurídico y político, es un contrasentido. Solo puede haber una con poder constituyente", opina Francesc de Carreras, de la Universidad de Barcelona y fundador de Ciudadanos. "Y si es en el sentido de nación cultural, ya está dicho en el artículo 2 cuando se habla de nacionalidades y regiones", sigue. "Es hacer política con preceptos de la Constitución que deberían ser estables y quedar excluidos de un continuo debate".

"El reconocimiento del carácter plurinacional del Estado puede tener encaje mientras no niegue la condición de nación a España", difiere Xavier Arbós, de la Universidad de Barcelona, que no coincide con sus colegas en que sea necesario definir qué es la plurinacionalidad antes de incluirla en la Constitución. "Me parece viable porque cabe considerar España como una nación de naciones", añade. "Tampoco se vería afectada la soberanía nacional, cuyo titular único es el pueblo español en su conjunto, como dice el artículo 1.2 de la Constitución", argumenta este catedrático, que formó parte del grupo de expertos que asesoró al PSOE en la primera etapa de Sánchez.

Difícil proceso

Introducir el término plurinacional en la Constitución implicaría probablemente una reforma agravada del texto: al menos dos tercios de los diputados deberían aprobar la reforma; el Senado tendría que validarla; habría que convocar elecciones; y las nuevas Cortes tendrían que volver a aprobar el texto, además de organizar un referéndum. ¿No hay fórmulas más sencillas?

"Salvo que lo que se pretenda sea reconocer el derecho de autodeterminación, lo que se busca se puede conseguir mediante otras vías menos gravosas", asegura Ángel Rodríguez, de la Universidad de Málaga. "Quizá estirando un poquito por allí y por aquí, podríamos evitar la reforma a través de los estatutos de autonomía", añade. "Incorporar el término plurinacional a la Constitución provoca dos problemas", sigue. Y enumera: "Primero, que tenemos que dejar muy claro que hablamos de nación en un sentido cultural, sin abrir la puerta al reconocimiento al derecho de autodeterminación. Y segundo, que habría que estar muy atentos a que el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado no implicara también el reconocimiento de algún tipo de privilegio económico".

"El problema es decir cuáles son las naciones”, apunta Javier Pérez Royo, de la Universidad de Sevilla. “¿Se dice o no se dice? Porque en el 78 no se pudo ni decir quiénes eran las nacionalidades y quiénes eran regionales. Si España es una nación de naciones, ¿cuáles son las naciones?”, se pregunta. Y recuerda: “El Tribunal Constitucional no permite que cada Autonomía recoja en su Estatuto que es una nación”.