A Coruña abre la gestión municipal a vecinos y oposición

Marea Atlántica apuesta por la participación ciudadana y reduce la deuda del Ayuntamiento un 10%, pero acusa los rigores del gobierno en minoría

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro acompañado por miembros de la corporación municipal y vecinos.
El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro acompañado por miembros de la corporación municipal y vecinos.Cabalar (EFE)

La legislatura municipal arrancó hace dos años en A Coruña con el cumplimiento de dos demandas de los partidos cuando no están en el gobierno: tener un asiento en la junta de gobierno y en la mesa de contratación para vigilar de primera mano todas las adjudicaciones. La medida de Marea Atlántica llegó a una ciudad sacudida desde finales de 2013 por los escándalos de corrupción, en la que la juez del caso Pokémon imputó al número dos del anterior gobierno del PP por recibir un supuesto soborno de una empresa durante la jornada de reflexión de las elecciones de 2011 que los llevaron al poder. Los populares, sin embargo, la califican de “paripé” porque, subrayan, “desde hace un mes las licencias de menos de 1,2 millones de euros no pasan por la junta”.

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Las promesas de participación ciudadana y transparencia, que han permitido a cualquier vecino hablar en los plenos municipales o acudir a reuniones con alcalde y concejales para pedirles cuentas, son las que más fácilmente se han cumplido en lo que va de mandato, quizás porque no son cuestión de dinero. El gobierno de Xulio Ferreiro ha conocido desde que llegó al Palacio de María Pita los rigores de estar en minoría y para sacar adelante los presupuestos de 2017, que son en parte participativos, ha tenido que sudar tinta china y vadear hasta una cuestión de confianza.

“La ciudad ha vivido un cambio histórico y la relación entre la ciudadanía y sus gobernantes municipales es otra, mucho más cercana”, defiende Ferreiro. “Hemos conseguido avances a pesar de encontrarnos con mucha menos colaboración por parte de PSOE y PP de la que sería deseable”. El regidor destaca la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en el callejero, la creación de la renta social municipal que reciben unas 50 familias, y la reducción de casi la totalidad de vertidos a la ría coruñesa, necesitada de saneamiento desde hace muchos años.Para el PP, el principal partido de la oposición, la ciudad está sumida en una “parálisis total” y sus concejales aseguran recibir continuas quejas de vecinos y promotores por retrasos en las licencias urbanísticas. “Hemos pasado de ser la locomotora de Galicia a ser el furgón de cola”, afirma su portavoz, Rosa Gallego. “Ahora somos una ciudad con okupas: han permitido la okupación de la Comandancia de Obras y les han puesto hasta contenedores”.

Los datos oficiales certifican que la situación financiera del Consistorio ha mejorado. La deuda, que subió de 69 millones a 78,8 durante los cuatro años de mandato del PP, se ha reducido un 10% entre 2015 y 2016, pasando a ser de 71,2 millones. Según el gobierno local, su refinanciación ha permitido ahorrar en intereses dos millones de euros al año. Las auditorías que se prometieron a “todas las concesiones municipales”, sin embargo, se han quedado solo en algunas y hay puntos del programa que se han revelado imposibles. En algunos casos, alegan desde el gobierno local, debido a las restricciones impuestas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, como la remunicipalización de las bibliotecas o ciertos refuerzos en la plantilla municipal; y en otros, porque su aplicación depende de la Xunta, como la apertura de colegios públicos por las tardes. “Mentira”, replica Gallego desde el PP. “Han contratado a 100 personas. Solo entre [los refuerzos para la] renta social y [el plan para erradicar] el chabolismo, 20 personas. Tienen facilidad para vender lo que no hacen”.

Actualmente el gobierno de Ferreiro busca encaje legal a la celebración de un referéndum vecinal para decidir qué hacer con los miles de metros cuadrados de suelo portuario que se liberarán de actividad en breve en pleno centro de la ciudad. La Autoridad Portuaria, con el apoyo del Gobierno gallego, quiere venderlos a inmobiliarias para pagar parte de la disparada factura de construcción de un puerto exterior en el vecino municipio de Arteixo. El Ayuntamiento aboga por destinarlos a uso público. La llave para celebrar la consulta ciudadana, admiten fuentes municipales, también la tiene el Ejecutivo del popular Alberto Núñez Feijóo y no parece que se lo vaya a poner fácil. “Xunta y Gobierno central han abandonado proyectos claves para la ciudad desde que nosotros gobernamos”, lamenta el regidor coruñés.

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