La Fiscalía se querella contra una consejera catalana por la compra de urnas

La Fiscalía Superior de Cataluña se ha querellado contra la consejera de Gobernación de la Generalitat catalana, Meritxell Borràs, por la compra de urnas de votación. La Fiscalía acusa a Borràs de los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos por haber iniciado el proceso para adquirir unas 12.000 urnas que podrían servir para celebrar el referéndum catalán.

En un escrito, la Fiscalía General del Estado justifica la interposición de la querella, dirigida contra Borràs y contra el secretario general de la consejería de Gobernación, Francesc Esteve, porque el anuncio de licitación para la compra de urnas "supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista" en Cataluña, contrario a los "expresos mandatos" del Tribunal Constitucional.

El pasado 5 de mayo, la Generalitat activó el proceso para comprar las urnas que han de emplearse en el referéndum sobre la independencia. La fórmula empleada será un acuerdo marco que servirá para homologar a las empresas que puedan suministrar las 12.000 urnas necesarias para los colegios electorales y que se publicará en los próximos días en el Diari Oficial de la Generalitat. El Gobierno catalán tiene previsto destinar hasta 200.000 euros para la compra de urnas, de ahí que la Fiscalía mencione el delito de malversación.

El Departamento de Gobernación aseguró entonces que el acuerdo servirá para celebrar todo tipo de procesos electorales, con lo que buscaba así evitar una impugnación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Artimaña para lograr las urnas

La querella, de 52 páginas, recuerda que "los pronunciamientos del Tribunal Constitucional" sobre la necesidad de impedir cualquier iniciativa que impulse el proceso de desconexión se han "reiterado de forma clara y sin fisuras". "Animados por esta voluntad inequívoca de celebración de un referéndum de autodeterminación para continuar con el propósito de crear un Estado catalán independiente en forma de república", sigue el texto, Borràs y Esteve "decidieron adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder hacerlo". La consejera y el secretario tenían "pleno conocimiento de la inconstitucionalidad" del referéndum.

Gobernación tuvo que "salvar dos dificultades". En primer lugar, "no podía solicitar" al Estado el material electoral necesario. Y tampoco podía hacer "abiertamente una oferta pública de contratación", ya que el Tribunal Constitucional había suspendido ya la aplicación de partidas de los presupuestos destinadas a cubrir los gastos del referéndum. Para "intentar enmascarar formalmente la preparación del referéndum", la consejera y su número dos "idearon una fórmula de licitación que, en un primer momento, no concretara el destino para el que iban a ser utilizadas".