El PP y el PSOE plantean articular la eliminación de los aforamientos con un debate nacional

"Debe haber un acuerdo nacional de una amplia mayoría que permita articular las reformas necesarias tanto en el ámbito estatal como en el autonómico", señalan fuentes de la gestora del PSOE. Los socialistas coinciden en este punto con el PP, según especificó a finales de abril Rafael Catalá, el ministro de Justicia: “Los aforamientos son percibidos como un privilegio impropio y habrá que revisarlos, pero con carácter general no en una Comunidad Autónoma creando la paradoja de que un presidente autonómico no esté aforado y otro sí”. La combinación de los dos principales partidos ha sembrado la inquietud en Ciudadanos, cuyos dirigentes saben que sacar la reforma del ámbito autonómico para llevarlo al nacional les resta capacidad de presión y probabilidades de éxito.

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De hecho, el partido de Mariano Rajoy no descarta retrasar la tramitación del estatuto de Murcia en el Congreso y en el Senado si no observa avances significativos y coordinados en el resto de Autonomías. El PP votó a favor de la reforma en esa Comunidad porque era la condición que exigía Ciudadanos para apoyar la investidura de Fernando López-Miras como presidente autonómico. Esa misma necesidad obligó al PP a aceptar la supresión de los aforamientos de los diputados nacionales, senadores y miembros del Gobierno en el pacto de investidura nacional que firmaron Rajoy y Rivera. Sin embargo, el partido que sostiene al Gobierno no ha puesto en marcha la reforma en la Cámara Baja.

¿Por qué? Porque el Gobierno apuesta por coordinar la eliminación de los aforamientos nacionales y autonómicos, que afectan a unos 2.000 políticos, según explicitó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en una intervención parlamentaria ("Con la reforma de la Constitución arreglamos 650 aforamientos, tendremos que acompasarla con la de los aforamientos autonómicos"). Al tiempo, el Ejecutivo quiere aclarar si se eliminarán los aforamientos para las acusaciones de todos los delitos o se mantendrán para aquellos relacionados con el cargo (se suprimiría la protección, por ejemplo, para un positivo en un control de alcoholemia). El equipo de Rajoy también quiere estudiar si se debería mantener aforados a los integrantes del ejecutivo. Y, finalmente, recuerda que eliminar los aforamientos exige acometer una complicada reforma constitucional.

Aforamientos de Andalucía

La primera señal oficial de que el PP y el PSOE quieren convertir la eliminación de los aforamientos en una cuestión nacional ha llegado en Andalucía.

“Hace falta un debate profundo en el conjunto del país”, resumió el martes Susana Díaz, presidenta de esta Comunidad, tras garantizar que cumplirá lo firmado con Ciudadanos. “No puede ser una subasta entre territorios que vaya en función de la necesidad de notoriedad que se tenga en un momento determinado”, añadió en referencia al partido de Albert Rivera, que ha hecho de la aplicación de esta medida una contrapartida a cambio de su voto.

“Es un asunto que se debe plantear desde el ámbito nacional no solo en las comunidades autónomas”, coincidió el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. “Así avanzaremos todos en igualdad en materia de regeneración democrática”, subrayó. “Es importante que se abra un debate nacional sobre este asunto para que todas las Comunidades y la Administración general también incorpore la eliminación de los aforamientos para todo el conjunto del Estado”. Y añadió: “Sería más productivo y razonable”.

Pese a la promesa socialista de que el pacto se cumplirá, Ciudadanos quiere evitar a toda costa que la reforma salga de Andalucía y llegue al Congreso. En ese caso, el partido de Rivera perdería capacidad de presión (la negociación ya no sería bilateral, como en las Autonomías) y tampoco controlaría los tiempos. “Andalucía puede eliminar sus aforados sin tener que debatir nada en Madrid, es hora de que todos nos retratemos”, dijo Sergio Romero, portavoz adjunto en esa Autonomía del partido de Rivera. Un resumen de que el PP y el PSOE han encontrado una vía para controlar las formas y los tiempos de la reforma.