González usó nueve empresas interpuestas para financiar la campaña electoral del PP de 2011

Más información

Prisión incondicional para Ignacio González

El juez deja en libertad al empresario Javier López Madrid tras su detención por el pago de comisiones

PSOE y Podemos se personarán como acusación en el ‘caso Lezo’

Un antiguo alto cargo de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) reveló al titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Eloy Velasco, que a finales de 2011 Ignacio González, entonces secretario general del Partido Popular y vicepresidente del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, pidió al entonces máximo responsable de dicho ente público, José Martínez Nicolás, "en torno a un millón de euros" para "sanear las cuentas" del PP de Madrid.

Dicho testigo, Silvano Corujo, quien fuera subdirector general de ICM, aseguró en una declaración que para ello se inflaron contratos con dos de las empresas a los que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido en los últimos días a requerir documentación, la tecnológica Indra y la consultora PwC. Las pesquisas han permitido constatar que dichos fondos se hicieron llegar con posterioridad a los proveedores del partido a los que se adeudaba dinero mediante nueve empresas interpuestas.

Así lo detalla el magistrado en el auto dictado este viernes para enviar a prisión al expresidente de la Comunidad de Madrid. El escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, califica a Corujo de "testigo privilegiado de los hechos ya que formó parte de todas las mesas de contratación de la Agencia", en referencia a ICM, un organismo público que ya se vio salpicado por prácticas similares en el caso Púnica.

El juez Velasco detalla que "los indicios recabados hasta la fecha apuntan a que con motivo de las elecciones autonómicas celebradas en el año 2011 [y en las que Esperanza Aguirre renovó su mayoría absoluta], el Partido Popular madrileño habría generado una deuda" que Ignacio González, que asumió la secretaría general de la formación a finales de aquel año, intentó saldar meses después. La manera de hacerlo se concretó en una reunión que se celebró el 7 de junio de 2012 entre él y, al menos, Martínez Nicolás, que en aquel momento era el consejero delegado de ICM y, por tanto, su máximo responsable. Es en ese encuentro en el que presuntamente González le pidió a este último que consiguiera un millón de euros para cubrir esas deudas. La existencia de dicha cita ha sido confirmada por los investigadores por la información encontrada en el teléfono móvil del propio Martínez Nicolás.

Velasco detalla que el máximo responsable de ICM "se habría valido de la contratación existente" entre este ente público y las empresas Indra y PwC "para obtener el dinero solicitado por Ignacio González" y, con ello, saldar las deudas que el PP mantenía con las empresas que le habían prestado diferentes servicios durante la campaña electoral. Un portavoz de Indra ha señalado que la empresa está colaborando con la justicia y que se ha entregado a la Guardia Civil la información requerida por el juez.

Hasta el momento, las pesquisas han permitido conocer "un flujo monetario de 687.497 euros (566.497 en 2012 y 121.000 al año siguiente) con origen en la mercantil Indra y fin en esas empresas proveedoras". Para ello, supuestamente se utilizaron hasta nueve sociedades: Sintra Consultores SL, Troyano Marketing y Diseño SL, Formaselect Consulting SL, Braveheart Management SL, Escuela Europea de Dirección y Empresa SL, Swat SL, Pamai Imagen SL, Tje Cell Core SL y Strat Map SL.

El juez también destaca que Martínez Nicolás, que ocupó el cargo de consejero delegado de ICM entre 2007 y 2014, cuando fue detenido dentro del caso Púnica, tuvo por su parte un "supuesto enriquecimiento ilícito personal". En este sentido, detalla que la investigación ha permitido localizar la existencia de una cuenta bancaria en Liechtenstein con un saldo "de más de un millón de euros de origen desconocido y ocultos al fisco". Dicha cuenta está a nombre del propio alto cargo de ICM, aunque en ella tienen firma autorizada tanto su esposa como el hijo de ambos.

El auto detalla que desde ese depósito en el pequeño país europeo salió otro millón de euros con destino a cuentas en Panamá y Suiza a nombre de otras personas. El juez deduce que dichas operaciones no forman parte de "una operativa comercial ordinaria" y apunta a la posibilidad de que sea una operación de blanqueo por "compensación" para recibir ese dinero en España fuera del control del fisco.