El ‘caso Lezo’ desvela un primer desvío de 23,3 millones de las arcas de Madrid

El cerco a la trama Lezo ha desvelado ya un primer desvío de fondos de las arcas públicas madrileñas. Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, calcula que los investigados inflaron "ficticiamente" el valor de la empresa brasileña Emissão, adquirida en 2013 por el Canal de Isabel II, para embolsarse supuestamente 25 millones de dólares (23,3 millones de euros). Así consta en el auto del magistrado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, con el que decretó este jueves el ingreso en prisión, eludible bajo fianza, de los dos primeros detenidos en la operación que declararon ante el instructor: Adrián Martín, ex director general de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II; y María Fernanda Richmond, directora financiera de la compañía.

Velasco recalca que se observan numerosas "irregularidades" y que se ha detectado "el pago de comisiones prohibidas" concebidas para "posibilitar desvíos de dinero público madrileño, que pasaba a cuentas bancarias en terceros países". El auto añade que este plan tenía como objetivo el "enriquecimiento" de los implicados en la trama. Y, además, los investigados obviaron la existencia de un informe de la auditoría KPMG que "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisición".

De nuevo, en esta parte emerge la figura de Edmundo Rodríguez Sobrino, actual consejero de la empresa editora de La Razón y expresidente de Inassa, la filial del Canal de Isabel II que gestiona el resto de compañías dependientes de la empresa de suministro de aguas en América. Según el auto de Eloy Velasco, Rodríguez Sobrino hizo la valoración de Emissão, que se compró por 31 millones de dólares, cuando su valor patrimonial apenas llegaba a los 10 millones —desplomándose hasta un saldo negativo de cinco millones en solo dos años—.

El escrito del juez enumera hasta diez irregularidades detectadas por los investigadores en dicho contrato. Entre otras, que los implicados en la trama aprobaron la compra de Emissão sin la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ni de la consejería de Hacienda; sin un razonamiento jurídico-económico; y sin una valoración independiente. "Además, se pagó a través de cuentas corrientes bancarias no autorizadas y en paraísos fiscales", apostilla Velasco, que destaca también la utilización de "un entremado societario opaco" para ello. El magistrado también resalta que se renunció a un aval de tres millones de euros "sin justificación alguna y sin autorización". Y remacha que "se modificó la adquisición del 40% al 75% sin autorización".

El mismo escrito saca a la luz otra operación bajo sospecha en las que participó presuntamente uno de los detenidos, Adrián Martín. En concreto, "la manipulación de los procesos de licitación de un contrato público de obras" en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid que tuvo como objetivo final que el mismo fuera adjudicado "a una sociedad del grupo empresarial Essentium". Se trata de un concurso de cerca de 12 millones de euros que se falló en 2014.

Los fondos en Suiza

La investigación ha revelado también que Rodríguez Sobrino ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal, según se refleja en un segundo auto del juez Velasco, según Efe. En dicho escrito judicial se detallan también algunas de las "numerosas" operativas de blanqueo de capitales en paraísos fiscales de la trama. Así, el juez apunta a que a través de una de sus hijas, también imputada en la causa, Edmundo Rodríguez Sobrino controla un importante patrimonio en el extranjero, con viviendas en Colombia, República Dominicana y Londres.

Las pesquisas también han sacado a la luz la existencia de cuentas en Reino Unido y en la Isla de Jersey —un pinchazo telefónico reveló la preocupación de Rodríguez Sobrino por un ingreso en libras que debía realizar su hija "con discreción"— y su participación en negocios inmobiliarios en Colombia en 2011 y 2013, está última en el mismo año de la compra fraudulenta de la sociedad brasileña. En 2016 mantuvo una reunión con el directivo de un banco para abordar una inversión de 10 millones de euros, según detalla el auto.

Antes de Edmundo Rodríguez Sobrino declaró su secretaria, Clarisa Guerra Soto, a la que el juez Velasco puso en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado todos los meses.