El juez Velasco admite una querella por terrorismo de Estado contra militares sirios

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido este lunes a trámite la querella por terrorismo de Estado y desaparición forzada contra miembros de la cúpula militar y la inteligencia del régimen sirio de Bachar Al Asad por “torturas y ejecuciones masivas” de opositores, según ha adelantado la Cadena Ser. La denuncia partió de la hermana de nacionalidad española de un ciudadano sirio torturado y ejecutado en un centro de detención ilegal en el año 2013.

El magistrado rechaza la tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que España no es competente para investigar el asesinato de esta persona al no ser la víctima ciudadano español. Se trata de una de las primeras causas de justicia universal que se abren desde que el PP usó su mayoría absoluta para laminar la capacidad de los jueces españoles para investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional.

El magistrado ha citado para el próximo 10 de abril a la denunciante y hermana de la víctima directa, Amal Hag-Hamdo Anfalis, y a un militar desertor conocido con el seudónimo de César que elaboró una archivo con más de 50.000 fotografías de alrededor de 6.000 cadáveres de supuestas víctimas de torturas y ejecuciones en cárceles clandestinas del régimen sirio. Este archivo ha sido aportado por la denunciante para identificar a su propio hermano. También están citados otros tres testigos para el 9 de mayo, entre ellos el periodista de El Mundo Javier Espinosa.

La querella, redactada por el equipo de abogados Guernica 37, señala que de desde marzo de 2011, en respuesta a las manifestaciones espontáneas de la Primavera Árabe, el estado sirio elaboró un plan de seguridad nacional destinado a acabar con tales protestas y con cualquier tipo de disidencia mediante la implementación de una política de detenciones, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas, que ha afectado a decenas de miles de personas. Según la querella admitida hoy, "las autoridades sirias, civiles y militares, han negado sistemáticamente toda información sobre las víctimas, creando incluso mecanismos para ocultar o distorsionar toda información".

Según la denuncia, como parte de ese plan para reprimir las protestas, las fuerzas de seguridad sirias empezaron a fotografiar los miles de cadáveres provenientes de estos centros de detención ilegal. Para ello, encargaron a la policía forense tomar fotografías de los cuerpos torturados y sin vida de los detenidos en varios hospitales en Damasco, donde fueron supuestamente transportados desde los centros de detención.

En septiembre de 2013, un policía forense encargado de supervisar el registro fotográfico, desertó de su puesto y consiguió salir de Siria, llevándose consigo mas de 50.000 fotografías. El archivo de César, alias con el que se conoce a este policía, contiene fotografías de los cuerpos torturados y mutilados de más de 6.000 víctimas.

La querella se dirige contra Mohammed Alhaaj Ali, teniente general director del centro de detención ilegal 248 del Departamento de Inteligencia Militar en Damasco desde 2003 hasta 2013; el general Jalal Al Hayek, director de la sección de presos políticos de este mismo centro clandestino y el coronel Sulayman Alyusef, director de la sección de seguimiento y patrulla del centro de detención ilegal 248 y director adjunto del centro en 2013.

También se actúa contra Abdel-Fatah Qudsiyeh, jefe del Departamento de Inteligencia Militar desde 2009 a julio de 2012; Mohammed Dib Zeitoun, Jefe del Directorio de Seguridad Política desde 2009 a 2014; el mayor Jamil Hassan, jefe del Directorio de Inteligencia de la Fuerza Aérea desde 2009 y el mayor Ali Mamluc, jefe del Directorio de Inteligencia General desde 2005 hasta 2013.

Finalmente, la querella se dirige contra Farouk Al-Sharaa, Vicepresidente sirio desde 2006 y Mohammed Said Bekheitan, Secretario Adjunto Regional del Partido Baath desde 2005 hasta julio de 2013.

En su resolución, el juez pide a Eurojust, el órgano de cooperación judicial entre Estados de la UE, que proceda a averiguar si existen denuncias de otros países de la Unión que investiguen desapariciones forzadas, torturas, crímenes de guerra, terrorismo y delitos de lesa humanidad realizados por estructuras y personas pertenecientes a la Administración de la República de Siria. El magistrado pretende que se constituya un equipo conjunto de investigación que ayude a la consecución de información y pruebas de uso común en los respectivos procedimientos penales nacionales afectados.