Cuatro guardias civiles enjuiciados por torturas niegan todos los hechos

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"Su estado era de agotada pero nada más". Así ha descrito esta mañana, Rubén V., uno de los cuatro guardias civiles que se sientan en el banquillo de la Audiencia de Bizkaia, el estado en el que se encontró a Sandra Barrenetxea en Madrid, en septiembre de 2010, después de más de 12 horas en las que, tras ser detenida de madrugada, fue trasladada a Madrid, a dependencias policiales.

Barrenetxea, detenida por su supuesta vinculación con la organización Ekin, un colectivo de la izquierda abertzale que la Audiencia Nacional situó en el entorno de ETA, les acusa de vejaciones desde el mismo momento de la detención, durante el traslado a Madrid y durante el tiempo de incomunicación que pasó allí hasta que fue entregada a la justicia.

El caso ha llegado a sala después de tres archivos de la causa y consiguientes recursos, y la Fiscalía no presenta acusación al considerar que no hay delito ni indicios de él, a la vista de las pruebas y de los informes de los médicos forenses. La acusación, que dirige Jone Goirizelaia, la habitual abogada de los presos de ETA y miembros de la izquierda abertzale, pide 19 años de prisión para cada uno de los cuatro agentes procesados, diez por agresión sexual, seis por torturas y tres por lesiones. Barrenetxea había sido detenida otra vez en 2006, y también denunció haber sido torturada.

En la operación del 13 al 14 de septiembre de 2010, cinco días después del anuncio de ETA del cese de las acciones armadas, la detenida denunció que fue despojada de su ropa en el trayecto entre Bilbao y Madrid, donde fue juzgada en la Audiencia Nacional, y que fue trasladada desnuda de cintura para arriba. Además, señaló que recibió golpes e insultos así como tocamientos en los pechos. Según su relato, un guardia civil llegó a arrancarle los pantalones mientras que la obligaba a que abriese las piernas. También denunció que fue obligada a permanecer en bragas durante los interrogatorios policiales y con amenazas de que iba a ser violada.

De los cuatro agentes acusados, solo uno, Juan Carlos A. M. participó en su detención y traslado en un coche camuflado desde Bilbao a Madrid. Tras rechazar que le quitaran el niqui y que hiciera parte del trayecto con los pechos al aire, como acusa Barrenetxea, describió que el trayecto fue diurno, dando a entender que de haber sido así la podrían haber visto otros conductores. Nada más llegar a Madrid pasó otro control médico. "Yo iba a su lado", ha declarado el agente.

Desde la detención en uno de los pisos registrados de madrugada hasta su entrega en Madrid pasó dos controles del médico forense, uno a las 7,30 horas de la mañana de su detención y otro a las 13,30, antes de salir para Madrid, ciudad a la que llegó sobre las 18 horas.

El resto de los agentes mantuvieron la misma tesis. Su contacto con la acusadora fue en Madrid. A falta de la declaración de Basterrechea y de los forenses, que se producirá este miércoles, en la segunda jornada de la vista, los guardias civiles se negaron a responder a las preguntas de Goirizelaia. Solo lo hicieron cuando quienes preguntaban eran el fiscal o Carlos Aguilar, el letrado de la defensa. La abogada del Estado, Macarena Olona, fue requerida por la presidenta de la sala a dejar la vista oral al pedirlo la acusación tras renunciar en la vista, aunque no a posteriori, a una eventual acción civil por la responsabilidad subsidiaria del Estado.

Los otros tres agentes, Jorge R. Fernando H. y Rubén, V.  confirmaron que otro médico forense pasó dos veces diarias durante el periodo de tres días en el que estuvo incomunicada, y que en ningún momento les comunicaron o advirtieron de la existencia de lesiones o algo especial tras los estudios médicos a la detenida. La sala ha rechazado, como pedía Goirizelaia, la inclusión de una serie de documentos como el informe sobre la tortura de Álvaro Gil Robles y varios artículos de prensa o el elaborado por el Gobierno vasco. La defensa y la abogada del estado han agradecido que la sala evitara convertir un caso de denuncias de abusos, en una causa general de torturas contra el Estado.