Un alto mando policial suma una segunda denuncia por hacer ‘mobbing’ a agentes del GEO

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, Fernando de la Fuente, ha abierto diligencias previas contra el actual jefe Superior de Policía de Castilla-La Mancha, el comisario principal Félix Antolín, después de que un agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO) se haya querellado contra él por acoso laboral cuando el alto mando dirigía esta unidad de élite. Es la segunda denuncia por hechos parecidos que recibe el comisario Antolín, ascendido el pasado 1 de febrero a su actual destino por el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. De hecho, el mismo juez dictó recientemente un auto por el que daba el primer paso para enviarlo a juicio junto a un inspector jefe acusado de un presunto delito contra la integridad moral por el "trato degradante" dispensado a otro de sus subordinados en el GEO.

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La nueva denuncia por ‘mobbing’ contra el comisario Antolín se deriva, precisamente, de esta primera, ya que la ha presentado un agente, R.B.H, que declaró en favor de aquel compañero durante la instrucción de la causa. Según el contenido de esta nueva querella, a la que ha tenido acceso El País, el supuesto acoso a este segundo agente se inició el marzo de 2015 al trascender que éste había acudido al juzgado como testigo del otro policía supuestamente acosado. El escrito relata cómo, a la vuelta de participar en una operación de su grupo en Ceuta, el integrante del GEO comenzó a recibir mensajes de ‘whatasapp’ de sus compañeros recriminándole su actitud. Una situación que se agravó durante una parada de dicho viaje parta comer y en la que supuestamente recibió amenazas e insultos de sus dos mandos directos. En el texto de la querella, el agente asegura que durante los días siguientes fue sometido a una “persecución” de tilda de “indirecta y tácita” con el supuesto objetivo de evitar que otros integrantes de la unidad siguieran su ejemplo y declarasen a favor del primer denunciante.

En este sentido, el querellante asegura en su escrito que desde entonces fue “apartado por completo de gran parte de las funciones inherentes a su puesto de trabajo, asignándole en su gran mayoría servicios de poca entidad, retirándole la posibilidad de la realización de cursos formativos internos de la unidad y no siéndole reconocido ni otorgando condecoración alguna por los servicios realizados”. El agente describe esta situación, que se prolongó durante dos años, como “humillante y discriminatoria” y de claro “acoso laboral” hasta convertir “su día a día en el trabajo” como “un auténtico suplicio” del que hace responsable al actual jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha y a otros tres mandos de la unidad. El agente ha sido citado por el juez para el próximo 8 de marzo para que se ratifique en los términos de su querella, a los que ha incorporado numerosos ‘pantallazos’ de los mensajes de móvil supuestamente amenazantes que ha recibido en los dos últimos años.

El caso de este policía es muy similar al del su compañero del GEO en cuyo favor había declarado, el subinspector J.B.G. Éste denunció las condiciones laborales a las que había sido sometido supuestamente por los dos máximos responsables de esta unidad de élite en marzo de 2015, poco después de ser cesado en su puesto en la unidad. La Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en julio de 2016 un fallo que obligó a la Dirección General de la Policía a readmitir al agente en el GEO, mientras en paralelo continuaba la querella en la vía penal por acoso laboral en el Juzgado de Guadalajara, localidad donde este grupo policial tiene su sede. Fue en el marco de estas pesquisas en las que el 1 de febrero, el mismo día que se hacía público el nombramiento del comisario Antolín como jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, el magistrado dictaba un auto por el que daba los primeros pasos para sentar en el banquillo al alto mandos policial.

En aquel escrito judicial se destacaba la existencia de "indicios de criminalidad" en la actuación del que fuera jefe del GEO y de su 'número 2'. En concreto, consideraba acreditado que ambos realizaron desde mayo de 2014 "actos de contenido vejatorio prevaliéndose de su cargo y de la posición jerárquica" que tenían sobre el subinspector que los denunció. El escrito del juez De la Fuente recalcaba que el objetivo de todo ello era quebrar "su resistencia e integridad moral y su propia estimación" para "forzar su salida de los GEOS (sic)". En concreto, destacaba que, pese a que la víctima era jefe de un subgrupo de esta unidad de élite, fue aislada de sus compañeros "dejándole a entrenar sólo”. El juez de Guadalajara incorporaba las conclusiones de un informe del médico forense que corroboraban que el policía " padece una sintomatología ansioso depresiva y un trastorno por estrés postraumático medio-bajo que es compatible con hechos denunciados".