Abogados de derechos humanos piden ayuda a España por el robo de órganos en China
La causa por las víctimas de Falun Gong fue una de las perjudicadas por la reforma de la ley de justicia universal
Los canadienses David Kilgour y David Matas y el español Carlos Iglesias, abogados especializados en derechos humanos, han traído de nuevo a España su denuncia por el "robo de órganos a presos de conciencia" en China. Precisamente este martes, en el Congreso se ha aprobado por 176 votos a favor y 136 en contra una proposición de ERC que plantea recuperar la jurisdicción universal tal y como estaba antes de los recortes impuestos por el Gobierno de Zapatero en 2009 y el de Rajoy en 2014. El PSOE y Ciudadanos, no obstante, ya han adelantado que durante el trámite de enmiendas apoyarán únicamente volver al modelo de 2009, que exigía una conexión con España para perseguir el delito.
Los letrados representan a víctimas de Falun Gong, una práctica espiritual que China prohibió en 1999 al considerarla una secta. Desde entonces muchos de sus seguidores fueron detenidos y enviados campos de trabajo y reeducación. Un informe de Kilgour y Matas asegura que en 15 centros chinos se extraían, sin su consentimiento, órganos de presos practicantes de Falun Gong incluidos "corazón, córneas, riñones e hígados" para venderlos, generalmente a extranjeros. Iglesias recordó el caso de Óscar Garay, un vasco que, tras serle denegado el trasplante de hígado en España viajó a China para comprar uno por 130.000 dólares en 2008.
"La postura oficial durante los años noventa y primeros dos mil era que los órganos provenían de donaciones voluntarias, pero China carecía de un sistema de donaciones y no está dentro de la cultura china el hacerlo", explica Matas. "Luego dijeron que pertenecían a presos ejecutados tras ser condenados a muerte, y en diciembre de 2014, aseguraron que a partir del 1 de enero de 2015 acabarían también con esa práctica y que todas las donaciones serían voluntarias, pero hemos analizado lo ocurrido desde entonces y los números no cuadran", afirma el abogado. "El Régimen chino habla de 10.000 trasplantes al año, pero nosotros hemos contabilizado entre 60.000 y 100.000".
Según su testimonio, telefonearon a hospitales de distintos puntos del país haciéndose pasar por familiares de personas que necesitaban trasplantes y preguntado si tenían órganos de practicantes de Falun Gong -por estar en teoría en mejor forma que los presos comunes- a la venta. En 15 centros, según su informe, les dijeron que sí. China niega ese tráfico de órganos.
Los abogados han entregado 251.000 firmas de ciudadanos españoles pidiendo que el Congreso condene estas prácticas. La de Falun Gong fue una de las causas cerradas tras el carpetazo que el Gobierno dio a la jurisdicción universal.
El Parlamento Europeo aprobó en diciembre de 2013 una resolución sobre la extracción forzada de órganos en China, que decía lo siguiente: "Considerando que la República Popular China realiza más de 10.000 trasplantes de órganos al año; que anuncian que pueden encontrarse órganos compatibles en un plazo de entre dos a cuatro semanas, aunque hoy por hoy China no cuente con un sistema público eficaz de donación o distribución de órganos; que no cumplen los requisitos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a transparencia y trazabilidad en relación con las vías de obtención de órganos; que el Gobierno chino se ha venido resistiendo a que se realice un control independiente del sistema; que presentan tasas extremadamente bajas de donación debido a creencias tradicionales; que en 1984 aplicó normas que permitían la extracción no consentida de órganos a presos ejecutados; que en 1999 el Partido Comunista chino puso en marcha una intensa ola de persecución en todo el país con el fin de erradicar la práctica espiritual de Falun Gong que supuso la detención y encarcelación de miles de seguidores; que el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Relator Especial sobre a Tortura han expresado su preocupación sobre las acusaciones de extracción forzada de órganos de presos (...) el Parlamento Europeo pide al Gobierno de la República Popular China que ponga fin inmediatamente a la práctica de la extracción forzada de órganos a presos de conciencia y miembros de grupos religiosos y étnicos minoritarios; y a la UE y sus Estados miembros, que den publicidad al asunto, condenen públicamente los abusos cometidos en China en el trasplante de órganos, efectúe una investigación completa y transparente y se enjuicie a quienes hayan cometido tales prácticas".
"Es un crimen tan atroz que parece increíble", afirma el abogado Carlos Iglesias, "pero es la realidad".
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
