Las nuevos estatutos del PP fuerzan la salida de una docena de cargos

La placidez del 18 Congreso Nacional del PP, el pasado fin de semana, será muy difícil que se repita en muchos congresos regionales y provinciales. La dirección nacional del PP sí ha tomado nota de la demanda creciente, en las bases y cuadros del partido, para evitar la actual acumulación de cargos en unas cuantas personas y quiere empezar a corregir ese fallo, sobre todo por las estructuras provinciales. La orden es que los nuevos presidentes provinciales se dediquen lo más en exclusiva posible al partido y en todo caso lo compaginen con cargos locales pero no nacionales y menos aún de gobierno. Los estatutos fueron corregidos en el cónclave nacional para forzar esa situación. Las nuevas normas podrían afectar a una docena de presidentes provinciales que ahora son secretarios de Estado, diputados en el Congreso o delegados del Gobierno.

Los estatutos del PP aprobados mayoritariamente el pasado fin de semana en el 18 Congreso Nacional contenían alguna novedad que los compromisarios no sabían muy bien qué votaban. Lo están comprobando ahora, cuando se ha volcado ya el nuevo texto definitivo y han observado, por ejemplo, la redacción del artículo 10 sobre el régimen de incompatibilidades. En el primer apartado se específica que "no podrá desempeñarse más de un cargo territorial de presidente o secretario general del partido, ni acumularse a éste más de un cargo de representación institucional, local, autonómica o nacional". Luego se precisa que sí se podrá compaginar alguno de esos puestos con la función de senador pero no de diputado en el Congreso o de eurodiputado. El PP ha creado una oficina para velar por el cumplimiento de estas órdenes pero permitirá excepciones extraordinarias que serán aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional.

En las estructuras territoriales del PP ha caído como una bomba esa redacción porque podría forzar la salida de una docena de presidentes provinciales en los próximos congresos y la mayoría de ellos no quieren dejar ese cargo. La dirección nacional tiene la intención, de partida, de conceder pocas excepciones y de hecho el propio nuevo coordinador general, Fernando Martínez Maillo, se ha visto afectado en primera persona. El viernes pasado acudió a su pueblo, Casaseca de las Chanas, en Zamora, y anunció que deja la responsabilidad de la alcaldía, que ganó hace apenas año y medio. Antes ya había renunciado a la presidencia de la Diputación y ahora tiene la intención de esperar a la celebración de los congresos provinciales del PP para ser relevado en ese puesto.

El caso de Maillo no es ni mucho menos una excepción. Son numerosos los presidentes provinciales del PP que son también presidentes de la Diputación, alcaldes o senadores y diputados, autonómicos y nacionales. El sorprendente respaldo en el 18 Congreso Nacional a la enmienda antiCospedal se basó en ese malestar de los cuadros y bases de la organización.

En la propia Castilla-La Mancha, además del caso de compatibilidades de Cospedal, está el de Arturo García Tizón, de 70 años, que es concejal en Toledo, diputado nacional por esa circunscripción y presidente provincial. Quiere dejar ese cargo en el próximo congreso. En Castilla y León sucede lo mismo con el actual presidente del PP en León, Eduardo Fernández García, que además de otros cargos locales es parlamentario nacional.

El asunto de las incompatibilidades siempre ha sido conflictivo en el PP de Andalucía. Su presidente actual, Juan Manuel Moreno, ha sido uno de los que más se ha destacado por intentar poner algo de orden en ese tema, exigiendo su renuncia incluso a alcaldes que eran diputados y senadores, y ahora quiere seguir en esa línea en los congresos regionales y provinciales de ese territorio. El problema es que los presidentes provinciales perjudicados, en este caso los máximos responsables del partido en Cádiz, Antonio Sánz; Córdoba, José Antonio Nieto; y Jaen, Jose Enrique Fernández de Moya, no quieren dejarlo. Sanz es en la actualidad delegado del Gobierno en Andalucía, Nieto secretario de Estado de Seguridad, y Moya secretario de Estado de Hacienda. A los dos últimos, además, se les considera muy próximos a Cospedal frente a un Moreno al que se sitúa de cara al futuro entre los apoyos de Soraya Sáenz de Santamaría.

Un escenario parecido ocurre en otros territorios como Cataluña. El nuevo delegado del Gobierno, Enric Millo, es ahora presidente del PP en Girona; y el nuevo portavoz en el parlamento catalán, Alejandro Fernández, es presidente del PP en Tarragona y primer teniente de alcalde de esa capital.

El criterio general de la dirección nacional del PP es que no se puede ser un alto cargo del partido a nivel provincial y tener al mismo tiempo una función institucional o ejecutiva o ser diputado nacional. La única duda aún por resolver de la docena de casos directamente afectados se centra en los presidentes del PP que son ahora delegados del Gobierno, porque se entiende que ese rango no tiene expresamente labores ejecutivas.