El fiscal pide cinco años de cárcel para Matas por financiar al PP balear con dinero negro

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este lunes una pena de cinco años de prisión y nueve de inhabilitación para el expresidente de Baleares Jaume Matas por financiar parte de los gastos electorales del Partido Popular balear entre 2003 y 2007 con dinero negro y mediante la adjudicación de contratos públicos a las empresas que realizaban las campañas. El ministerio público aprecia que Matas incurrió en delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración. En la causa también está acusado José María Rodríguez, conseller de Interior con Matas, que supuestamente emitió facturas falsas desde su departamento y participó en la supervisión de los trabajos electorales.

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El escrito firmado por el fiscal Pedro Horrach relata que las mercantiles del Grupo Over, del empresario Daniel Horacio Mercado, dedicadas a la creatividad y promoción electoral, realizaron servicios para las campañas electorales del Partido Popular en el año 2007 al Parlamento y a los Consells Insulars por un valor global de 216.790,97 euros en conceptos de creatividad, planificación y artes. De esta cantidad, “un importe de 181.031,65 euros fue abonado de forma opaca por el Partido Popular mediante sistemas desconocidos”, es decir, con dinero negro. Según el escrito, Fernando Areal, cuñado de Matas, y por orden de este, plasmó estas entregas bajo cuerda en la contabilidad electoral del partido.

El fiscal señala que “no se trata de acontecimientos aislados u ocasionales, al tratarse de una reproducción de la operativa que desarrolló el Partido Popular en la campaña electoral de abril de 2003”. Esta forma anterior de actuar “comprende hechos presuntamente delictivos que se encuentran prescritos por razón del tiempo”, afirma Horrach.

Según el escrito, el PP utilizaba dos mecanismos para sufragar estos gastos. El primero era “el abono directo de servicios de creatividad y promoción de mensajes electorales en dinero “negro”, en mano y en la sede del Partido”. Estos movimientos, tanto de entrada como de salida, no se contabilizaban en la cuenta electoral. El segundo mecanismo que cita el fiscal Horrach es “el abono por parte de entidades mercantiles privadas, con las que previamente se habían concertado representantes del Partido Popular, de facturas con conceptos simulados que ocultaban servicios de creatividad y promoción de mensajes electorales”.

El fiscal apunta a Matas como la persona que “dirigía de forma personal” la campaña electoral y al entonces presidente del PP palmesano como quien la supervisaba y aceptaba los presupuestos que presentaba Mercado, y quien decidía junto al cuñado de Matas “si se abonaban de forma oficial o en negro con el conocimiento y aprobación del primero”. Tras finalizar la campaña electoral de 2003, Matas y Mercado, según relata Horrach, acordaron que una parte de los gastos electorales que debían abonarse en dinero negro se compensarían mediante la adjudicación de distintos contratos de organismos públicos, unas concesiones que se investigan en varias causas derivadas de esta pieza, la número 27 del Palma Arena.

El fiscal también considera responsable civil al PP “al haber sido beneficiario directo de los hechos objeto de acusación” y pide que sea la formación en Baleares la que responda por los 18.000 euros de indemnización que exige para el Gobierno balear por parte de los acusados. El gerente del PP, Fernando Areal, ya fue condenado por financiar la campaña electoral de 2007 de forma irregular. Areal aceptó una pena de año y medio de prisión y 15.000 euros de multa por un delito electoral tras reconocer que pagó 71.000 euros en negro por gastos de la campaña de las autonómicas de 2007 tras haber superado los límites legales de gasto electoral.