Sin noticias del triple asesino de Usera

¿Quién cometió el triple crimen en el bufete del abogado y exfiscal Antidroga de Perú Víctor Joel Salas? Siete meses después del asesinato de un cliente y de dos empleadas en el despacho Eurasia Legal Inmobiliaria, en el número 40 del madrileño barrio de Usera, el interrogante planea sobre una investigación en punto muerto.

Se desconoce si el autor de la matanza actuó solo o acompañado. También si torturó a las víctimas. Las cuatro huellas dactilares recabadas en el bufete no han permitido identificar a sospechosos. Tampoco ha sido posible extraer ADN de la palanqueta utilizada presuntamente para matar a golpes a uno de los fallecidos, el ecuatoriano Pepe Castillo, de 43 años. Y no se ha interrogado al titular del móvil 663…, quien llamó siete veces a Salas minutos antes del suceso, según revelan a EL PAÍS fuentes de la acusación de este caso donde no hay ni imputados ni arrestados. Ayer, un mensaje de voz informaba de que el citado teléfono no estaba disponible.

José Miguel Ayllón, abogado de la acusación particular en nombre de la Asociación de Apoyo a Víctimas de Delitos (ANVDV), pedirá al magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que se reinicie la investigación y que el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil analice de nuevo las pruebas químicas. El letrado solicitará también que se indaguen los movimientos, la ubicación, llamadas y mensajes de WhatsApp de Salas el día del crimen para confirmar que coinciden con su versión ante la policía.

Las vías de investigación exploradas hasta el momento para desenmarañar qué ocurrió a las 17.00 del 22 de junio en este despacho especializado en gestoría, extranjería y embargos han resultado infructuosas. Un primer informe policial avaló el ajuste de cuentas como tesis principal. El abogado Salas, de 37 años, tenía entre sus clientes a narcos y había recibido amenazas días antes de la matanza.

Más tarde, los agentes dieron credibilidad a la pista de la infidelidad. Tras tomar declaración al dueño del despacho -que tiene escolta y está considerado testigo protegido-, la policía se interesó por seguir el rastro de Dahud Hamid, un americano residente en Alemania cuya esposa mantuvo una relación sentimental con Salas. El sumario recoge que la tarde de la matanza se registraron llamadas desde líneas alemanas en el entorno del despacho de Usera 40.

Persiguiendo esta pista, el juez ha enviado una comisión rogatoria (petición de ayuda judicial) a Alemania para que se interrogue a Hamid. Sin embargo, también se baraja la hipótesis de que este ciudadano –que no está imputado- haya salido del país germano. Los investigadores han encontrado un vídeo donde un hombre con parecido físico a Hamid hace escala en Madrid en un vuelo de Iberia procedente de Frankfurt destino a Venezuela.

El sumario del caso Usera 40, de 689 folios, revela grandes lagunas. La investigación, por ejemplo, no ha identificado a un ciudadano que el día del triple crimen se presentó como “mano derecha del dueño”. Tampoco hay un análisis de las cámaras de seguridad de autobuses y comercios cercanos al bufete. Y se desconoce si el juego de ganzúas y guantes que la policía halló en la cocina del despacho pertenecían al negocio o fueron usados por los asaltantes.

Las pesquisas han aflorado que el autor (o autores) del triple crimen se llevó documentación sobre casos de narcotráfico. Quemó un ordenador y cargó con la unidad central de otro. Junto a los narcos, la cartera de clientes de Salas la completaban ciudadanos asiáticos y empresarios con sociedades en paraísos fiscales.

El sumario no aclara tampoco si la cartera “con bastante dinero” que llevaba uno de los asesinados, el cliente del despacho Pepe Castillo, estaba en su bolsillo o fue sacada y manipulada por los asaltantes. Un detalle que –según fuentes próximas al caso- revelaría si los asesinos comprobaron la identidad de sus víctimas antes de la matanza en el marco de un ajuste de cuentas. También se desconoce dónde está el cuchillo cuyas esquirlas encontraron los investigadores en una silla del despacho de Salas, según fuentes de la acusación.

El propietario del bufete estaba casado con una de las víctimas, Elisa Consuegra Gálvez, de 26 años, hija de una forense y de un teniente coronel del Ejército de Cuba. La fallecida, que había estudiado en la Escuela de Formación de La Habana y en la Universidad Católica de Ávila, llevaba el día a día del negocio. Consuegra Gálvez había manifestado a su círculo más íntimo su intención de abandonar el despacho tras percatarse “de cosas raras”.

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