Cospedal ofrece un pacto para blindar por ley el gasto de Defensa

La aprobación de una ley que blinde la financiación de los programas militares es una antigua aspiración de las Fuerzas Armadas. “Las capacidades militares no se pueden improvisar y hace falta un planeamiento que garantice los medios necesarios y un compromiso presupuestario a largo plazo”, argumentó Cospedal. Es decir: si uno los necesita, un carro de combate, un buque o un caza no se pueden comprar en el supermercado. Su diseño, desarrollo y adquisición requieren un período de entre cinco y 15 años y un esfuerzo inversor sostenido y duradero. Sobre todo si, además de dotar con esos sistemas a las Fuerzas Armadas, se pretende contar con una base industrial capaz de suministrarlos y mantenerlos.

Cospedal ha ofrecido a los grupos parlamentarios trabajar a partir de enero en la elaboración de una ley que garantice la financiación de los programas de armamento; no solo de los vigentes, sino los que se incluirán en el nuevo objetivo de capacidades, que se quiere aprobar en 2017.

España ya tuvo, en la década de los ochenta, una ley de Dotaciones Presupuestarias de las Fuerzas Armadas, que garantizaba en teoría un crecimiento acumulado del 4,4% anual del gasto militar en términos reales, pero estas previsiones quedaron en papel mojado, pues lo único vinculante era lo que se reflejaba cada año en los presupuestos. Además, los gastos militares tuvieron que ceder ante los altibajos del ciclo económico o las opciones políticas del Gobierno de turno, que prefirió priorizar  otro tipo de partidas, como las sociales o las inversiones en infraestructuras, que también tienen un horizonte plurianual.

La ley que pretende Cospedal tendría, si logra el apoyo de la oposición, un valor eminentemente político: el compromiso de que un cambio de partido en el Gobierno no cuestionaría el programa de inversiones. España ya tiene, desde la cumbre de la OTAN en Cardiff (Gales) en 2014, el compromiso de elevar su gasto en Defensa hasta el 2% del PIB, lo que supondrá más que duplicar el presupuesto actual, pero para ello tiene un plazo de 10 años y habrá que hacerlo compatible con el objetivo de reducir el déficit público, según advirtió Cospedal.

De momento, la ministra confirmó que Defensa incluirá en su presupuesto ordinario para el próximo año la partida correspondiente a los Programas Especiales de Armamento (PEAS). Eso obligará a incrementarlo en 1.824,5 millones de euros, correspondientes a la anualidad de 2016, que no se abonó por estar el Gobierno en funciones, y a la de 2017. Se trata, según subrayó Cospedal, de un ejercicio de transparencia, aunque sea un ejercicio obligado, pues el Tribunal Constitucional declaró ilegal el recurso al decreto ley para abonar esta factura.

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El anuncio ha sido aplaudido por los portavoces del PSOE, Ricardo Cortés, y Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, aunque el primero le advirtió de que su “mano tendida no es un cheque en blanco”.

Jubilación forzosa

La oferta de diálogo no se ha limitado al presupuesto. Cospedal ha anunciado una ley de Movilidad que contemple la conciliación familiar de los militares y ofreció “diálogo constructivo” para “desarrollar y perfeccionar” la carrera profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Juan Antonio Delgado, de Podemos, ha calificado de “purga” la jubilación forzosa de los militares temporales que cumplen 45 años, mientras que la ministra se ha quejado de que tres autonomías —Madrid, Valencia y Cantabria, a las que no ha citado— hayan denunciado el convenio para recolocar a exmilitares en sus policías locales. La situación de la tropa y marinería temporal será estudiada en una subcomisión del Congreso con la que Cospedal se ha comprometido a colaborar.