El futuro incierto de las “leyes de la oposición”

El Tribunal Constitucional tendrá en su mano el futuro de las "leyes de la oposición", es decir, aquellas proposiciones de los grupos que puedan salir adelante en contra del voto del PP y pese al veto del Gobierno. Se trata de un complicado e insólito conflicto jurídico entre el poder legislativo y el ejecutivo con consecuencias políticas fundamentales para toda la legislatura. Si llegaran a culminar el largo proceso legislativo y entrar en vigor podrían ser anuladas posteriormente por vicio de procedimiento si así lo decidiera el Constitucional a instancias del Gobierno.

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Por ejemplo, el martes el Pleno muy probablemente admitirá a trámite una proposición de ley del PSOE que empieza a desmontar aspectos concretos de la reforma laboral para que, por ejemplo, los trabajadores de empresas subcontratadas o de externalización de servicios mantengan las garantías del convenio general, como es el caso de las empleadas de hoteles.

Esa proposición de ley fue vetada por el Gobierno en ejercicio del artículo 134 de la Constitución que señala que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación". Sin embargo, la Mesa del Congreso decidió que ese veto no estaba justificado y mantuvo el trámite de la norma. El Gobierno reaccionó con un acuerdo de Consejo de Ministros instando al Congreso a rectificar, como paso previo a la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Constitucional. La Moncloa considera que la potestad de veto no puede ser rectificada por el Congreso, mientras que la Mesa (salvo el PP) entiende que si no está justificada y no tiene repercusión presupuestaria o no afecta a las cuentas del ejercicio presente puede seguir el trámite de la proposición.

¿Quién decide? El Tribunal Constitucional, pero dentro de un tiempo por lo que las proposiciones de la oposición seguirán adelante y, en todo caso, serían anuladas posteriormente si el Gobierno gana el conflicto. En el caso citado el embrollo afectaría a derechos laborales de personas concretas.

Si fuera así, Rajoy tendría un instrumento legal para sobrevivir a la minoría parlamentaria. Si ganara el Congreso, el Gobierno tendría notables dificultades para ejercer su función porque las proposiciones le obligarían a descuadrar las cuentas públicas. El Ejecutivo ya ha vetado 16 proposiciones, lo que da idea cuantitativa de la magnitud del conflicto.

Precedentes del Constitucional

Para complicarlo todo más, el Constitucional solo se ha pronunciado dos veces sobre asuntos semejantes referidos a comunidades autónomas, pero de forma aparentemente contraria en cada una de esas sentencias y, a pesar, de que fueron emitidas con una diferencia de pocos meses.

La referida a Extremadura anulaba un artículo del reglamento de la asamblea que pretendía dejar al Parlamento la capacidad de levantar esos vetos del Ejecutivo. "El Ejecutivo queda facultado con toda libertad para oponerse a las iniciativa que pretendan modificar los Presupuestos y sin que puedan los órganos parlamentarios emitir un juicio sobre el carácter manifiestamente infundado o no de tal oposición", señalaba el Tribunal.

Pocos meses después, el Constitucional, en un recurso sobre el País Vasco, decía que "es posible un pronunciamiento de la Mesa sobre el carácter manifiestamente infundado del criterio del Gobierno". Es decir, aparentemente sentenciaba lo contrario para Extremadura que para el País Vasco.

Además, la propia presentación de veto, aunque sea luego fallido, le sirve al Gobierno porque demora la aprobación en la ida y venida de los pronunciamientos entre ejecutivo y legislativo. Por ejemplo, los grupos presentaron una proposición de ley para subir las pensiones el 1 de enero de 2017 y el Gobierno lo vetó, pero la Mesa este martes lo devolvió al Gobierno para que lo reconsidere. Como no hay plazo de respuesta ya no se aprueba para el 1 de enero y ya ha ganado el Gobierno.

Para complicarlo todo más, en las Cortes, desde 1978 el partido que más ha utilizado el veto ha sido el PSOE, que es el que ahora encabeza la batalla contra La Moncloa. PP y Ciudadanos esgrimen precedentes de 2010 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero vetó y paró una proposición de ley de la oposición y, precisamente, sobre subida de las pensiones.

En la Mesa, el PP defiende que el veto es inamovible; el PSOE asegura que sí se puede levantar; Ciudadanos defiende la potestad del Gobierno, condicionada solo a que afecte a Presupuestos y no sea arbitraria y Podemos quiere un acuerdo político general para toda la legislatura.