La policía abre un expediente de expulsión al activista Lagarder Danciu

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La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Málaga ha abierto este miércoles un expediente de expulsión de España contra Lagarder Danciu, un activista de origen rumano conocido por su defensa de los derechos de las personas sin hogar. La policía local arrestó este martes a Danciu en una protesta a favor del derecho a la vivienda en uno de los actos de la ciudad para celebrar el Día de la Constitución. La detención duró 27 horas.

A la salida del juzgado, un funcionario notificó al activista que se había abierto un expediente de expulsión en su contra, a pesar de que es ciudadano de la Unión Europea. Danciu cuenta con 15 días para presentar alegaciones. La legislación española solo contempla la expulsión de un ciudadano comunitario por motivos de orden, seguridad y salud pública. El abogado del activista, Oliver Roales, explica que las autoridades alegan la "peligrosidad" de su cliente y justifican el expediente de expulsión en dos detenciones: la del pasado martes y un arresto, también en una protesta, en octubre de 2015. 

Roales, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga, considera que no se puede iniciar un procedimiento de expulsión por dos detenciones y confía en que esta causa no tenga recorrido. "La actuación administrativa es arbitraria y no tiene fundamentos", argumenta. Lamenta que este tipo de actuaciones puedan intimidar a los ciudadanos para ejercer su derecho a manifestarse.

Este martes, Danciu y otros activistas que protestaban desde el balcón de un piso que da a la plaza de la Constitución de Málaga desplegaron una pancarta en la que se leía Los sin techo existimos. "Le queríamos pedir al alcalde, Francisco de la Torre Prados, que estaba en la plaza, viviendas dignas para las 2.000 personas sin hogar que hay en esta ciudad, un derecho que recoge la Constitución", explica por teléfono Danciu. Tras el desalojo de los manifestantes, el activista fue detenido y acusado de un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. 

Su abogado afirma que el juzgado de instrucción retiró la acusación contra el activista y le dejó en libertad sin cargos. "Hay un vídeo que recoge los hechos y no coincide con el atestado policial". La causa está archivada. Sin embargo, Danciu aún tiene un juicio pendiente, que se celebrará el próximo enero, por su detención, en octubre de 2015, durante otra protesta en Sevilla. El activista cuenta que se le acusa de un delito de desobediencia a la autoridad y de otro de agresión.

Danciu vive en España desde hace 12 años. El activista asegura que ha trabajado como profesor de niños de escasos recursos y como traductor para la policía y la justicia andaluza. La investigación sobre el presunto fraude de la ONG Unión Romaní arrancó después de que Danciu, un exmiembro de la organización, denunciara en 2012. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la capital andaluza detectó irregularidades por importe de 150.000 euros en las cuentas de 2011 de la ONG.