La legislatura de las subcomisiones

“El Congreso tiene tres misiones. Una, pasar leyes. Otra, impedir que pasen. Pero la más importante consiste en asegurar que los asuntos se alarguen indefinidamente, que nada se resuelva por completo, que la agenda esté llena de pendientes”, explicaba Carlos Fuentes en La Silla del Águila. Y la suma de esas tres misiones describe la forma en la que el Gobierno de Mariano Rajoy, un mes después de la investidura, actúa en minoría respecto al Congreso de los Diputados.

La primera misión la cumple por el momento asegurándose primero lo imprescindible: la aprobación del techo de gasto con PSOE y Ciudadanos y a continuación los Presupuestos con PNV; la segunda con el veto a proposiciones de ley del resto de grupos y la tercera con la creación de subcomisiones a las que derivar el estudio de futuras reformas legales. La combinación de las tres hace que Mariano Rajoy haya podido ganar tiempo suficiente como para estar a un paso de asegurarse el primer año de legislatura, la cuarta parte de su segundo mandato.

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Las subcomisiones, según describe la propia web del Congreso, “son órganos de estudio y propuesta que se constituyen en el seno de las Comisiones. Tienen una importancia considerable, ya que es donde se efectúa el estudio más detenido de los diversos asuntos sometidos a la consideración de las Comisiones”.

La idea es que sirvan para preparar reformas legales con comparecencias de expertos y petición de informes y que, al final de su trabajo, emitan un texto que sirva de base para futuras normas. Algunas han sido iniciativa del Gobierno, como la que estudiará la reforma de la Administración de Justicia, otras de la oposición como la futura de reforma constitucional y otras han sido pactadas como la de Educación para sustituir la Lomce.

Pero la conclusión es, por un lado, que el Gobierno logra ganar tiempo para no perder votaciones sobre proposiciones o proyectos de ley y permitiéndose perder las de mociones o proposiciones no de ley, sin valor efectivo, reservándose para futuras batallas. Es decir, el Gobierno gana tiempo.

La otra conclusión es que en estas semanas se ha situado al Congreso al borde del colapso. Hasta el punto de que la presidenta, Ana Pastor, tuvo que pedir a los portavoces que racionalizaran y priorizaran las más de 30 peticiones de creación de subcomisiones. Para los grupos más grandes es posible afrontarlas, pero para los grupos más pequeños resulta casi imposible atender a todas a pleno rendimiento, por lo que han aceptado la petición de Pastor.

Por el momento, el Gobierno ha conseguido que asuntos como la Lomce, el Pacto de Toledo, la reforma de la Justicia, la ley de autónomos, el Pacto de Toledo, la reforma de la Constitución, la ley contra la Violencia de Género y la reforma de la Ley Electoral, entre otras, se deriven hacia esas subcomisiones. Esos asuntos difíciles se retrasan.

Todas parten con un plazo reglado de seis meses de funcionamiento, pero son ampliables, por lo que pueden llegar, al menos, hasta el periodo de sesiones que se inicia en septiembre. Es decir, casi un año después del inicio de la legislatura.

La sobrecarga de subcomisiones y la falta de acuerdo sobre los objetivos han frenado también el arranque de la comisión sobre corrupción que preside Toni Cantó, diputado de Ciudadanos. La idea inicial era subdividirla en subcomisiones, según cada tema de estudio, pero probablemente no arranque hasta iniciado 2017.

Tampoco tienen fecha siquiera para debatirse y aprobarse la comisión de investigación sobre financiación ilegal del PP que pactaron Mariano Rajoy y Albert Rivera y no se ha constituido la que debe investigar el Ministerio del Interior, debido a la enfermedad de Jorge Fernández Díaz.

La misión de “impedir que pasen” las leyes la ejerce el Gobierno con los vetos. Las próximas semanas la Mesa del Congreso deberá decidir si persiste en rechazar los vetos del Gobierno a proposiciones de ley como la de subida de pensiones o si los acepta y para esas iniciativas de la oposición. El PP es partidario de aceptarlos por entender que, como permite la Constitución puede evitar que se tramiten iniciativas que afectan a los Presupuestos; PSOE y Podemos quieren rechazarlos como hicieron con el de la Lomce y Ciudadanos duda, aunque se inclina por pedir más información al Gobierno.

Fuentes de la Mesa indican que esta última opción es la más probable y se inclinan por devolver el veto al Gobierno, utilizando como base un contradictorio informe de los letrados del Congreso y con la idea de que el veto a la subida de las pensiones se refiere a una iniciativa que remite a un Presupuesto que no es el que está en vigor, sino uno futuro. No está claro cómo terminará ese intercambio, porque el Gobierno cree absoluto su poder de veto y otros grupos como PSOE y Podemos creen que la Mesa puede decidir seguir adelante haciendo caso omiso al bloqueo del Ejecutivo. El Constitucional decidirá en algún momento.

Fuentes del PP explican que es probable que el Gobierno lleve el conflicto al Tribunal Constitucional antes de final de año. Aunque la resolución se demore, su resultado podría ser la vía para facilitar el Gobierno en minoría frente al Parlamento, según explica el PP. Ahí en ese pulso de juega gran parte de la legislatura.

La misión de “pasar leyes” la ejerce el Gobierno de forma restrictiva: primero lo esencial, es decir, los Presupuestos, y el resto solo si hay acuerdo previo. La consigna de La Moncloa a los ministros es presentar proyectos de ley solo si hay acuerdo previo con los partidos, especialmente, con PSOE y Ciudadanos que son los que garantizan la aprobación. El objetivo es que los proyectos de ley que presente el Gobierno no sean derrotados.

Se suman otros partidos como el PNV en el caso de los Presupuestos, con una negociación que tendrá en breve el preámbulo de la retirada de recursos ante el Tribunal Constitucional contra leyes vascas.

Por el momento, el PP pierde las votaciones de mociones y proposiciones no de ley sin valor efectivos, sólo simbólico o político. También pierde las de toma en consideración de proposiciones de ley de los grupos, porque los partidos, generalmente, votan por aceptar discutir las iniciativas de los demás y, en todo caso, supone abrir el largo proceso legislativo que puede durar hasta un año y para el que es preciso acuerdo entre posiciones muy diferentes sobre artículos concretos. Por ejemplo, el dia 13 puede admitirse a trámite la iniciativa del PSOE para derogar la reforma laboral, pero luego durante meses hay que lograr que coincidan PP, Podemos o Ciudadanos en la regulación. El Gobierno gana tiempo y puede adelantarse en lo inevitable, como ha hecho con el Salario Mínimo o la Lomce.