El fiscal solicita siete años de prisión para el Pequeño Nicolás

Tres meses después de que el juez Arturo Zamarriego cerrara el procedimiento sobre la primera pieza del “caso Nicolay”, la fiscalía ha presentado su escrito de acusación, dando por buenos los argumentos del magistrado para la apertura de juicio oral. Finalmente, el fiscal ha podido clarificar todos los asuntos que reclamaba a la comisión judicial de la Policía Nacional y ha desbloqueado el procedimiento, que pasará en breve a la Audiencia Provincial de Madrid para que inicie el juicio oral.

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La acusación se refiere al llamado “caso Ribadeo”, en el que Gómez Iglesias se hizo pasar por ser enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa del Rey para ganarse la confianza de Jorge Cosmen, presidente de la empresa ALSA. El 13 de agosto de 2014 organizó una comida con el citado empresario en el restaurante del Puerto Deportivo de la localidad de Ribadeo (Lugo), disponiendo de una serie de medios públicos para hacerle creer que ostentaba un cargo oficial.

El acusado llegó a anunciar que a la cita acuidiría una persona muy importante de la Casa del Rey.

El fiscal considera probado que el acusado utilizó para su falso operativo oficial a los policías municipales de Madrid Jorge González Hormigos y Carlos Pérez López-Dávila, que le proporcionaron los medios policiales necesarios para aparentar el carácter oficial de la reunión. Gómez Iglesias concertó, según el escrito de acusación, la gratificación que recibirían por sus servicios: 2.000 euros al primero y 400 al segundo.

El acusado llegó a confeccionar en su ordenador personal “dos acreditaciones mendaces del Ministerio del Interior” para los vehículos que utilizó como supuesta caravana oficial de cuatro coches, conducidos por chóferes contratados, en su viaje de Madrid a Ribadeo. Los policías municipales utilizaron rotativos luminosos, aparatos de transmisión, auriculares de oreja (“pinganillos”) y falsas acreditaciones oficiales, además de exhibir sus armas reglamentarias. Gómez Iglesias llegó a engañar a la Policía Municipal y al propio alcalde de Ribadeo.

El fiscal acusa a Francisco Nicolás Gómez Iglesias de los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo y solicita las penas siete años (dos, uno y cuatro años por los citados delitos), así como una multa de 27 meses con una cuota diaria de 100 euros, lo que supone un total de 81.000 euros.

A los policías municipales les acusa de usurpación de funciones públicas y delito de cohecho pasivo, por lo que pide para ambos penas de 18 meses de prisión por el primer delito y cuatro años por el segundo. Además, el fiscal solicita su inhabilitación especial para la profesión de policía por tiempo de nueve años y una multa de 4.500 euros para cada uno. Por último, el fiscal pide la apertura inmediata de pieza separada por responsabilidad civil, requiriendo a los acusados que presten la fianza suficiente para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias.