La acusada de exterminar 2.183 perros y gatos niega los hechos

Carmen Marín fundó en 1996 la protectora Parque Animal de Torremolinos para fomentar el cariño a las mascotas y buscarles un hogar. Catorce años más tarde fue detenida por supuesto maltrato y el sacrificio “masivo” de animales. La fiscalía cree que en las instalaciones de la asociación se realizaron “auténticas sesiones de exterminio”, con 2.183 perros y gatos muertos sin control en apenas dos años, tras “una lenta y dolorosa agonía” porque supuestamente se les suministró menos dosis de las necesarias para ahorrar costes. “Jamás. Tengo fobia a poner inyecciones”, ha asegurado Marín este martes en el inicio del juicio por estos hechos, por los que se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de cárcel.

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Marín ha negado absolutamente todas las acusaciones contra ella y se ha presentado como una amante de los animales. Para intentar demostrarlo, y a petición de su abogada, le ha dicho al titular del Juzgado de lo Penal 14 de Málaga, encargado de enjuiciarla junto a un antiguo empleado de la limpieza, que ahora mismo tiene en casa 12 perros, 14 gatos, dos conejos, dos ocas y otras tantas tortugas. Ha rechazado que ordenara la eutanasia de las mascotas y ha recordado que eso es algo que corresponde a los veterinarios. “Si sujetaba a algún animalito cuando había que ponerle un chip, tenía que mirar hacia otro lado”, ha subrayado para ahondar en su supuesto miedo a las agujas.

El sacrificio “masivo” e “injustificado se habría producido al menos entre enero de 2008 y octubre de 2010. Marín fue arrestada un mes más tarde por agentes del Seprona de la Guardia Civil, que inspeccionaron las instalaciones en tres ocasiones antes de actuar contra la entonces presidenta de la protectora. Fue un veterinario quien denunció lo que estaba pasando. Según la acusación pública, ella “impartía las instrucciones y ejecutaba” con la colaboración “imprescindible” de su empleado, que se expone a un año de cárcel por maltrato animal. Ambos carecían de la titulación necesaria para hacerlo.

El relato de la fiscalía es atroz. “Para llevar a cabo estar exterminaciones programadas, preferentemente a primeras horas de la mañana, se desconectaban las cámaras del centro y se conectaba la música a la megafonía a alto volumen” con el objetivo de enmascarar “los alaridos” de los animales. “Todo esto es un cúmulo de mentiras”, ha dicho Marín durante su declaración en la vista oral, en la que hay cuatro acusaciones particulares, incluidos el Colegio de Veterinarios de Málaga y la protectora El Refugio.

"Los días de exterminio solían ser los lunes [...] Si un viernes había una galería de perros llena y el lunes no había ninguno, lo que suponíamos es que los habían sacrificado", ha contado en la vista, como testigo, un veterinario que trabajaba en esa etapa en la protectora. Ha precisado que no vio directamente a los acusados realizar estas prácticas. Un colega suyo ha explicado al juez que vio una "matanza" de animales en dos ocasiones, presumiblemente porque "se administró menos producto y donde no se debía". "No podíamos pasar a la parte de atrás donde estaban los chillidos de los perros y entonces sabíamos que iban a sacrificarlos, pero no podíamos hacer nada", ha añadido.

La acusada ha hablado de una especie de teoría de la conspiración de varios veterinarios contra ella para quedarse con la clínica que había en la protectora. De uno de ellos ha dicho que se dedicaba a ver películas de contenido pornográfico en su ordenador. “¡Qué disparate!”, ha subrayado en varias ocasiones, una de ellas, cuando el fiscal le ha preguntado si suministraba menos dosis de Dolethal para los sacrificios. Marín ha afirmado que en sus instalaciones “solo se sacrificaba lo justo, lo mínimo”. Según su versión, en tres años fueron 283 animales y siempre porque estaban enfermos.

Parque Animal actuaba de perrera gracias a una concesión administrativa del Ayuntamiento de Torremolinos, que se hacía cargo del pago de las incineraciones de los animales. Marín está acusada también de intrusismo profesional y falsedad documental. Supuestamente, como tenía que adquirir grandes cantidades de productos eutanásicos, firmaba las recetas a nombre de veterinarios supuestos o alteraba los datos. También ha negado estas acusaciones y que le pidiera a la empresa que le suministraba el Dolethal que le hiciera facturas fechadas unos meses antes. De la elaboración de los listados sobre las incineraciones que se pasaban al Ayuntamiento ha responsabilizado a una empleada. Ella se ha desvinculado de todo el papeleo. “Mi ocupación eran los animales y buscarles dueño”, ha recalcado.

Marín no ha pestañeado durante el interrogatorio, en el que no ha contestado a las acusaciones particulares. Ni siquiera cuando ha contado su versión de lo que pasó con dos cachorros de podenco, sanos, que supuestamente fueron sacrificados pocas horas después de llegar a la protectora. “A mediodía, llegó una familia alemana que iba a Benidorm y se los llevaron. Querían uno y los convencí para que no los separaran y se quedaran con los dos”, ha dicho. “Soy amante de los animales, no me atrevo ni a cortarles las uñas”. El juicio continuará miércoles y jueves.