Pedraz investiga por homicidio imprudente al embajador de España en Kabul por el atentado de 2015
En el ataque talibán contra la legación española en Afganistán murieron dos policías nacionales
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![Un hombre en medio de la destrucción tras el ataque contra la Cancillería de España en Kabul.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/K7MMEABBLSPRROV446FU44NXQQ.jpg?auth=d2effaa3e35554deece9a94f9cabc558137a3bdee8f964dcae1737978003ca67&width=414)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz va a investigar por homicidio imprudente al embajador de España en Afganistán, Emilio Pérez de Agreda, y al entonces segundo embajador, Oriol Solá, por el ataque talibán que sufrió la legación diplomática el 11 de diciembre de 2015, en el que murieron dos policías nacionales y otros siete resultaron heridos. El magistrado ha admitido a trámite la querella presentada por la familia de uno de los agentes fallecidos, Jorge García Tudela, y por los siete heridos en la que se subrayaba la falta de medidas de seguridad en la representación diplomática en la capital afgana. Estas deficiencias fueron comunicadas tanto al embajador como al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Según la querella, el día del atentado, perpetrado por tres talibanes que penetraron armados en la embajada tras derribar uno de sus muros con un coche bomba, el embajador Pérez de Agreda se encontraba de vacaciones en España, y Oriol Solá estaba como máximo responsable de la cancillería. El edificio, construido en 2008, se ubicaba en una zona de alto riesgo, en un barrio rodeado de casas de militares y señores de la guerra, y fuera de la llamada “zona verde” de seguridad de Kabul, donde el embajador Pérez de Agreda tenía su residencia.
Al hallarse en una zona de conflicto, la custodia de la sede diplomática se encomendó inicialmente a los Grupos Especiales de Operaciones (GEO), aunque entre 2012 y 2013, este cuerpo policial de élite fue sustituido por funcionarios de otras unidades de la Policía Nacional. Estos pronto comenzaron a comunicar al embajador las condiciones de ausencia de seguridad del edificio y el riesgo para la vida de los allí destinados. La embajada, se recoge en la querella, contaba con garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera, que solo fueron cambiadas por otras de latón en 2011 con una partida presupuestaria de 5.000 euros.
La querella pone de relieve que el embajador Pérez de Agreda “nunca atendió” las peticiones y recomendaciones de seguridad de los funcionarios policiales. Ni hizo caso a las advertencias sobre la estructura del edificio, ni sobre las rutas y horarios del personal. El escrito denuncia que el jefe de la legación no trasladó al Ministerio de Asuntos Exteriores los informes de los cuerpos de seguridad.
Respecto al segundo embajador Solá, que ya no está destinado en Kabul, la querella señala que “ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio”. Según la denuncia, Solá “permitía el trasiego de mercaderes que paseaban por la embajada” y “consentía la entrada de coches, furgonetas y camiones, con joyas, alfombras y otros enseres”. El número dos de la legación permitía estas entradas, según la querella “sin avisar con el tiempo suficiente a los equipos de custodia y seguridad para la identificación de personas y cosas”.
Además de los policías Gabino Sanmartín y Jorge García Tudela, en el ataque murieron diez ciudadanos afganos que velaban por la seguridad de la embajada. Según la querella, la misma mañana del 11 de diciembre, los servicios secretos franceses alertaron del riesgo de atentado en la legación española, pese a lo que no se tomaron medidas extraordinarias de seguridad. El ataque se inició alrededor de las 18.00, hora local, y no terminó hasta el amanecer del día 12, cuando los terroristas fueron abatidos por fuerzas estadounidenses.
La admisión de la querella, que se extiende, como posibles responsables civiles a los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior, se produce en el marco de la jurisdicción universal. La ley permite a los jueces españoles investigar delitos cometidos por funcionarios públicos españoles residentes en el extranjero cuando se perpetren en el ejercicio de sus funciones. Para que la jurisdicción sea efectiva hace falta que la fiscalía o los afectados por el delito interpongan una querella, como ha ocurrido en este caso.
Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado este miércoles que el departamento ofrece su "plena colaboración con la justicia para esclarecer los hechos", así como la "máxima disponibilidad" del embajador Pérez de Agreda y del entonces encargado de negocios Solá.
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