La Junta andaluza pide 11 años de cárcel para un ex alto cargo por contratos fantasma

No todo son pólizas y expedientes de regulación de empleo en el caso de los ERE fraudulentos. En el caos que reinó en la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía durante el mandato de Javier Guerrero, las irregularidades también tuvieron otro cariz. Como la contratación de 44 trabajadores en el seno de la Consejería de Empleo, algunos de ellos amigos y vecinos de Guerrero, acordada sin publicidad y gracias a la complicidad entre el ex director general y un amigo empresario de la firma Umax.

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Después de destaparse la contratación irregular de estos empleados, un juzgado investigó el asunto y en 2017 se celebrará el juicio. La semana pasada las acusaciones han presentado sus escritos de petición y la Junta de Andalucía reclama 11 años de cárcel y 30 de inhabilitación para Guerrero por malversación y falsedad en documento oficial y prevaricación tras los pagos realizados entre 2003 y 2010 a Umax y otras sociedades. Además, la Junta pide a su ex director general una indemnización de 467.106 euros.

Para su sucesor, Juan Márquez, el Gobierno andaluz exige siete años de prisión, 23 años de inhabilitación y el pago de una multa de 4.500 euros. Sin embargo, la acusación más dura es para el empresario que contrató a los trabajadores gracias a su complicidad con Guerrero, Ulpiano Cuadrado, al que pide 16 años, 800.000 euros de multa y la prohibición de optar a ayudas públicas durante 12 años.

El Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla había procesado a Guerrero y Márquez, pero también al sucesor de este último, Daniel Alberto Rivera y a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo. A estos tres últimos les deja fuera la Junta en su escrito de calificación.

Guerrero creó a partir de 2003 tanto en su Dirección General como en los servicios provinciales de la Consejería de Empleo una estructura administrativa de personal "al margen" de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente para las mismas "mediante la contratación de, al menos, 44 personas, la mayor parte de las cuales pertenecía a círculos de su proximidad (vecindad o amistad)", denuncia la Junta en su escrito.

Esta mecánica continuó en el tiempo una vez se produjo el cese de Guerrero y el nombramiento de Márquez, quien "continuó abonando facturas a las entidades vinculadas" con Ulpiano Cuadrado " y proponiendo la contratación por éstas, para desarrollar trabajos en la Dirección General, de personas de su círculo de confianza".

Para ello obviaron la Ley de Contratos del Estado para solo contratar las personas que indicase Guerrero. Los pagos a las empresas de Cuadrado se hicieron mediante procedimientos negociados sin publicidad o bien mediante expedientes de contratación menor. Así se giraban facturas por dichas sociedades que respondían a servicios en realidad inexistentes.

La contraprestación del grupo de empresas Umax consistía en el importe bruto de las retribuciones y cotizaciones sociales de los trabajadores contratados para prestar sus servicios en la Dirección de Trabajo más un porcentaje no inferior al 20% de dicho importe, porcentaje "que constituía la retribución" del empresario "por la única labor de formalizar los contratos de trabajo y dar de alta en la Seguridad Social a las personas que indicaba" Guerrero.