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¿De quién es la calle?

Los movimientos sociales recelan de la intención de Podemos de capitalizar la protesta y los sindicatos ven lejana la posibilidad de una huelga general

Concentración convocada por varias organizaciones sociales frente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, Madrid.
Concentración convocada por varias organizaciones sociales frente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, Madrid. EFE

En las últimas semanas, Pablo Iglesias ha hablado más de la huelga general que cualquier sindicalista. “Si hay una huelga general tenemos que tener una máquina de combate para demostrar que somos la oposición, porque podemos ayudar a las organizaciones de la clase trabajadora a convocar esa huelga”, afirmó el líder de Podemos en un mitin el pasado 15 de octubre revelando sus intenciones de ocupar un papel protagonista en el conflicto social. Los agentes sociales avisan en cambio de que la movilización ciudadana, frenada de forma brusca a partir de 2015, no dependerá solo de Podemos y recelan de su posible intención de instrumentalizarla. La calle, en definitiva, no es de nadie.

Podemos quiere agitación y protesta en la calle tras la investidura de Mariano Rajoy. El partido sitúa la movilización social como objetivo estratégico prioritario con el Gobierno del PP, desde el análisis de que su papel en el Parlamento —y el de la oposición en su conjunto— es limitado, y le acecha el riesgo de convertirse en la misma casta contra la que nació. Pablo Iglesias sostiene, por ejemplo, que las proposiciones no de ley, como la aprobada por la oposición en el Congreso la semana pasada para igualar los permisos de paternidad y maternidad, no son más que “papel higiénico” si el Gobierno no permite aplicarlas. “Si no gobiernas, las instituciones son una trituradora”, asegura el líder de Podemos, cuya estrategia, criticada por el resto de formaciones políticas por su desdén a la labor parlamentaria, pasa a cambio por instigar el conflicto en la calle.

Los movimientos sociales reivindican, a cambio, su autonomía. “Todos los partidos tienen que acompañar y escuchar lo que dice la ciudadanía. Pero la protesta social se mueve por sí sola. La ciudadanía ya crea por sí misma sus propios movimientos”, advierte Elisa Miralles, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La PAH, uno de los principales movimientos sociales, del que proceden muchos dirigentes de Podemos, cree que “puede haber un intento de capitalización” de la protesta social, pero no por ello van a dejar de movilizarse. “Es importante que se siga ejerciendo presión por todos los lados”, señala Miralles. “Es legítimo que un partido plantee recuperar la calle, pero nosotros nunca la hemos abandonado. Seguimos nuestro trabajo, que obedece a nuestra propia reflexión”, apunta por su parte Francisco García, de la Plataforma por la Escuela Pública, principal impulsora de la Marea verde por la educación. “Espero que el rédito de las movilizaciones educativas lo obtenga el conjunto de la sociedad”, reflexiona

Los sindicatos, por su parte, ven lejana la huelga general que parece ansiar Iglesias, aunque no descartan ninguna herramienta a su alcance en caso de conflicto con el Gobierno. El líder de UGT, Pepe Álvarez, aludió a este tipo de protesta preguntado expresamente por ello. Pero la huelga  o parece, sin embargo, figurar en un horizonte inmediato. Si finalmente hay Gobierno esta semana, la agenda está plagada de elementos que no hacen prever un otoño caliente: negociaciones sobre la financiación de las pensiones, renovación del acuerdo marco sobre salarios, reforma de contratos para adaptar la norma a las sentencias europeas…

En este contexto de negociaciones, Álvarez cree que la posición de Iglesias refuerza las posiciones sindicales. “Nos viene bien”, apunta, en la única valoración que hace sobre la estrategia de Podemos. Después señala que, en su opinión, “las posibilidades de llegar a acuerdos [entre el Gobierno y los agentes sociales] son pequeñas” por las exigencias de Europa. “Este país crece al 3%. No nos planteamos que nos dejen como estamos, hay que mejorar [repartir mejor la riqueza]. Si no hay posibilidades de entrar a fondo en asuntos como la reforma laboral, va a haber conflicto”, abunda.

CC OO ve también muy lejana la convocatoria de una huelga general. Solo la considerarían si se acaba sin pactos o con un ajuste muy duro, que no descartan por las imposiciones de Bruselas. En las centrales sindicales se aprecia, en todo caso, un cambio en su relación con Podemos, antaño complicada, porque ya no hay incertidumbre. “Ha habido un aprendizaje mutuo”, señalan en CC OO, donde subrayan que muchos de miembros del partido proceden del sindicato, algo que ha desembocado en una “relación fluida”. “Se ve un abandono de la idea inicial del sindicato [en referencia a UGT y CC OO] de la casta”, reflexiona Álvarez.

Podemos se defiende. “No vamos a monopolizar el trabajo social, pero tampoco vamos a ser imparciales. Hemos tomado partido por los de abajo”, asegura en conversación con EL PAÍS Rafael Mayoral, secretario de relación con la Sociedad Civil de Podemos, para quien la formación se volcará en la calle porque es “jurídicamente un partido, pero en la práctica un movimiento popular por el rescate de la democracia”, sostiene. Según Mayoral, “el conflicto social se ha transformado en un conflicto político entre las élites y la mayoría social, y eso significa que las organizaciones políticas no pueden ponerse de perfil porque si no se están poniendo del lado de los poderosos”, señala. En el partido, en pleno debate entre pablistas y errejonistas sobre su papel en las instituciones, triunfan de momento las posiciones que dan prioridad a la protesta fuera de las paredes del Parlamento. “Que nadie piense que nuestros cargos públicos van a estar calentando el sillón en el escaño”, avisa Mayoral.