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Roquetas se moviliza para frenar 8.000 pisos en las salinas

La localidad almeriense proyecta un plan con torres de 33 pisos pese a la oposición vecinal

Humedales alrededor de los que Roquetas prevé construir 8.000 viviendas.
Humedales alrededor de los que Roquetas prevé construir 8.000 viviendas.

Más de 26.000 personas se han alzado contra el proyecto para levantar 8.000 nuevas viviendas en un entorno de humedales en Roquetas de Mar (Almería). La oposición de los vecinos, que han firmado en la plataforma Change.org, radica en que la zona, que posee valor ecológico, es donde muchos hacen deporte y miran al horizonte sin antenas en una costa urbanizada casi por completo. Y ahora se prevén varias torres de 33 plantas, según el plan del Ayuntamiento, gobernado por el PP en minoría con el apoyo de Ciudadanos.

Las 8.000 viviendas ocuparán Las Salinas de San Rafael, que rodean la Ribera de la Algaida, una zona de humedales que con las nuevas promociones quedará rodeada de cemento. En 2011 el Ayuntamiento ya intentó sacar adelante el plan, pero la movilización vecinal logró frenarlo.

En plena resaca de la crisis del ladrillo, las voces críticas cuestionan bajo qué lógica -empresarial, ambientalista o especuladora- una localidad costera con el 24% de sus viviendas vacías (14.065 de un total de 57.285) promueve la construcción de 8.000 casas nuevas en unos terrenos de dos millones de metros cuadrados.

Gabriel Amat, a un paso de su salida tras 21 años como alcalde

La reciente denuncia de la Fiscalía de Almería contra el líder del PP en esa provincia y presidente de la Diputación, Gabriel Amat, sobre la concesión a su yerno de cinco contratos por 1,2 millones, le ha dejado a un paso de su salida como alcalde de Roquetas de Mar después de 21 años. Más de dos décadas como regidor y 12 como presidente del PP almeriense. Ciudadanos sostiene en la alcaldía a Amat –que gobierna en minoría- gracias a un acuerdo de investidura. Y si el juez comparte la tesis del fiscal y Amat se convierte en investigado en las próximas semanas, Ciudadanos romperá dicho pacto y pedirá su salida.

“En el momento en que sea imputado por corrupción política, pediremos su dimisión. El ejemplo es Granada [donde el alcalde José Torres Hurtado fue detenido, se resistió a dimitir y finalmente fue desbancado por la oposición] y siempre nos queda la herramienta de negociar con el resto de fuerzas una moción de censura. No nos temblará el pulso”, avanza el portavoz de Ciudadanos en Roquetas y diputado a Cortes Diego Clemente.

En su denuncia, la fiscalía enumera las presuntas irregularidades cometidas para beneficiar con 1,2 millones en contratos a la empresa Jarquil Verde SL de José Zapata, yerno pero también socio de Amat según ha confirmado la Guardia Civil. Amat clama por su inocencia. “Estoy sometido a una persecución política desde hace años (…) Comprendo y comparto cualquier acto de fiscalización de la oposición, pero nunca la persecución personal hacia mi familia o hacia mí”, aduce en un comunicado. En paralelo otra investigación policial destapó el entramado de 103 empresas donde figuran 53 familiares del líder popular que se beneficiaron presuntamente de licencias para construir viviendas, reparcelar terrenos o adquirir vehículos.

Para el portavoz del PSOE, Manuel García, la gestión de Amat es “puro negocio”. “Es una mezcla constante de lo público y lo privado. Cada actuación pública es una oportunidad de negocio (…) Pedimos a Ciudadanos que sea coherente y que vaya a por el cambio. Queremos que reaccione”, reclama después de recordar que esta formación votó el pasado invierno en contra de crear una comisión de investigación que determine la relación de los asuntos privados del alcalde con el Ayuntamiento.

Izquierda Unida ha exigido el “cese fulminante” de Amat y pide al PP que sea “valiente” para expulsar al alcalde. Al igual que el PSOE, IU pide a Ciudadanos que se siente a hablar con el resto de partidos, para “una moción de censura que dignifique la política de Roquetas”.

El Ayuntamiento de este municipio de 90.600 habitantes y a solo 15 kilómetros de la capital andaluza más oriental prevé acometer un plan urbanístico que buscará familias con el sueño del piso en la playa aún pendiente. Y capacidad de hipotecarse, claro. El problema añadido a las casas vacías es que este municipio ya dispone de 11.735 viviendas de segunda residencia (20%) que apenas disfrutan de sus pisos la mitad del año, según datos de 2011 y revisados en 2014 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El interés del alcalde, presidente de la Diputación y líder del PP en Almería, Gabriel Amat, es máximo. Tanto que el Ayuntamiento prevé pagar la urbanización de los terrenos por el sistema de cooperación (el Consistorio paga el alumbrado, abastecimiento, alcantarillado y viales con la esperanza de que los propietarios más adelante paguen la inversión municipal). Ello a pesar de que lo habitual en cualquier promoción de viviendas es que los dueños paguen la urbanización (sistema de compensación). Otra razón matemática dificulta la lógica de la operación: el coste de la primera fase supondría 114 millones para un Consistorio con un presupuesto anual de 94 millones. Y si el plan sale adelante, la inversión del Ayuntamiento almeriense se duplicará en sucesivas fases hasta los 204 millones, según la memoria del Plan General.

Los terrenos principales de la primera fase (más de 400.000 metros cuadrados) pertenecen a tres constructoras (Aliseda, Egido Urbana y Asentia) que suman unas deudas por préstamos hipotecarios de 108 millones, según revelan las notas simples de las fincas y ha denunciado Izquierda Unida. “Esto debería ser un tema estrictamente privado de unas mercantiles, pero el tema cobra relevancia pública (…) Las tres fincas juntas suman el 41% de los suelos de la primera fase proyectada, de ahí las prisas de Amat y el PP por urbanizar y hacer edificables estos suelos”, censura el edil Juan Pablo Yakubiuk.

Los vecinos y asociaciones afectadas disponen hasta el próximo 15 de octubre para presentar alegaciones. De momento, el Ayuntamiento pierde rigidez en su planteamiento inicial. “El Consistorio no se cierra a cambiar el sistema de urbanización porque se eligió en principio el de cooperación para proteger a los pequeños propietarios, que ahora ya no son tantos”, explica una portavoz.

Dado que el PP gobierna en minoría, Ciudadanos tiene la llave para que el proyecto urbanístico prospere. De momento, esta formación apoya el plan pero cree que tiene un exceso del 30% en su edificabilidad, una altura desmesurada y desconoce cómo prevé el Consistorio pagar la urbanización. “Estaremos atentos a las alegaciones”, afirma Diego Clemente, portavoz municipal de Ciudadanos y diputado a Cortes, que ve con buenos ojos la urbanización aunque considera que de momento está lejana la aprobación definitiva del plan.

Emilio González, portavoz de la asociación de conservación Serbal formada por biólogos y naturalistas, destaca el valor ecológico de la zona, con colonias de aves acuáticas, crustáceos y una planta vulnerable, la Altenia Orientalis, exclusiva de las salinas.

La portavoz de Ecologistas en Acción, Rocío Jiménez, resalta que la ribera, una reserva a pocos metros de la costa, está pendiente de catalogarse como zona de humedales andaluces, y que necesita una zona de protección para que las aves acudan. “Es un enclave único donde se une el yacimientos arqueológico de Turaniana, las Salinas de San Rafael y zonas habitadas por aves protegidas y saladares”, subraya. A continuación, critica los planes municipales tras reunirse con Amat. “Hay muchísima desinformación por parte del equipo de Gobierno. Se sigue apostando por el turismo de sol y playa y hoteles de muchos pisos, y la zona requiere un turismo ornitológico y de carácter más permanente, durante todo el año”, concluye.

La mayor finca de la primera fase proyectada es propiedad de la inmobiliaria Asentia, pero antaño su dueño fue el constructor Luis Portillo —representante de la explosión urbanística andaluza—, los empresarios Miguel Rifá y Francisco Javier Amat, sobrino del alcalde. Los tres formaron la sociedad Las Salinas de Roquetas SL y en 2004 vendieron la finca por nada menos que 150 millones a la inmobiliaria Colonial. Cuando esta firma cambió de manos, en 2012 demandó a su expresidente Portillo por inflar los precios en una operación que veía ruinosa y le reclamó 74 millones.

En respuesta, Las Salinas de Roquetas SL demandó a su vez a Colonial por el impago del último tramo del acuerdo de 2004, de 41 millones. En este cruce de reclamaciones y con el pleito interpuesto y antes de que la juez dictara sentencia, ambas partes acordaron renunciar a sus aspiraciones para lograr más dinero tras una operación que consideraron un mal negocio. Más tarde Colonial traspasó estos terrenos a Asentia, su dueño actual. En paralelo, hoy un juez investiga a Rifá por blanqueo, delito fiscal y alzamiento de bienes, mientras que Portillo hace tiempo que desapareció de la primera división del ladrillo.

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