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La financiación y las Diputaciones frenan el pacto del PP y Ciudadanos

La negociación encalla; Girauta advierte: “Si se quiere el sí de Ciudadanos no se nos puede someter a un trágala”

Fernando Martínez-Maillo y Andrea Levy, este miércoles, tras la reunión con Ciudadanos.

A una semana del debate de investidura, la negociación entre el PP y Ciudadanos “ha encallado”, según el partido de Albert Rivera. El coste de las medidas sociales y las reformas sobre Diputaciones, Senado y Poder Judicial bloquean las conversaciones. A última hora, Ciudadanos compareció para trasladar su “consternación” por “la falta de voluntad política” del PP, aunque admitió que no tenían intención de romper la negociación. Los populares respondieron pidiendo calma y prometiendo “posiciones intermedias”.

Tras la polémica por la limitación de los casos de corrupción que obligarían a apartar a los cargos públicos, Ciudadanos endureció este miércoles el tono en las comparecencias para dar cuenta de la negociación con el PP. Los representantes de ambos partidos, al contrario que las jornadas anteriores, dieron dos ruedas de prensa cada uno. Ciudadanos, para escenificar su “preocupación” por el rechazo popular a sus reformas institucionales sobre Diputaciones, Senado y Poder Judicial —que sin embargo, no especificó— y para exigir partidas concretas para su plan de medidas sociales. Y el PP para pedir tiempo para evaluar los costes y llamar a la “tranquilidad”.

El portavoz parlamentario del partido de Rivera, Juan Carlos Girauta, admitió que no tenían intención de romper la negociación, pero lamentó que después de haber llegado “cedidos de casa”, el PP se negara a “tocar una coma del Senado, las Diputaciones o de la reforma de la Justicia”. “Quiero llamar la atención para que no se confundan con Ciudadanos. No pueden pasarse otro día diciéndonos que no a todo”.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, miembro del equipo negociador del PP, explicó que, como cada día, habían quedado en enviarse esa noche la propuesta de “posiciones intermedias” —las de salida eran “alejadas”, admitió— sobre los asuntos debatidos durante la jornada y que en este caso incorporarían, además, su estudio sobre la “viabilidad” económica de las medidas planteadas, sobre las que había trabajado un equipo de La Moncloa. Los populares se oponen a la supresión de las Diputaciones, pero están de acuerdo en racionalizar el gasto en la Administraciones y rechazan asimismo la eliminación del Senado, aunque proponen modificarlo para que funcione como una "verdadera cámara territorial".

 Ciudadanos había planteado por la mañana este paquete social: complemento a los sueldos bajos (2.800 millones); plan contra la pobreza infantil (2.651 millones); contra el fracaso escolar (800 millones); ampliación de los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 26 semanas (800 millones); mejora de los recursos para la educación de cero a tres años (278 millones). El vicesecretario general, José Manuel Villegas, declaró que estaban dispuestos a negociar las cuantías, pero con compromisos económicos por escrito.

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, replicó: “Nosotros somos un partido serio, que cumple con Bruselas. No somos Podemos, no prometemos la luna, sino lo que podemos cumplir”. El PP recuerda que la Comisión Europea reclama 10.000 millones en recortes y que para poner cifras es necesario hablar de los Presupuestos Generales. “Si se amplían partidas hay que decir de dónde se quita”. Ciudadanos se opone a negociarlos mientras no haya Gobierno.

El PP propone equiparar los permisos de paternidad y maternidad de manera paulatina, para administrar el coste, “en dos o tres años”. En su programa llevaban una propuesta genérica para “garantizar la protección de los niños frente a desahucios”, “consolidar los programas de erradicación de pobreza infantil” y “potenciar las guarderías de empresa”.

“Si el Gobierno cree que no tiene dinero, puede eliminar las Diputaciones o reclamar a los defraudadores [de la amnistía fiscal] lo que dejaron de pagar”, dijo Villegas. El PP respondió que la “regularización” —la vicepresidenta del Gobierno la llamó "amnistía fiscal" en el Congreso— había recaudado 1.200 millones. La medida permitió a los defraudadores regularizar su dinero tributando a un tipo casi 10 veces inferior al que les hubiese correspondido.

El diputado Clavell dice que dimitirá si el PP se lo pide por la investidura

EFE, Castellón

El diputado del PP por Castellón Óscar Clavell, procesado por los delitos de prevaricación, malversación y fraude, ha asegurado este miércoles que si Ciudadanos antepone su dimisión a apoyar la investidura de Mariano Rajoy, y si se lo pide su partido, él dejará su escaño.

El diputado y exalcalde de La Vall d'Uixó ha afirmado estar "cien por cien a disposición del PP" y ha dicho que si el partido considera que es "un problema para la investidura" dimitirá "sin dudarlo", independientemente de lo contenido en los estatutos de la formación.

Clavell ha afirmado que pese a que él afirmó que dimitiría si se producía la apertura de juicio oral, él "antepone" los intereses de España a los personales y si de su dimisión depende el apoyo a un Gobierno del PP estaría dispuesto a dejar su escaño.

El diputado ha indicado que Ciudadanos ha pedido información sobre su procesamiento, algo "lógico y razonable". "Ellos quieren saber y yo quiero que se sepa", ha apostillado. Con toda la información a su disposición, ha señalado, Ciudadanos "podrá diferenciar un caso de corrupción de un caso administrativo".

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