La incautación de armas de guerra se eleva en España un 20% en cinco años

Los investigadores calculan que, en los últimos dos años, un pequeño negocio ubicado en el sótano de un edificio de la ciudad eslovaca de Partizánske ha vendido legalmente más de 3.000 armas con destino a diferentes países de la Unión Europea. Algunas de ellas fueron usadas por los terroristas que perpetraron los primeros atentados de París contra la revista Charlie Hebdo. Otras han sido encontradas y almacenadas en talleres españoles. Incluso un revólver vendido en España fue usado —con otras armas— para cometer el atentado del museo judío de Bruselas (Bélgica), en mayo de 2014. "Son muchos los negocios de ese tipo, en Eslovaquia, República Checa, Eslovenia y Bulgaria, donde se está dando salida a los viejos arsenales de la Guerra Fría, puesto que ya ningún país moderno compra esas armas", explican miembros de la lucha antiterrorista. "Y, desde allí, se está inundando Europa con piezas fabricadas en los años 60 y 70, y reactivadas".

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Según un informe reservado al que ha tenido acceso EL PAÍS, de las 2.250 armas de fuego incautadas en España en los últimos cinco años, "aproximadamente un 20% son de guerra, algo que antes no ocurría". En la veintena de operaciones desarrolladas en ese mismo periodo por la Guardia Civil, que tiene la competencia en el control de armas en España, han sido detenidas 152 personas y desmantelados al menos cuatro importantes talleres clandestinos. Allí se reactivaban fusiles de asalto y armas automáticas, "que suponen un máximo riesgo en circulación, puesto que cualquiera puede caer en manos de un lobo solitario", alertan los investigadores. La mayor parte procede del negocio eslovaco.

Pese a que España tiene una de las leyes más restrictivas del mundo en el control de armas —en 2011 se endureció aún más—, son muchos los países del entorno europeo donde las normas son más laxas y por ello se convierten en coladeros. "Basta con ponerle dos pasadores al cañón de un fusil de asalto para que se considere arma detonadora, legal en el mercado porque impide que puedan disparar proyectiles", explican los investigadores. La operación inversa se realiza después en algún taller de España, por ejemplo. "No requiere ni muchos conocimientos, ni muchas herramientas y, se cuadruplica el precio en el mercado ilegal", apuntan.

El coste en origen de un arma de guerra convertida en detonadora es de unos 500 euros, pero una vez modificada o reactivada puede llegar a valer entre 2.000 y 2.500 euros. "En una Europa sin controles aduaneros son tan fáciles de enviar por paquete postal como un lote de turrones por Navidad, pasan exactamente los mismos controles", analizan los investigadores, que constatan así el riesgo que supone la disparidad legislativa en este espinoso terreno, con estrechos vínculos con el terrorismo y en el que España lidera la lucha desde Europol.

Se desconoce el volumen de esos viejos arsenales, ya que los países han mantenido un celoso secretismo al respecto. "España también los tuvo en su día, pero los achatarró, los destruyó", apuntan los investigadores. Países del Este "están queriendo rentabilizarlos y, en lugar de destruirlos, los introducen en el mercado civil de manera "legal" de acuerdo con sus leyes. "Se trata de grandes cantidades de armamento, el correspondiente a las enormes inversiones realizadas en aquella época por su implicación y capacidad bélica, mucho mayor que la española", señalan las mismas fuentes. "Es como vender viejos tanques modificados para andar por el campo: siempre hay alguien que quiere uno, pero el vehículo no deja de ser un tanque con capacidad mortífera".

Incautaciones recientes

Las recientes incautaciones llevadas a cabo en España por la Guardia Civil ponen de manifiesto el riesgo para la seguridad que suponen esas armas en circulación. En la Operación Taronja, de abril de 2015, se desmanteló un taller clandestino en Alicante dedicado a rehabilitar las armas provenientes de Eslovaquia. Se intervinieron un centenar, entre las que había fusiles de asalto AK-47 y subfusiles VZ61, VZ25 y Rak PM63; procedían del mismo sitio de las usadas por los terroristas de los atentados de París de enero de 2015 y de las utilizadas en el atentado contra el tren Thalys que realizaba el trayecto Holanda-Francia en agosto de ese mismo año.

En la Operación Vulpes, en junio de este año, se detuvo a 15 personas —principalmente compradores, entre las que se encontraba el delegado español para Corea del Norte, el catalán Alejandro Cao de Benós— y se desarticularon tres talleres clandestinos que se dedicaban a la transformación de las armas de detonadoras para que pudieran efectuar fuego real y que posteriormente vendían a través de Internet. También en este caso habían sido adquiridas en países del Este y enviadas mediante paquetes postales a España. En los últimos dos años esa red había logrado introducir en España más de 250 armas, de las que 123 fueron intervenidas. 

La operación más voluminosa, más de 800 armas de guerra de última generación, se llevó a cabo en un contenedor del puerto de Algeciras el pasado 4 de agosto. Se trata de una incautación insólita, valorada en más de un millón de euros. Las armas procedían "inopinadamente" de Ghana y, supuestamente, tenían como destino Estados Unidos. Sin embargo, "lo habitual es que esa clase de armas lleve el sentido inverso". La investigación sigue abierta. "No se desestima ninguna hipótesis; puede que fuese una transacción para evadir impuestos o puede que fuese un desvío, cuyos intereses desconocemos aún", aseguran los agentes responsables de la operación. 

Por último, el pasado 10 de agosto, se desarrollaba en Sevilla la segunda fase de la Operación Taronja, con la que se desmantelaba otro taller clandestino que rehabilitaba armas de guerra procedentes de Eslovaquia. Los guardias se incautaron de 50 armas, entre las que había fusiles de asalto y subfusiles.