Parte de la ejecutiva del PP que votará el plan de Rivera está salpicada por corrupción

El comité ejecutivo nacional del PP que debe validar las seis condiciones de Ciudadanos para dar el ‘sí’ a la investidura de Mariano Rajoy está formado por 93 miembros. Entre ellos, hay cargos imputados o al filo de la imputación que decidirán sobre la propuesta de Albert Rivera de separar “inmediatamente” a cualquier cargo público imputado por corrupción política.

Dos investigados (el término que sustituye a imputados) y miembros de ese organismo son el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y la exconsejera de Educación en esa comunidad, Lucía Figar. Salpicada por otro caso está la senadora Rita Barberá, a la que apunta la Fiscalía en la operación Taula y para la que el juez de Valencia pidió la imputación por blanqueo. "No tengo ninguna noticia oficial de ningún acuerdo y no tengo nada que comentar", ha dicho Rita Barberá al final de la reunión entre los líderes de PP y Ciudadanos, informa Ignacio Zafra.

Respecto a Ignacio González, una juez de Estepona investiga cómo adquirió el ático de lujo que tiene en este municipio de la Costa del Sol junto a su esposa, Lourdes Cavero, también citada como investigada. En este caso, se investigan presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho.

La situación de la exconsejera Figar está relacionada con la trama Púnica, que investiga el supuesto cobro de mordidas por la concesión de contratos públicos por valor de al menos 250 millones de euros desde el año 2012 hasta la actualidad.

Otro de los miembros convocados el próximo día 17 dentro para el comité ejecutivo nacional es el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, salpicado por la publicación de las grabaciones de una conversación con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en las que ambos conspiraban supuestamente para buscar acusaciones contra dirigentes de los partidos independentistas.

También forma parte de ese organismo la exministra de Sanidad, Ana Mato, pendiente del juicio como responsable a título lucrativo de la trama Gürtel de los delitos supuestamente cometidos pro su exmarido, el ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. Y el comisario europeo Miguel Arias Cañete, a quien Bruselas pidió explicaciones por su presunta vinculación con el caso Acuamed, una trama que cobraba dádivas a cambio de beneficiar a empresas constructoras.

Otro de los miembros que deberá validar la lista de condiciones de Rivera es el exdiputado Vicente Martínez Pujalte, denunciado por la Fiscalía por los delitos de falsedad y cohecho, presuntamente cometidos mientras era parlamentario por los presuntos pagos que recibía de una constructora que contrataba con la Administración pública.

El expresidente regional de Murcia y actual eurodiputado Ramón Luis Valcárcel, que también forma parte de la ejecutiva nacional, ha sido señalado recientemente por una juez por el posible cobro de dádivas a través de familiares en el caso Novo Carthago de supuesta corrupción urbanística en la recalificación de terrenos cercanos al Mar Menor.

El exministro de Sanidad y actual candidato a la presidencia del Gobierno vasco por el PP, Alfonso Alonso, está condenado por un caso de irregularidades. La instructora del Tribunal de Cuentas le impuso en 2015 a él y a la corporación que le acompañaba en la alcaldía de Vitoria una fianza de medio millón de euros que debía pagar de forma solidaria (unos 50.000 euros) por el contrato de alquiler de unas oficinas que firmó el Ayuntamiento del PPcon un conocido empresario, por 20 años y triplicando el precio de compra del local. En sus mismas circunstancias se encuentra Javier Maroto, vicesecretario nacional del PP y también miembro de la ejecutiva, condenado junto a él por el Tribunal de Cuentas de España por este caso.

El exconsejero de Economía de la Generalitat valenciana, Gerardo Camps, que ahora es diputado nacional, también tiene sobre sí la sombra de la sospecha. Cuando ejercía como consejero, entre 2007 y 2011, gastó 511.000 euros en restaurantes, según han revelado recientemente el PSOE en el gobierno valenciano. Dos testigos del caso Nóos lo han vinculado con la contratación de la trama.

José María Aznar es el presidente de honor del órgano, presidido por Mariano Rajoy. Otros miembros son la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal y los cinco vicesecretarios generales: Javier Arenas, Fernando Martínez- Maíllo, Javier Maroto, Pablo Casado y Andrea Levy. Los portavoces parlamentarios se añaden a esta lista: Rafael Hernando (Congreso), José Manuel Barreiro (Senado) y Esteban González Pons. Y también los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García- Escudero. 

Presidentes regionales como Cristina Cifuentes (Madrid), Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Juan Vicente Herrera (Castilla y León) forman parte del comité, igual que ministros como José Manuel Margallo (Asuntos Exteriores), Cristóbal Montoro (Hacienda) y Fátima Báñez (Empleo).