Una nueva investigación judicial atañe al exalcalde de Granada tras su detención en abril
La fiscalía denuncia a José Torres Hurtado (PP) por malversación y tráfico de influencias
El exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) afronta una segunda investigación judicial después de que la fiscalía le haya denunciado de nuevo tras su detención la pasada primavera en la Operación Nazarí, que provocó el cambio en la alcaldía, ahora en manos del PSOE. Esta semana el Juzgado de Instrucción 9 de la ciudad andaluza ha abierto otra investigación contra Torres Hurtado y su mano derecha, la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto. El pasado abril, Torres Hurtado —anterior delegado del Gobierno en Andalucía— abandonó tras 12 años la alcaldía, a la que el Partido Popular le había aupado en 2003.
La Fiscalía de Granada ha denunciado en un decreto, después de un primer escrito del PSOE el pasado diciembre, ante el juez a siete miembros del anterior equipo de gobierno granadino y técnicos municipales por malversación, prevaricación y tráfico de influencias. El magistrado investiga la adjudicación de la Casa Agreda, un inmueble del barrio del Albaicín del siglo XVI sobre el que el Ayuntamiento firmó un contrato con la Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE) para su uso y posible compra.
El Juzgado de Instrucción 9 de Granada ha abierto este nuevo sumario, avanzado hoy por el diario Ideal, tras la investigación previa de la Fiscalía de Granada. El juez instructor decidirá la próxima semana si ordena que se acometan las diligencias solicitadas por el ministerio público.
La operación para adjudicar la Casa Agreda a AIDE, una ONG de Marruecos, se aprobó en la junta de gobierno local del 12 de septiembre de 2014, en la que el entonces gobierno del PP certificó la operación, que se consideró una venta "en diferido" porque se pagaba el uso del terreno y se ofrecía la posibilidad de comprar el inmueble una década después.
En esta nueva causa podrían estar además implicados otros investigados por la presunta trama de corrupción que forzó la dimisión de Torres Hurtado y facilitó la investidura de Francisco Cuenca (PSOE) como nuevo alcalde de Granada. Entre ellos, la fiscalía implica a la ex teniente de alcalde Isabel Nieto, la ex interventora adjunta,el redactor del pliego de prescripciones técnicas Manuel lorente-Sánchez, el redactor del pliego de cláusulas Agustín M. Belda y los técnicos Gaspar Navarro y Carlos Aguirre. Tras su nombramiento, Cuenca anuló el contrato con AIDE al considerar que la operación podría dañar al patrimonio de la ciudad y después de haber mostrado su oposición al acuerdo cuando estaba en la oposición.
La ONG se había comprometido a costear las obras de rehabilitación del edificio y el contrato que anuló después el nuevo equipo de Gobierno incluía el pago de 260.000 euros por el derecho de uso del inmueble durante 40 años.
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