Empieza el derribo de 214 viviendas ilegales en el litoral cántabro

La mirada y los bolsillos de toda Cantabria están puestos este viernes en el Alto del Cuco, una montaña del extenso municipio de Piélagos donde en 2004, en plena fiebre inmobiliaria, se cometió una de las mayores tropelías urbanísticas del entorno. En este paraje natural se edificaron entonces 214 viviendas con unas excelentes vistas a la costa quebrada y las dunas de Liencres que la justicia declaró ilegales porque desvirtuaban gravemente un entorno de alto valor paisajístico. Las máquinas han comenzado esta mañana a demoler las casas, el primer paso para devolver a la montaña su aspecto original. “Es un hecho histórico y una referencia contra los desórdenes urbanísticos”, afirman los ecologistas. Un convenio entre el Ayuntamiento de la localidad y el Gobierno autonómico establece el pago de 3,7 millones de euros para echar abajo las viviendas y después restaurar la ladera. Se calcula que en España hay 600.000 viviendas con sentencias de derribo pendientes de ejecución.

La urbanización del Alto del Cuco se construyó a costa de comerse literalmente media montaña. El Ayuntamiento de Piélagos concedió licencias que permitían levantar 395 pisos, apartamentos y chalés de los que la promotora Fadesa (ahora en quiebra) culminó 214, aunque nunca fueron habitadas. El paso del tiempo las ha dejado en un estado ruinoso que duele a la vista. La montaña sufrió una dentellada de 600.000 metros cúbicos de tierra para dar acomodo al complejo residencial. “Fue una decisión irresponsable del Ayuntamiento”, sostiene Verónica Samperio, alcaldesa de Piélagos. Recuerda que el plan parcial urbanístico se aprobó con “un informe desfavorable de la Comisión de Ordenación Territorial Urbanística (Crotu) de Cantabria” y el Ayuntamiento que gobernaba el PP con mayoría absoluta “hizo caso omiso a tres requerimientos del Gobierno cántabro para paralizar las obras. Los tribunales declararon al Ayuntamiento único responsable”.

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“El caso del Cuco es un ejemplo del terrible problema que tenemos en Cantabria con las viviendas afectadas por sentencias judiciales de derribo. Es una herencia envenenada que nos ha dejado el PP”, asegura Eva Díaz Tezanos (PSOE), vicepresidenta regional y consejera de Medio Ambiente. “Todas las sentencias”, añade, “tienen su origen en decisiones adoptadas desde los años 90 por alcaldes del PP y están teniendo consecuencias económicas muy gravosas que vamos a pagar todos los cántabros. Esto nos va a salir muy caro”.

Los jueces estimaron los recursos presentados por la asociación ecologista ARCA y por el Gobierno de Cantabria, anularon el planeamiento de la zona y ordenaron el derribo de todo lo construido porque en el Alto del Cuco se había perpetrado “la ruptura de la armonía del paisaje, en un entorno natural rural precisado de protección sobre el que las actuaciones urbanísticas precedentes no han hecho sino contribuir a su progresiva degradación”. El Supremo confirmó en 2012 las sentencias condenatorias y ratificó la orden de demolición de las 214 viviendas.

Se han tardado cuatro años en cumplir el mandato del alto tribunal. “El Ayuntamiento no tenía capacidad económica para hacer frente a esa sentencia y tuvimos que pedir ayuda al Gobierno”, explica Samperio, que resultó elegida regidora en junio de 2015 por sorpresa. Su partido, el PSOE, con tres representantes y cuarta fuerza más votada, recibió el apoyo del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), los independientes de AVIP e IU, lo que permitió arrebatar la alcaldía al PP. Samperio negoció con el bipartido PRC-PSOE que gobierna Cantabria el convenio para demoler el Cuco.

Se gastará un millón de euros en derruir los edificios y 2,7 millones en “dejar la ladera lo más acondicionada posible”, dice la alcaldesa. El Ejecutivo de Revilla adelanta el dinero y el municipio se compromete a devolverlo en 10 años con un interés del 1% anual desde 2017. “Es un descalabro económico para nosotros”, reconoce Samperio —el Consistorio maneja un presupuesto de 17 millones—, cuyo único consuelo es que en esta zona no hay familias afectadas porque los pisos no llegaron a habitarse nunca.

“Acaba un mito”, celebra Carlos García, portavoz de ARCA, satisfecho tras constatar que “por fin se pone de manifiesto que lo que se construye contra Derecho, se tira”. Operarios de la empresa Tragsa, que tiene la encomienda del Gobierno autonómico para ejecutar las obras de demolición, han empleado este viernes máquinas con martillos hidráulicos que transformarán los edificios ilegales en escombro. Piélagos es un ejemplo de los Ayuntamientos de la región que, critican los ecologistas, “han actuado sin control en toda la franja costera, han eliminado terrenos fértiles en chalés y, de paso, ha permitido financiar partidos políticos y particulares”, denuncia Carlos García.

Lo que los ecologistas denominan la “mediterranización de Cantabria”, la escalada urbanística despiadada en suelo sensible, no termina en Piélagos. La comunidad autónoma es pródiga en viviendas ilegales. El Gobierno cántabro asegura que 511 viviendas están afectadas por sentencias de derribo en Argoños, Arnuero, Liencres, Miengo y Escalante. La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) eleva esta cifra a 621 viviendas.

Uno de los afectados por la amenaza de derribo de su casa es Ciriaco García, quien en 1997 compró una vivienda en Argoños y cuatro años después se enteró “por los periódicos” que los jueces ordenaron derruirla. Desde entonces vive con la preocupación de marcharse de casa porque llegan las máquinas. “Compré la casa para disfrutarla con los hijos, pero ahora la estoy sufriendo con los nietos”, afirma este miembro de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Esta organización asegura que en España hay 600.000 viviendas que los tribunales han ordenado derruir por ser ilegales.

En Piélagos, además de los derribos del Cuco, hay otras 80 viviendas sobre las que pesan sentencias judiciales de derribo. Y esta es la gran preocupación de la alcaldesa: “Mal o bien, el Cuco se acaba. Me fastidia que el presupuesto estará hipotecado durante 10 años por esta cuestión, pero lo que me preocupa son las familias de Liencres”, donde están ubicadas las citadas 80 viviendas. “Hay personas que llevan 15 años con una losa encima y es muy duro escuchar sus testimonios. Algunas personas sufren depresión, hay familias separadas, algún episodio de suicidio... No saber si la casa la van a tirar es un castigo que las familias no se merecen. Les tenemos que dar una solución legal porque es inhumano. Además, los jueces están cansados de que nos riamos de ellos”, afirma Samperio.

Ciriaco García sostiene que compró su casa en Argoños “de buena fe” y reivindicar que no se puede decretar un derribo de un hogar “sin garantizar el patrimonio” a los propietarios que, como él, “somos ajenos a la problemática urbanística” en el momento de la adquisición. Argoños es uno de los municipios más pequeños de Cantabria y un tercio de sus viviendas están afectadas por sentencias de derribo (255 en total, según la AMA). “Nosotros no somos culpables de nada. Queremos que se legalicen las viviendas que permitan los nuevos planes urbanísticos. Y en los casos de derribo, que se indemnice a los propietarios”, reclama.

El Gobierno de Cantabria ha acordado un protocolo con las familias involucradas en esta problemática para que soliciten una reparación económica por daños morales. “Desde la llegada del PRC y el PSOE al Gobierno en 2015”, sostiene Francisco González Buendía, director general de Urbanismo en Cantabria, “ya se han pagado 1,5 millones por daños morales, cuando entre 2008 y 2015 solo se abonó un millón por este concepto”. “Es, al menos, la forma que hemos adoptado para quitarles esa parte de sufrimiento que supone a las familias reclamar las indemnizaciones ante los tribunales”, añade Díaz Tezanos. Además, cita que su Ejecutivo ha hecho frente a las responsabilidades patrimoniales de las familias que han entregado su vivienda y ha dado impulso a la revisión de planes urbanísticos que podrían incurrir en alguna irregularidad.

La alcaldesa de Piélagos garantiza que, mientras siga en el cargo, será “lo más restrictiva posible” en materia urbanística para que “estos dramas humanos no vuelvan a repetirse”. “Es muy doloroso tener que decir a 80 familias que se tiene que ir de su casa”, agrega la regidora, quien confía en que las modificaciones del plan general permitan “salvar por lo menos 63 de las 80 viviendas” de Liencres que están marcadas con la equis de la demolición.