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Instituciones Penitenciarias investiga supuestas agresiones a presos en Sevilla

La actuación se inicia tras una inspección del Defensor del Pueblo a la prisión de Morón

Patio interior de la cárcel de Sevilla II, en Morón. Ampliar foto
Patio interior de la cárcel de Sevilla II, en Morón.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias investiga posibles agresiones de funcionarios a internos de la cárcel de Sevilla II, en la localidad de Morón de la Frontera. El organismo, dependiente del Ministerio del Interior, inició esta actuación tras la petición realizada por el Defensor del Pueblo, quien detectó estos supuestos casos durante una visita a la prisión sevillana en 2015. Según el informe Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 2015, que elabora el departamento de Soledad Becerril, en dicha inspección se encontraron partes de lesiones en los que los presos alegaban haber sido agredidos por los trabajadores.

En el examen de la documentación encontrada, el Defensor del Pueblo detalla que, pese a las denuncias formuladas por los internos, no consta que la institución penitenciaria realizara actuaciones "para contrastar la veracidad de dichas alegaciones", lo que "fue confirmado por la dirección del centro, que se limita a remitir los partes de lesiones a la autoridad judicial". Asimismo, y como ocurrió en la visita a la prisión catalana de Brians I, los inspectores entrevistaron "reservadamente" a varios internos que aseguraban haber recibido malos tratos mientras se le aplicaban medios coercitivos.

Ante esta situación, la Oficina del Defensor del Pueblo pidió a Instituciones Penitenciarias que realizara una investigación con profundidad sobre la prisión sevillana, sugerencia que, según el informe de 2015, "ya ha sido aceptada". De igual modo, el organismo de Becerril propuso que se planificasen acciones integrales en esta prisión con el objetivo de disminuir "los incidentes y la conflictividad existente" y de que se potenciasen los cursos al personal sobre resolución pacífica de conflictos e intervención en crisis y técnicas verbales y no verbales para abortar "episodios incipientes de agresividad sin tener que adoptar medios coercitivos".

La defensora del Pueblo también denuncia que los responsables de la cárcel de Morón "no han elaborado ni puesto en práctica ningún programa especial ni medidas concretas para disminuir el número de autolesiones", sino que "se consideraban llamadas de atención o manipulaciones, se atribuían al carácter psicopático, antisocial o manipulativo de los reclusos y se les aplicaban medidas regimentales". En este sentido, Becerril sugiere a la dirección del centro que revise el tratamiento que da a las autolesiones, "de forma que el enfoque sea más respetuoso con los derechos de los internos".

En la memoria, la defensora del Pueblo señala que estos casos, "en ocasiones", tienen lugar "como expresiones de angustia incoercible que no reciben un adecuado tratamiento médico o psiquiátrico y, en otros casos, se trata de una forma de expresar demandas a la institución relacionadas con derechos (atención en salud, visitas y contactos con familiares, cambios de módulo o de compañeros de celda)". Frente a ello, considera que, en el caso de las autolesiones que se realizan como forma de expresar demandas a la administración penitenciaria, "es necesario buscar vías para que estas puedan producirse por canales normales y obtengan respuestas razonables a las demandas que así lo sean y respuestas justificadas a las que no". Asimismo, añade que se podrían realizar programas psicológicos especiales y específicos para el manejo de la angustia y la impulsividad y el fomento de conductas alternativas y disponer de, al menos, una o dos habitaciones de aislamiento libres de riesgo de autolesión.

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